Nuclear: España sigue perdida mientras Europa pone en cuestión esa energía

No hay mal que por bien no venga, dice el sabio refranero español. Triste es usarlo para recapitular algunas de las consecuencias que para las políticas energéticas tuvo el terrible accidente en Fukushima tras el tsunami que azotó Japón hace ya más de un año. Desde entonces, se han producido significativos cambios en los países de nuestro entorno, mientras que España aparece en los últimos meses sumida en la confusión, que parece ser la línea del actual Gobierno al respecto.

Japón, extrañamente, no fue la primera nación nuclear en reaccionar ante la tragedia en su propio suelo. Las grandes pérdidas humanas y materiales consecutivas al accidente nuclear derivado del maremoto, el 11 de marzo de 2011, han tardado dieciséis meses, hasta este mes en que estamos, en alterar el rumbo nuclear nipón. Así, no ha sido hasta hace unos pocos días que el Gobierno de Yoshihiko Noda ha anunciado que “va a adoptar todas las medidas posibles para reducir a cero el uso de la energía nuclear hacia 2040”.

Es un objetivo moderado, pero a todas luces alcanzable. Fukushima, sus pérdidas humanas y económicas y el desplazamiento de al menos 100.000 personas ha hecho a Tokio alterar su proyectado aumento de la producción nuclear de electricidad, del 35% al 53% para 2030, y plantearse radicalmente el abandono total de esa fuente de energía para diez años más tarde.

Antes de Japón, pero pocas semanas después de Fukushima, Alemania y Suiza reaccionaron anunciando la disminución drástica de sus programas energéticos nucleares con la perspectiva de abandonar esa energía en una década. Italia sometió a referéndum el asunto en junio de 2011 y la papeleta que sería la equivalente al conocido “No, gracias” triunfó ampliamente.

En Reino Unido siguen existiendo muchas dudas sobre la renovación del parque de las ocho centrales nucleares actuales tras la retirada de los proyectos de las alemanas E.On y RWE en razón de la nueva línea no nuclear del Gobierno de Ángela Merkel.

La reciente confirmación de la posición del Ejecutivo francés de François Hollande de poner en práctica la “transición ecológica” de su programa electoral es otra dificultad añadida a la refacción del sistema británico de refacción nuclear, porque la francesa EDF difícilmente asumirá el papel clave que tenía en ese asunto al otro lado del Canal de la Mancha en contra de la línea de su propio gobierno. No está nada claro que China pueda asumir con las garantías necesarias el papel de sustituto de Francia en ese sector británico.

Obviamente, la reafirmación gala de iniciar el abandono de la energía nuclear es clave, no solamente por el papel de sus empresas fuera de sus fronteras, sino porque es el país europeo más dependiente de ella con un total de 58 reactores en funcionamiento. La propuesta de Hollande va en serio: el primer cierre será tan pronto como el año 2016, el de la central de Fessenheim, y la dependencia de esa energía bajará del 75% actual al 50% en 2025.

Junto a todo esto, destaca la dubitativa e inoperante posición del Gobierno español, que ha visto cómo su intención de mantener en funcionamiento hasta 2019 la más vieja y peligrosa central nuclear hispana, Santa María de Garoña, ha quedado en agua de borrajas por la negativa de los propietarios de Nuclenor (Endesa e Iberdrola) a asumir el incremento impositivo a la producción de todas las energías propuesto por el ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazado frontalmente por todo el sector.

La consecuencia inmediata es que Garoña cerrará en abril del año que viene, media prevista por el anterior gobierno socialista y alterada tentativamente por el actual del Partido Popular. A alguien, no solo a las eléctricas, se le debe haber quedado la cara de tonto. Pero lo peor está por llegar, porque el largo proceso de desmantelamiento de toda central nuclear, que se iniciará en cuanto cese la producción, habría de crear un tejido productivo alternativo en el Valle de Tobalina para que las 1.500 familias [que] dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la instalación”, como se lee en la web de Nuclenor, no queden sumidas en la miseria.

Teniendo en cuenta la calidad de la gestión política que llevará al cierre “obligatorio” de Santa María de Garoña, la pregunta es cómo hará este Gobierno para sustituir “el conjunto del impacto económico del funcionamiento de la central en su zona de influencia [que] en 2011 ascendió a casi 44 millones de euros”, vuelvo a citar la web de Nuclenor consultada el martes 18 por la tarde. Puede que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté dispuesto a dejar sin valor hasta el refranero español y no venga bien alguno para los habitantes del Valle de Tobalina.