Peña Nieto parte con ventaja pero provoca grandes reticencias por sus lazos políticos
MÉXICO DF.– Quien desde hoy, 1 de diciembre, será oficialmente nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inicia su sexenio con ventaja. No sólo electoral, porque ganó las elecciones del dos de julio, sino también porque su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de Acción Nacional (PAN), deja el país sumido en la violencia de la guerra contra el narcotráfico, con muchas dudas sobre la vigencia del estado de derecho mexicano, y con los grandes problemas económicos y sociales sin solucionar.
El legado de Calderón es terriblemente doloroso. Su particular guerra al narcotráfico no ha hecho sino incrementar los niveles de violencia hasta límites ya poco tolerables en algunos estados del país, ha aumentado el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, ha empoderado al Ejército y a la Marina Armada –ésta en estrecha colaboración con la DEA estadounidense–, sacándolos a la calle en el combate decretado por el presidente derechista y, paralelamente, ha provocado un deterioro claro de las libertades civiles y del respeto a las leyes mexicanas por parte del propio Estado.
Algunos intelectuales hablan sin rodeos de que México vive en un estado de excepción encubierto debido a las políticas de Calderón que han convertido a Ejército y Marina en verdaderos poderes fácticos. En los últimos días, coincidiendo con la proximidad del traspaso de poderes, se han multiplicado los informes que destacan el deterioro continuado de las libertades y garantías de los ciudadanos debido al aumento y la persistencia de la violencia ligada al narcotráfico y a la actuación de las fuerzas armadas contra los carteles.
El último informe de general aceptación al respecto ha sido el del comité de Naciones Unidas contra la tortura (Comittee Against Torture, CAT), presentado en Ginebra (Suiza) el 23 de noviembre, mantiene que las medidas del Gobierno de Calderón contra la tortura han sido “totalmente ineficaces” y expresa su preocupación por “el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado”.
El CAT expresa también la falta de corrección de esas políticas en el año transcurrido desde su primera advertencia al respecto. La guerra desatada por Calderón contra el narcotráfico ha causado unos 65.000 muertes en el sexenio que acaba, según recuentos independientes, o sólo 30.000, de acuerdo con los informes oficiales. Números, en cualquier caso, que convierten la violencia en la principal preocupación de los mexicanos, sobre todo porque no ha habido resultados tangibles de la militarización decretada por el presidente panista.
Con este panorama sabe de sobra Enrique Peña Nieto (EPN) ante qué se encuentra. El reto es importante, pero el nuevo presidente no acaba de desvelar exactamente qué giro, si es que lo pretende, dará al tremendo problema de la violencia asociada al narcotráfico y a este mismo. El CAT, en el mismo informe, urge al nuevo mandatario adoptar acciones rápidas y concretas para variar la política anterior, así como a terminar de raíz con prácticas “legales” impuestas por el PAN en su cruzada, tales como el “arraigo penal” elevado por Calderón a norma constitucional en 2008, una figura jurídica según la cual una persona puede ser asignada en residencia o detención, por un máximo de ochenta días, sin orden judicial específica mientras se le investiga por su relación con algún presunto delito.
La imagen de juventud y la renovación con que se presenta Enrique Peña Nieto (46 años) no disipa, sin embargo, las dudas sobre el futuro que el PRI deparará al país. Y las reticencias son antiguas: desde que ya parecía claro, hace más de un año, que el nuevo mandatario lo sería. Porque la ascensión del hasta ahora gobernador del Estado de México (Edomex, colindante con el Distrito Federal) estaba ya determinada por un factor que es el que más reticencias despierta en México sobre los aires nuevos que su figura promete.
En efecto, EPN es un conspicuo representante del llamado “grupo de Atlacomulco” un restringido círculo de presión y poder político dentro del PRI, cuya existencia e influencia es dada por hecha y segura en el imaginario político mexicano, aunque sus supuestos integrantes lo niegan absolutamente. Es una especie de “estado dentro del estado” en el interior del PRI y sus cabezas originarias fueron, en la década de los años cuarenta del siglo pasado, los fallecidos Isidro Fabela y Carlos Hank González, con cuyo hijo, Jorge Hank Rohn, alcalde actual de Tijuana, EPN tiene estrechos lazos políticos, económicos y de amistad.
Desde entonces, ese lobby interno del PRI ha manejado muchos resortes encubiertos de la economía y la política mexicana desde su base física en el Estado de México (Edomex), gobernado tradicionalmente por integrantes del grupo y del que el mismo EPN procede, pues ha sido gobernador allí en el último sexenio. La pertenencia del nuevo presidente de la federación mexicana a ese supuesto grupo cuya existencia solo niegan sus propios supuestos miembros despierta muchas reticencias, cuando no desconfianza abierta en la sociedad.
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) –originalmente una escisión del sector más progresista del PRI en 1989 fundado por Cuautéhmoc Cárdenas–, expresó públicamente esas reticencias a principios de noviembre.
El candidato del PRD derrotado en las elecciones julio pasado por EPN, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó en febrero abiertamente al entonces candidato del PRI de ser un “títere” de ese grupo que, según él, solo ha dado “políticos corruptos” a México. Y lo hizo precisamente en un mitin preelectoral que dio en la localidad de Atlacomulco (Edomex) que da nombre al lobby y donde el propio EPN nació en 1966 y emitió su voto el dos de julio pasado, en medio de una protesta popular.
El temor es, por tanto, grande a que al llegar a la presidencia un claro representante del grupo, cuya influencia en la política partidaria y federal ha sido innegable en las últimas décadas, el PRI reverdezca el autoritarismo, endogamia y manipulación de las estructuras políticas y económicas mexicanas que, a la postre, le llevaron a la derrota electoral del año 2000, después de 70 años en el poder. Miedo que se suma a la falta, hasta el momento, de una clarificación de cómo piensa el nuevo presidente conseguir que descienda el nivel de violencia llevado al paroxismo en el último sexenio por su predecesor en el cargo.
