Lorena Ruiz-Huerta, sobre la demanda de Greenpeace: “El Gobierno no cumple su obligación de proteger el medioambiente”

El ecologismo es una lucha de largo recorrido, pero sus demandas no han sido ni están siendo abordadas con la contundencia necesaria. Según pasa el tiempo, queda menos margen para actuar contra el cambio climático. En esta carrera contrarreloj, los movimientos sociales y las organizaciones buscan nuevas formas de lucha. Greenpeace España fichó hace justo dos años a la abogada y exportavoz de Podemos de la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, para su nueva área jurídica, cuyo fin es utilizar los litigios estratégicos como una herramienta para obligar a sus gobernantes a actuar. La ONG, junto a Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción, ha iniciado un litigio contra el Gobierno de España por su "inacción ante el cambio climático" que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite. En cuartopoder hablamos con ella sobre el contenido y el motivo de esta demanda, además su recorrido y la estrategia internacional en la que se enmarca. Se cumplen además cinco años del Acuerdo de París.

 -¿Por qué Greenpeace junto a otras organizaciones decide demandar ahora al Gobierno por inacción contra el cambio climático?

- Greenpeace lleva muchos años trabajando en la lucha contra el cambio climático, sobre todo desde el activismo. Poco a poco se ha evolucionado y ha visto la herramienta del derecho como una herramienta de lucha más. Greenpeace España ya venía trabajando con otras personas sobre esta posibilidad cuando fue la moción de censura. Se decidió dar una oportunidad al nuevo Gobierno porque venía con un programa y muchas promesas de lucha contra el cambio climático. Prometieron una ley, un ministerio específico, el estado de emergencia climática... Son cosas que han sucedido pero, para decepción de Greenpeace, los objetivos contra el cambio climático del Gobierno siguen siendo completamente insuficientes.

No se trata de una acción en solitario. Nosotros estamos al tanto de lo que hace Greenpeace a nivel internacional y otras organizaciones defensoras del medio ambiente. Desde hace 10 años aproximadamente hay toda una corriente de interposición de demandas contra los Gobiernos por inacción ante el cambio climático. En este momento hay 153 demandas activas contra los Gobiernos de diferentes países de todo el mundo.

- Está el ejemplo de la demanda contra el Gobierno de Holanda por inacción contra el cambio climático, ¿por qué es un referente?

- Es un precedente muy importante. Su procedimiento ha sido absolutamente exitoso porque han ido ganando en todas las instancias judiciales hasta que han llegado al Tribunal Supremo, que les ha dado la razón con carácter definitivo. El Supremo dijo que efectivamente las políticas climáticas del Gobierno de Holanda no estaban alineadas con el Acuerdo de París, que ahora mismo es el convenio marco internacional para las políticas internacionales y nacionales en materia de cambio climático. También concluyó que se estaban violando los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras. En toda Europa estamos replicando este modelo de demanda, este tipo de argumentos jurídicos que han tenido éxito y que se basan en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo).

- Este Gobierno de coalición, como has señalado antes, llegó al poder con el objetivo de realizar una transición ecológica y frenar el cambio climático. ¿Por qué no está siendo suficiente?

- En el Acuerdo de París, que es el tratado que ahora está vigente, los países se comprometieron a seguir la mejor ciencia disponible. El consenso científico lo determina el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y sus conclusiones son las asumidas por toda la comunidad internacional. Este panel de expertos dijo que nos podemos permitir que el planeta se caliente más de 1,5º porque, si superamos este número, el clima va a tener una serie de comportamientos a los que va a ser muy difícil adaptarse. Para cumplir el objetivo del 1,5º hay que reducir las emisiones globales un 7,6% en la próxima década, es decir, de aquí a 2030. Un 7,6% significa que España tendría que reducir un 55% las emisiones de aquí a 2030. La UE, como ente también firmante de este acuerdo, dictó una serie de reglamentos y de normativas a los países de la UE sobre cómo tenían que hacer este recorrido para reducir las emisiones.

Se hizo un reglamento que obligaba a todos los países de la UE a que en diciembre de 2019 tuvieran terminados dos instrumentos jurídicos muy importantes: el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), un instrumento en el que se marcaba los objetivos de reducción de emisiones para la próxima década, y la Estrategia a largo plazo para descarbonizar la economía de aquí a 2050. Estos dos instrumentos tenían que aprobarlos todos los gobiernos y en enero de este año el Gobierno de España no tenia aprobados ninguno de los dos. Acaba de aprobar la Estrategia a largo plazo, pero el PNIEC no esta aprobado. Ese es el motivo concreto por el que nosotros hemos demandado al Gobierno. Aprovechando esa circunstancia, les hemos demandado también porque en el borrador, que sí está hecho y está circulando, el Gobierno planea reducir de aquí a 2030 un 23% (de las emisiones). Esta cifra está muy lejos del 55% mínimo que señala la comunidad científica como necesario para mantenerse en la vía de no superar el 1,5º de temperatura. No han aprobado ninguno de los dos instrumentos y, para cuando lo aprueben, la ambición es completamente insuficiente. Un 23% es muy poco.

- ¿En qué fase está el proceso legal y qué se puede conseguir?

- Nosotros llevamos ya casi un año de recorrido. Al Gobierno solo se le puede demandar por motivos concretos. Primero agotamos la vía administrativa. Una vez que mandamos una carta al Gobierno sobre su obligación de la aprobación de estos instrumentos, el Gobierno tenía tres meses para cumplir o responder. Se nos alargó un poco este periodo porque vino el estado de alarma. El Gobierno ni respondió ni aprobó el PNIEC, así que se nos abrió la puerta para poder demandarle. El órgano competente es el Tribunal Supremo. Iniciamos un procedimiento contencioso-administrativo normal. El recurso, que pusimos en septiembre, es un escrito en el que solicitamos al Tribunal que queremos iniciar este procedimiento judicial y en el que le comentamos de manera somera qué motivos tenemos para demandar al gobierno. El motivo es que el Gobierno no está siendo diligente, no cumple su obligación de proteger el medioambiente, que es el único hábitat que tenemos los seres humanos para tener una vida digna. Con esto se violan los derechos humanos a la vida y a la salud de las personas. El tribunal ha admitido a trámite este esquema. Significa que formalmente los motivos son correctos y nos ha emplazado para que presentemos la demanda. Nos dio de plazo un mes que finaliza el próximo 15 de diciembre. Ahora estamos preparando la demanda con toda la batería de argumentos jurídicos y pruebas que queremos que se tengan en cuenta, con documentos y con informes periciales que hemos encargado a una serie de personas expertas y científicas, para que acrediten los efectos del cambio climático de España, que es uno de los países más vulnerables.

- ¿Qué consecuencias podría tener que ganarais esta demanda?

- Si ganáramos, el tribunal reconocería que el Gobierno no ha aprobado el PNIEC -la Estrategia a largo plazo sí se ha aprobado-con el contenido o el nivel de ambición que nosotros le demandamos, que es una reducción de las emisiones del 55% para 2030 en lugar del 23%. Hay un tema que está en el debate de todos los litigios que es el de la separación de poderes. Los Gobiernos normalmente se defienden en estos litigios diciendo que esto es una cuestión puramente política. Los tribunales están contestando que es cierto que los tribunales no pueden meterse en cuestiones políticas, pero que cuando estas políticas violan los derechos humanos, la obligación de los jueces es protegerlos. Si el Gobierno no protege el medioambiente de manera adecuada, viola los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, a las que va a dejar completamente hipotecadas, que se van a encontrar un mundo inestable, con pérdidas económicas tremendas y van a pagar 'el pato' de 200 años de desarrollo enloquecido. Los tribunales están diciendo: nuestra obligación sí es proteger esos derechos y podemos obligar a los gobiernos a actuar. Ahora el “cómo” no se lo van a decir.

- ¿Por qué España es especialmente vulnerable al cambio climático?

- La UE tiene un organismo científico específico propio que es la Agencia Europea del Medioambiente. Esta agencia, en un último informe, dice que España por su ubicación geográfica muy al sur es uno de los países más vulnerables al cambio climático y puede sufrir los impactos más rápidamente. En el futuro inmediato podemos tener problemas como la desertificación de prácticamente el 80% de nuestro país, un problema de sequía tremenda y cambio de los patrones de lluvia, una subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares pirenaicos que ya han desaparecido la mayoría de ellos. Nuestros ríos ya sufren estrés hídrico. Tenemos problemas como el mosquito tigre, que de pronto se instala aquí porque tenemos una nueva temperatura. Le hemos encargado a un experto que nos haga un informe sobre los impactos específicos del cambio climático: los que ya se están apreciando y los que van a ocurrir en el futuro próximo si esto no se frena de manera drástica.

- Este 12 de diciembre se celebra el quinto aniversario del Acuerdo de París. ¿Qué balance se puede hacer cinco años después de este acuerdo internacional para frenar el cambio climático?

- Es llamativa la diferencia entre las fotos de hemeroteca y la realidad. Los políticos aparecen firmando el Acuerdo de París, yendo a las Cortes a hacer declaraciones muy grandilocuentes, y la realidad es que ninguno de esos Gobiernos lo cumple después. Está siendo completamente decepcionante el comportamiento de todos los gobiernos a nivel internacional en materia de lucha contra el cambio climático. Todos ellos hacen políticas insuficientes y por eso prácticamente todos ellos están enfrentando demandas por parte de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales. Hay un problema de inmadurez política tremenda: no existe todavía esa generación de políticos y políticas capaces de hacer frente al capitalismo, que es lo que hay que combatir ni más ni menos. Hay unos intereses capitalistas muy evidentes de las grandes multinacionales para seguir en esta carrera por lucrarse cada vez más y seguir depredando recursos naturales. La clase política debe poner un freno contundente a eso. No veo a nadie de la clase política en Europa que esté preparado para un cambio en el modelo productivo y de vida absolutamente drástico. Estamos viendo a una ministra que se muestra indignada porque les demandemos a ellos, pero que acaba de aprobar el Plan Renove para salvara la industria del automóvil. Estamos hablando de que en 2028 habría que dejar de fabricar y vender y prohibir que se utilicen los coches de combustión fósil. En las negociaciones de los presupuestos se ha aceptado la enmienda del PNV de suprimir el impuesto al diésel. No se lo toman enserio. Estoy convencida de que la ministra es ecologista y que tiene un lobby enfrente contra el que no puede. Al Ministerio de Transición Ecológica le viene bien un lobby que empuje por otro lado, para que no les devore el capitalismo.