Las facilidades a Garoña desbrozan el camino hacia la emergencia nuclear

¿Se encamina España hacia una emergencia nuclear? La pregunta, así a bote pronto, puede parecer exagerada, alarmista, infundada o, simplemente retórica. Pero observando los últimos, recientes y continuados pasos dados sobre esa energía por el Gobierno de Mariano Rajoy, el interrogante puede adquirir realidad, no solo virtualidad.

Conviene planteárselo ahora que se acerca el tercer aniversario del accidente nuclear en Fukushima (Japón) derivado del tsunami que asoló esa parte de la costa del país, el 11 de marzo de 2011. Porque, además, esta misma semana se ha sabido de otra fuga de agua radiactiva de 100 toneladas registrada mientras se sigue luchando para paliar las consecuencias y los peligros aún existentes a consecuencia de aquel accidente.

En este panorama, cobran interés –por no decir que aterran– las decisiones e intenciones manifiestas sobre política nuclear del Gobierno actual. Porque resulta difícil de creer que se deban a una inconsciencia a todas luces temeraria.

El embrollo originado en torno al cese de actividad, que no cierre, de la central de Santa María de Garoña (Burgos) el pasado verano a duras penas ocultó la intención del Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria de permitir que sus reactores vuelvan a producir energía, a pesar de que la práctica demuestra que no es necesaria y a pesar de que su vida útil de 40 años se alcanzó en 2010 y ya gozó de una prórroga de actividad para otros dos años, hasta el verano pasado.

Se olvida, parece, que esa central opera con el mismo tipo de reactor que los que hay en Fukushima, sobre cuya seguridad se levantaron muchas críticas a raíz del accidente de marzo de hace tres años. Por cierto, la de Cofrentes (Valencia) también tiene ese mismo tipo de reactor y ostenta el triste récord de ser la instalación atómica que más incidentes ha registrado desde que empezó a funcionar en octubre de 1984.

A pesar de la peligrosidad de ese tipo de reactores, desechados en Estados Unidos, cuando terminó la actividad de Garoña, en julio de 2013, el Gobierno, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, insistió en que el cese era debido a “motivos económicos y no de seguridad”. Preparaba así el terreno al cambio legal necesario para que pueda volver a la actividad, cambio que se oficializó ayer viernes con la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) de 1999 para que Garoña pueda volver a producir energía.

Ahora queda claro el porqué de la insistencia de la vicepresidenta de Rajoy en que el cierre era por causas económicas, aunque la seguridad exigirá una reinversión notable para Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%) vuelva a poner en funcionamiento la central burgalesa. El desplante antipatriota del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en Londres el miércoles no ha sido óbice para que el Gobierno mantenga su hoja de ruta atómica y aprobara el viernes el decreto ad hoc para Garoña.

Paralelamente a la preparación del real decreto aprobado ayer, se ha venido haciendo saber que existe la posibilidad, ahora ya probabilidad, de prolongar la vida útil de todas las centrales que funcionan en España hasta los 60 años, tal como casualmente pidió la Sociedad Nuclear Española apenas dos meses después de que Garoña cesara su actividad.

Concordantemente, en enero pasado, la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) inició los trámites legales para conseguir autorización a duplicar la capacidad de almacenamiento del cementerio nuclear de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba) para residuos de baja y media actividad, léase “peligrosidad”.

El presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, dio un paso más, un día antes de la aprobación del decreto para Garoña, esgrimiendo el argumento de que el Almacén Temporal Centralizado (ATC, el cementerio nuclear para residuos de alta peligrosidad) en Villar de Cañas (Cuenca) “ya está generando empleo” puesto que se ha empezado la construcción de las instalaciones auxiliares, volviendo a incidir en el argumento falaz de los opositores al cierre de Garoña.

Con todo esto, se desbroza, por tanto, cada vez más el camino para que el Estado español tenga asegurado un largo futuro nuclear, con una absoluta indiferencia, tan temeraria como la inconsciencia, a las peligrosas consecuencias ambientales. La futura emergencia nuclear en España está servida.