Rajoy prosigue su ofensiva a favor del ‘fracking’ usando al Tribunal Constitucional

La ofensiva oficial y continuada del Gobierno a favor del fracking acaba de conseguir un nuevo objetivo con la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Ejecutivo contra la ley cántabra que prohíbe la extracción de gas de esquisto en el territorio de esa comunidad autónoma. Ese paso dado por el máximo órgano jurisdiccional que preside el polémico Francisco Pérez de los Cobos supone la paralización de hecho de la aplicación de la ley cántabra y abre una nueva grieta en el seno del Partido Popular.

Porque la ley cántabra que prohíbe el fracking fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos a instancias del partido gobernante en la región: el Popular, que gobierna encabezado por Ignacio Diego y con mayoría absoluta desde las últimas elecciones autonómicas de 2011 que perdió el regionalista Miguel Ángel Revilla. Ese mismo gobierno regional del mismo partido que gobierna en Madrid reaccionó rápidamente contra la admisión a trámite del recurso de la Presidencia del Gobierno estatal anunciando que pedirá que no se aplique la suspensión de su ley antifracking ––derivada de la admisión a trámite–– y sea declarada constitucional aquella norma aprobada el 15 de abril del año pasado. De hecho, días después del recurso del Gobierno al Constitucional, el seis de febrero, retiró una autorización de prospecciones de fracking concedidas por el ejecutivo regional anterior.

Además del nuevo enfrentamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy con otro de su mismo partido y que se simultánea con el habido a cuenta del aborto con el gobierno de Extremadura de José Antonio Monago, sorprende la rapidez con que el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso presentado por el Gobierno de Madrid contra la ley cántabra hace menos de un año.

Véase: el Consejo de Ministros aprobó el viernes 24 de enero pasado que se presentara el recurso de inconstitucionalidad contra la ley cántabra. En apenas veinte días naturales, se ha presentado la solicitud al Constitucional y el tribunal ha decidido admitirla a trámite, lo que conlleva la suspensión automática de la norma.

Semejante diligencia llama la atención, sobre todo porque el propio Gobierno de Rajoy tardó unos nueve meses desde la aprobación de la ley cántabra (abril de 2013) en dar el visto bueno (24 de enero pasado) en Consejo de Ministros a la presentación del recurso de inconstitucionalidad, que tuvo entrada por registro en el TC el 27 de enero, informa la oficina de prensa del tribunal.

Decidido como está a facilitar la implantación de la extracción de gas de esquisto mediante la fractura hidráulica, al Gobierno del Partido Popular se le presenta otro caso por delante que es un hueso más difícil de roer que el representa un ejecutivo autonómico disidente. Pues, en efecto, gracias a la aprobación parlamentaria de iniciativa conjunta de Convergència i Unió y Esquerra Republicana, el 30 de enero pasado entró en vigor la prohibición de la práctica del fracking en territorio catalán al ser publicada en el Diario Oficial de la Generalitat. ¿Presentará el Gobierno de Rajoy un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra ese cambio legal catalán?

Bajo la divergencia subyace el problema de a quien compete autorizar o denegar permiso para el fracking, es decir, al Gobierno central o a los autonómicos. Pero, en cualquier caso, todo indica que el empecinamiento del Ministerio de Industria y del Gobierno de Rajoy en facilitar las prospecciones y ulteriores extracciones a las transnacionales canadienses, estadounidenses y británicas de dudosos intereses puede provocar el agravamiento del conflicto con Cataluña, además del gran rechazo popular que suscita el asunto y la ampliación de las disidencias internas en el PP.