Erdogán pone a Turquía al borde de la ruptura diplomática con la Unión Europea

No es la primera vez, ni mucho menos, que Ankara llega a un duro enfrentamiento con la Unión Europea pero sí la situación en la que ha ido más lejos, colocándose al borde de la ruptura diplomática con uno de sus miembros. De hecho, Holanda ha tenido que cerrar preventivamente sus legaciones diplomáticas y el Consulado General de Estambul, con un nivel semejante al de una embajada, ha visto cómo en el transcurso de una manifestación antieuropea la bandera holandesa era arriada y reemplazada por la turca.

El desencadenante de esta grave tensión ha sido la prohibición a dos ministros turcos –Mevlet Cavusoglu (Exteriores) y Fátima Sayan Kaya (Familia)- para intervenir en sendos mítines a favor de la reforma constitucional presidencialista que debe refrendar el pueblo turco el 16 de abril y que dará enormes poderes al presidente islamista Tayip Erdogán.

Como ha reiterado en varias ocasiones el primer ministro holandés, el liberal Mark Rotte, estos mítines públicos iban a interferir en la actual campaña electoral holandesa –Holanda va a las elecciones este miércoles, 15 de marzo-, reforzando las expectativas electorales de la extrema derecha xenófoba, antieuropeísta y antimusulmana de Geert Wilders.

El Gobierno holandés propuso un cambio de formato de esos actos pero tanto Cavusoglu como Sayan insistieron en acudir a Rotterdam, en este último caso viajando en coche desde Alemania pese a las advertencias en sentido contrario, por lo que la ministra de Familia fue interceptada por la Policía holandesa y obligada a regresar a Alemania.

La respuesta de Ankara ha sido acusar a Mark Rutte, principal contrincante de Wilders en la cita electoral de este miércoles, de comportarse como un fascista, exacerbando así dentro de Turquía los crecientes sentimientos antieuropeos y antioccidentales, aparte de amenazar a Holanda con sanciones que le harán “pagar muy caro” el trato dado a sus ministros.

Rutte ha pedido rebajar la tensión –también lo ha hecho el Gobierno británico y el Consejo de Europa-, pero ha declarado que, si hay sanciones, habrá respuesta de Holanda y, por lo tanto, del resto de la Unión Europea. Por su parte, el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, ha decidido aplazar, en solidaridad con Holanda, el viaje oficial de su homólogo turco, Binali Yildirim, previsto para esta misma semana.

El verdadero problema es que llueve sobre mojado y no solo porque se hayan suspendido en varios países europeos y por el mismo motivo mítines semejantes –ha ocurrido en Austria, en Alemania, donde había previsto una treintena de actos públicos, y Suecia-, sino porque la deriva autoritaria de Erdogán, su estrategia en la guerra de Siria, la crisis de los refugiados y la grave situación de los derechos humanos dentro de ese país no ha hecho más que provocar serios desencuentros entre las dos partes.

Hace un año esta tensión diplomática se centró en Bélgica, a cuyo Gobierno Erdogán acusó de apoyar al terrorismo por permitir una protesta en la calle de simpatizantes del PKK y lo mismo hizo el verano pasado con Austria, llegando en este caso a retirar temporalmente al embajador turco en Viena.

Previamente, miembros del Gobierno austriaco habían denunciado la escalada represiva dentro de Turquía tras la intentona golpista de julio y una ley que permitía los matrimonios con niñas menores de 15 años. Austria pidió, por estos motivos, suspender indefinidamente las negociaciones para una hipotética adhesión turca a la Unión Europea.

Pero, para entonces, ya se habían producido otros encontronazos diplomáticos con Francia y Alemania por reconocer el Genocidio Armenio, un acontecimiento histórico que todavía se sigue negando oficialmente en Turquía, y más recientemente por la utilización de los refugiados como arma política contra Europa. Ankara también ha acusado y sigue acusando abiertamente a estos dos países y a otros miembros de la Unión Europea de apoyar el terrorismo por ayudar al Partido de la Unión Democrática (PYD), la principal organización kurda de Siria, en su lucha contra el Estado Islámico, ya que para Ankara el PYD es la “rama siria” del PKK.

Igualmente ha influido a tensar las relaciones las últimas y drásticas medidas contra los medios de comunicación críticos con Erdogán, cerrando o interviniendo gubernativamente decenas de televisiones, radios y periódicos con la misma excusa de que están apoyando al terrorismo y amparándose en el estado de emergencia impuesto tras el golpe de Estado. El último informe de Reporteros Sin Fronteras cita un centenar de periodistas encarcelados sin juicio, 150 medios de comunicación cerrados y 775 autorizaciones para ejercer el periodismo retiradas, hábiéndose puesto en marcha varias iniciativas exigiendo la libertad de los periodistas encarcelados.

Este mismo mes de febrero, ha sido detenido y enviado a prisión Deniz Yucel, corresponsal del periódico alemán Die Welt, con doble nacionalidad turco-germana, bajo la socorrida acusación de “propaganda terrorista” y, en este caso, además, de trabajar para los servicios secretos alemanes.

Se da la circunstancia de que Deniz Yucel hace un año puso en un serio aprieto al entonces primer ministro, Ahmet Davutoglu, al preguntarle en una conferencia de prensa y ante decenas de periodistas extranjeros si se podía considerar a Turquía un país con libertad teniendo en cuenta las gravísimas violaciones de los derechos humanos en la lucha contra el PKK. La respuesta de quien también ha sido ministro de Exteriores fue que si en Turquía no hubiera libertad él no podría haber hecho esa pregunta. Un año después, aquel atrevido periodista se encuentra tras las rejas de una prisión turca.

Turquía acaba de rechazar el informe oficial difundido esta misma semana por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según el cual al menos 1.200 personas habrían muerto solo entre julio de 2015 y diciembre de 2016 debido a la actuación de las fuerzas de seguridad y del Ejército en la lucha contra el PKK.

De acuerdo con este informe, una parte significativa de estas muertes correspondería a civiles que no participaban en los combates entre el Ejército y el PKK. También constata ese informe la existencia de ejecuciones sumarias, desapariciones, torturas, el desplazamiento de medio millón de personas y la destrucción de barrios enteros en varias ciudades, colocando como ejemplo la de Nusaybin, donde han quedado destruidos o seriamente dañados 1.786 inmuebles.

Por su parte, la Corte Europea de los Derechos Humanos ha registrado durante el año 2016 más de 8.000 denuncias relacionadas con Turquía, una cifra que cuatriplica las presentadas el año anterior.

De acuerdo con distintas fuentes, no dejan de aumentar los jóvenes y profesionales, sobre todo pertenecientes a familias con recursos económicos, que se marchan de una Turquía cada vez más próxima a un régimen dictatorial que ahora quiere llevar la campaña para legalizar esta situación a las distintas comunidades turcas de Europa, cuyo voto será clave para refrendar, dentro de un mes, la reforma constitucional.