El oligopolio del agua y el PP encarecen los precios frente a las protestas vecinales

La empresa gestora del servicio público de abastecimiento Aguas de Murcia acaba de decidir subir la tasa a todos los ciudadanos a pesar de que tuvo beneficios de 5 millones de euros en el ejercicio anterior (2013) y la grave situación económica que azota esa ciudad con una tasa de paro cercana al 30% y en la que el agua es la más cara de España, un 245% más que en Palencia, la más barata, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El caso no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque la gestora no es pública sino privada, pues está participada al 51% por el Ayuntamiento gobernado por el PP y al 49% por el Grupo Agbar, una transnacional de matriz francesa (Grupo Suez) que controla junto con FCC/Aqualia y Acciona Agua más del 80% del servicio público privatizado de agua en toda España. Frente a esa tendencia, crece la contestación ciudadana nucleada en torno a diversas plataformas contra la privatización del agua y a favor de su remunicipalización.

Ese oligopolio del agua se encarga en la actualidad, gracias al extendido sistema de concesiones municipales, de suministrar a unos 30 millones de ciudadanos españoles un bien considerado por la ONU como un derecho humano básico. En lo que al Estado español concierne, la gestión del suministro se ha venido poniendo en manos privadas a pasos agigantados en los últimos años, coincidiendo con la ola de exaltación privatizadora de bienes y servicios básicos para servir a intereses puramente especulativos. Y paralelamente ha sufrido un encarecimiento progresivo del 25,5% en el conjunto de España durante los últimos cinco años, según el estudio de la OCU.

Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Lérida, Melilla, Murcia, Oviedo, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora son las capitales de provincia donde el agua llega a los ciudadanos a través de empresas concesionarias, fundamentalmente de las tres que forman el actual oligopolio: Agbar, FCC y Acciona.

Además otros aproximadamente mil municipios españoles, algunos de ellos con más población que algunas capitales provinciales –– Alcalá de Henares, Santiago de Compostela o Vigo, por ejemplo––, también tienen privatizada la gestión del suministro de agua, como también quedó explicado en otro reciente informe.

Todo este sistema de concesiones al oligopolio del agua tendría sentido si redundara en beneficio de los ciudadanos, pero resulta que un trabajo del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencia Económicas de Granada publicado a principios de 2012 ––circunscrito al ámbito andaluz–– concluyó que la privatización del servicio no derivaba en una mejora del mismo y que las empresas públicas eran más eficientes que las privadas por, entre otras cosas, la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración concernida, las locales en este caso. El encarecimiento recién señalado por OCU confirma aquella conclusión.

La ola privatizadora no para a pesar de la constatación de las pocas ventajas que los ciudadanos obtienen de ella. Pero hay cada vez más contestación a los intentos varios de los munícipes de muy distintos lugares de España que entienden que la mejor manera de reforzar los ingresos del consistorio es privatizar el servicio de agua mediante el sistema de concesión, por el que la empresa privada se hace cargo de él a cambio de un canon que paga al ayuntamiento previo abono de los propios ciudadanos. La ecuación es sencilla y, como es habitual, el intermediario se lleva el beneficio a cambio de encarecer el precio del producto.

En plena crisis económica, crece la resistencia a nuevos encarecimientos debidos a la enajenación de un recurso básico. En Alcázar de San Juan, la Plataforma contra la Privatización del Agua celebrará una consulta popular dentro de dos semanas para que Aguas de Alcázar “siga teniendo una gestión 100% pública”, frente a la decisión del ayuntamiento gobernado por el PP de conceder la gestión del servicio a Aqualia, gracias únicamente al voto de calidad del alcalde.

Movimientos similares se están dando contra gobiernos municipales que pretenden privatizar en el Bajo Andarax (Almería), Mijas (Málaga), Priego (Córdoba), Cartaya (Huelva), Las Palmas, Tenerife, Gozón y Avilés (Asturias). En Cataluña, siete pequeños municipios han conseguido en los dos últimos años reprivatizar el servicio municipal de agua, rescatando las concesiones a empresas participadas mayoritariamente por Agbar, que domina ampliamente el mercado hídrico en la zona. Manacor (Mallorca) también acaba de recuperar la concesión tras 27 años de gestión privada, mientras en Inca se ha paralizado la privatización.

El municipio de Arteixo, en La Coruña, puede presumir ahora, meses después de remunicipalizar el agua, de que el servicio ahorra dinero. En Inca (Mallorca) se ha paralizado la privatización. También en esa isla, Manacor rescató la concesión, como se hizo en los ayuntamientos de La Línea de la Concepción (Cádiz) o en Herrera (Sevilla). Son gotas en un mar privado, señala Luis Babiano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), puesto que en España el 50% del agua urbana está gestionada por el oligopolio de Agbar, FCC y Acciona.

Ese mismo oligopolio, indiferente a la carestía, se resiste a perder negocio, apoyado por consistorios en manos del PP que, volviendo al caso de Murcia, rechazó congelar la petición de la Asamblea Agua Pública 100% para que el precio del agua quedara congelado en vista de los beneficios de la empresa y el encarecimiento registrado en los últimos años.