Arias Cañete consuma la amnistía a la ocupación ilegal de la costa

El departamento de Arias Cañete ha consumado lo que se estaba viendo venir desde hace meses, prácticamente desde que asumió el cargo de ministro de Medio Ambiente: una amnistía, según unos, indulto, para otros, a la ocupación ilegal del dominio público marítimo terrestre (DPMT). Con el envío a las Cortes del proyecto de Reforma de la Ley de Costas, el Gobierno de Mariano Rajoy continúa en su línea de adecuar las normas a los deseos o necesidades de particulares frente a los intereses de lo público, es decir, de todos los ciudadanos.

Se veía venir, efectivamente, y en esto, como en otras cosas, el gobierno del PP ha contado con la aquiescencia, cuando no con el aliento indisimulado, de sectores europeos, tan celosos en otro tiempo y en otras cosas en la defensa el de la sostenibilidad. Ahora se trata de mantener los privilegios adquiridos de manera irregular por una serie de ciudadanos españoles y comunitarios que establecieron sus reales dentro del DPMT y, obviamente, pretendían y han conseguido mantenerlos gracias a la manga ancha del equipo de Arias Cañete.

Y quedar bien con nuestros socios europeos preocupados por las propiedades de sus nacionales en España tanto como el Gobierno lo está por dar satisfacciones al norte de los Pirineos: “Queremos evitar el daño que causaría a la imagen de España si se llevaran a cabo demoliciones masivas de viviendas”, aseguró el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. La defensa de la "Marca España" arrasa con todo.

10.000 viviendas y 3.000 chiringuitos “irregulares” quedarán a salvo, pues, a partir de la aprobación de la nueva ley, que se producirá sin duda pues para eso el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y el ministro Arias Cañete podrá realizar en esto, ya que no pudo hacerlo con el trasvase Ebro-Segura, su sueño del “paseo militar”.

No fue exagerada la calificación de un colega, hecha durante el verano, de que la nueva norma que se pretende elevar a ley es “a la carta”. O sea, arbitraria y, también, discriminatoria. Porque, en primer lugar, ¿Cuál es la razón irrebatible para no aplicarla en once lugares conflictivos, cuando existen a lo largo de la costa española atlántica y mediterránea cientos de enclaves con esa característica? Y, en segundo, ¿Qué garantía legal queda para que las excepcionalidades no se extienda a capricho allá donde fuera menester?

Item más. Con tanta situación particular admitida en la que será nueva ley, no queda clara la intención de que el emblemático hotel de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) llegue a ser derribado a pesar del supuesto acuerdo entre ministerio y Junta de Andalucía para compartir los más de siete millones de euros que costaría hacerlo. Cosa que se hará, si los tribunales establecen definitivamente su ilegalidad, destacó el ministro. Demasiados condicionales, habida cuenta de la colección de sentencias contrarias que posee ese mastodonde a pie de playa.

Porque, en época de tamaña crisis como la que estamos, está servido e hipócritamente justificado el argumento de que el coste es inasumible para las arcas públicas habiendo otras prioridades. Como lo está la ampliación de las concesiones a las miles de viviendas ilegales y chiriguitos de todo tipo sobre la costa a otros 75 años a partir de la caducidad de la regalía actual. En plena depresión económica, ¿destruir negocios, viviendas, formas de vida por muy ilegales que sean?, se preguntarán los bienpensantes al uso. Anatema. La permisividad en la ocupación de la costa se consolida como supuesta palanca para salir de la crisis.

De lo peor es que, además, se permitirá que los propietarios de esas 10.000 viviendas o de los 3.000 negocios ilegales sobre el DPMT, invadiendo lo que es de todos, hagan negocio con la ocupación pues quedarán autorizados a venderlos o reformarlos, como ya se sabía desde julio, cuando se aprobó el anteproyectode ley. Una buena muestra de la “seguridad jurídica” de que habla el ministro y que la norma pretende ofrecer, cuando se apruebe en el Congreso, para sostener y prolongar los desmanes pretéritos con una garantía de futuro. Se trata, según el Diccionario de la Lengua Española, de una auténtica amnistía: "Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores".