Oleada de protestas e indignación en toda España contra el ‘fracking’

Un nuevo fantasma recorre España: el fracking. ¿Será casual que en pueblos tan aparentemente fuera del mundo como Munera (Albacete) se manifiesten más de 2.000 personas contra esa nueva en España forma de extraer gas del subsuelo con el método de la fractura hidráulica? La realdad es que es una más de las decenas de protestas recientes contra ese nuevo método de extracción no convencional de hidrocarburos que llega por vía de empresas transnacionales desde el otro lado del Atlántico.

Pocas actividades industriales han generado en España una opinión contraria tan general y dispersa como esta consistente en extraer gas del subsuelo profundo inyectando a presión agua y compuestos químicos para fracturar la roca y liberarlo. Una práctica que contamina las aguas de los acuíferos por el uso de esas sustancias químicas en la fractura, provoca movimientos sísmicos de intensidad de hasta cuatro grados en la escala de Richter al destruir la roca del subsuelo ––registrados en Ohio, Estados Unidos––, agrede espacios naturales protegidos en cuya proximidad se realiza y necesita toneladas de agua para todo el proceso.

Un reciente análisis de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania, EE UU) señala que las plantas de tratamiento actuales no logran eliminar la contaminación química de las aguas residuales usadas en el fracking. Según el estudio, el agua que llega al medio ambiente desde esas plantas contiene todavía sustancias químicas, según las muestras recogidas.

Y según Francisco Ramos, de Ecologistas en Acción, el 80 por ciento de los permisos solicitados son para operar en zonas situadas sobre acuíferos conocidos en toda España. Cosa a tener en cuenta puesto que una tercera parte de los 45 millones de españoles se abastecen de ellos.

Desde hace dos años, la ofensiva peticionaria de concesiones para llevarlo a la práctica por las transnacionales ha encontrado la aquiescencia de la cúpula del Partido Popular en Madrid y la oposición popular y transversal en prácticamente todas las zonas y localidades donde se ha intentado iniciar las prospecciones.

El último pronunciamiento contra la fractura hidráulica ha sido una moción aprobada el 21 de marzo pasado por mayoría en el Parlamento Foral de Navarra para la cámara pida al Gobierno regional que declare la comunidad autónoma “territorio libre de fracking”, en clara oposición a la concesión anterior tres licencias de exploración.

Pero desde hace meses el temor de la ciudadanía a los peligros de la fractura hidráulica la y la opción alternativa por energías limpias, seguras y renovables ha provocado que ya sean más de un centenar los municipios de toda España en los que se han presentado mociones en contra del fracking o se han declarado oficialmente contrarios a esa práctica: 30 en Álava, 24 en Burgos, 23 en Navarra, 22 en Cantabria, etcétera.

De la Comarca del Campo de Montiel y La Mancha (Albacete) se concentraron contra la fractura hidráulica el domingo 17 de marzo 2.000 personas en Munera (Albacete). Dos semanas antes lo habían hecho en Ossa de Montiel gentes de El Bonillo, Munera, Lezuza, El Ballestero, Villarrobledo y Tiriez, (Albacete), Tomelloso, Alhambra y Ruidera, (Ciudad Real). Las protestas se suceden desde hace meses en Andalucía, en Burgos, en Soria, en Cataluña... En Murcia, el PSOE ha presentado una moción contra el fracking en la Asamblea Regional tras las noticias de que se han solicitado permisos.

En la comunidad cántabra se ha dado precisamente el caso que ilustra la transversalidad de la oposición a la fractura hidráulica y lo mucho que está cambiando la percepción que se tiene de esa práctica extractiva de gas. En la legislatura pasada, PSOE y PRC (regionalista cántabro) dieron permisos de explotación. En ésta, el PP que gobierna ahora, apoyado sorprendentemente por los otros grupos, está a punto de aprobar una ley para revocar la autorización. Con esto, “Cantabria ha puesto fin a la pesadilla del fracking”, como dijo oficialmente el portavoz popular, Íñigo Fernández.

Indiferente a la extendida oleada de indignación que está habiendo, que incluye a muchos votantes y munícipes de sus propias filas, el Partido Popular, apoyado por CiU y UPyD rechazó en el Congreso la propuesta del grupo de la Izquierda Plural, apoyada por el PSOE, de prohibir esta técnica en España. Dos días antes, el ministro de Industria, Juan Manuel Soria, ya había marcado la línea a seguir.