El vicepresidente español del Parlamento Europeo, investigado por una reclasificación de terrenos protegidos

Ramón Luis Valcárcel, el flamante y único vicepresidente español de los 14 del Parlamento Europeo, tiene un problema en su casa murciana derivado de una reclasificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor que está siendo investigada por un magistrado del TSJ regional, Manuel Abadía, que la califica en su último auto de "tropelía jurídica cometida saltándose las leyes Estatal y Autonómica 4/1989 y 4/1992, la Ley del Suelo Estatal y Autonómica al ser suelos no urbanizables de protección especial", como denunció la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE). El instructor del asunto por delitos relacionados con la corrupción urbanística ya tiene imputados a tres consejeros nombrados por Valcárcel durante sus 19 años al frente de la Región de Murcia, antes de ser candidato y electo a la cámara comunitaria en las elecciones del 25 de mayo pasado y, desde el martes, vicepresidente de la misma. Uno de esos consejeros, Joaquín Bascuñana, es ahora delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en la comunidad autónoma y tiene su futuro en el aire.

Otro, Antonio Cerdá, es consejero de Agricultura desde 1995 y, en la época que tuvo las competencias de medio ambiente, dejó el camino trazado para culminar la faena. El tercero, Francisco Marqués, retirado de la política, tiene un profuso historial judicial relacionado con reclasificaciones de terrenos protegidos realizadas bajo su égida medioambiental. Además, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, está pendiente de que el Congreso acredite su condición de diputada para declarar como imputada.

Pero este miércoles, el juez Abadía mostró un muy especial interés, durante sus interrogatorios a Bascuñana y Cerdá, por saber qué papel jugó el expresidente Valcárcel en la reclasificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor iniciada hace diez años para que la inmobiliaria Hansa Urbana, financiada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ubicara una macrourbanización de 20.000 viviendas con sus correspondientes servicios que incluían, cómo no, un campo de golf cuyos 'greens' habrían ocupado una parte protegida como LIC y ZEPA del total de casi 800 hectáreas que abarcaba el proyecto Novo Carthago, en Cartagena.

El magistrado sabe que en la sede de la presidencia murciana hubo reuniones con el abogado de Hansa Urbana, el exsenador socialista y exalcalde de Alicante Ángel Luna, en las que participaron Valcárcel y Cerdá para tratar el asunto. De modo que preguntó el miércoles a Cerdá si el presidente le dio indicaciones u órdenes al respecto y, también, cómo es que esas juntas se hicieron en la sede presidencial en vez de en la consejería a la que correspondían las competencias medioambientales.

“¿Es cierto –interrogó Abadía– que el presidente de la Comunidad Autónoma les recibió a Ángel Luna y a usted previamente en su despacho y que por eso se desplazaron allí, para ratificar ante Luna el plácet del presidente de la Comunidad a la urbanización de Hansa Urbana y para mostrar a la Comisión [Urbanística] que el proyecto contaba con el apoyo del presidente?”.

De momento, los imputados principales mantienen la 'omertá': ni saben ni contestan –Cerdá–, o se amparan en su derecho a no declarar –Bascuñana–. Pero lo que no pueden obviar, porque el magistrado lo señaló con pelos y señales en su auto de imputación al delegado del Gobierno del 24 de junio, es que la Comisión Europea abrió un procedimiento sancionador en el año 2010 al Gobierno presidido por Valcárcel debido a la reclasificación de esos terrenos protegidos por la legislación.

El nuevo vicepresidente del Europarlamento, que antaño se permitía hacer chistes de las protestas ecologistas contra el enladrillamiento costero mantiene la presidencia regional del PP. Tras el auto de imputación al delegado del Gobierno, convocó una reunión partidaria de urgencia en la que explicó el asunto como resultado de una conspiración tripartita de jueces, periodistas y socialistas. Todopoderoso como ha sido Valcárcel durante 19 años, el magistrado Abadía parece dudar de que no interviniera directamente en la aprobación de un macroproyecto como Novo Carthago.

Aunque los consejeros se salen por la tangente en sede judicial, el nuevo vicepresidente español del Parlamento Europeo está en el punto de mira del magistrado y puede verse en un futuro próximo obligado a responder las preguntas personal y directamente en Murcia... o también en Bruselas.