Rajoy indulta un delito ambiental acústico en pleno clamoroso verano español

Este caluroso y doloroso verano, Mariano Rajoy parece dispuesto a alegrarle la vida a unos cuantos que no son banqueros ejerciendo su derecho de perdón como presidente del Gobierno. Al revés que Robin Hood, el jefe del Ejecutivo se prodiga en absoluciones graciosas cual confesor laico. Y así acaba de salvar de la cárcel a tres contaminadores acústicos condenados por la Justicia en varias instancias por un delito ambiental de contaminación acústica. Son los tres dueños de un bar musical en Archena (Murcia), que alberga un paradisíaco balneario datado en el Imperio romano, quienes durante años amargaron el sueño por la noche y, consecuentemente, la vida durante el día a unos cuantos vecinos mediante la contaminación acústica producida por la música de su local.

Resultó ser que los vecinos denunciaron tantas veces como un centenar la imposibilidad de dormir a causa de la música del “Fraggle Rock”. Como suele pasar en estos casos, el Ayuntamiento de Archena hizo en la práctica caso omiso a las quejas y los insomnes hubieron de recurrir a la Justicia. Esta vez, sí, con mayúscula a juzgar por el resultado obtenido.

Porque esos tribunales vinieron a reparar en cierta medida el desaguisado, habida cuenta de la inoperancia municipal y de la insolidaridad vecinal. Pasó con esto algo parecido a lo del flamenco Farruquito, aplaudido entusiásticamente en sus apariciones escénicas inmediatas al accidente de tráfico en que causó una muerte conduciendo sin carnet y vaya a usted a saber en qué estado de consciencia.

Algo parecido sucedió con los tres condenados propietarios del Fraggle Rock, que fueron indultados por el Gobierno de Rajoy justo el día en que, según palabras del presidente, el Consejo de Ministros “no trató” el espinoso asunto de la renovación de la vergonzante ayuda de 400 euros a los parados sin subsidio.

Como ya son libres de pagar sus culpas, aunque no inocentes, gracias al perdonavidas que nos gobierna, no puedo menos que reproducir sus nombres –Emilia Ibáñez, Sergio Ibáñez y Ascensión García–, puesto que ahora pasarán a engrosar la lista de víctimas de la injusticia, según el segundo de ellos ha proclamado, y que llevó a la misma corporación municipal que se lavó las manos en el asunto a pedir el indulto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Es éste, indudablemente, otro magnánimo justiciero quien no pudo menos que –en el escaso tiempo que le queda libre mientras ultima su contrareforma legal reaccionaria– solicitar formalmente el perdón al presidente para que los tres mosqueteros sonoros no hubieran de ingresar en prisión y cumplir la pena de dos años y medio de cárcel a la que habían sido sentenciados en primera instancia por el Juzgado de lo penal número cinco de Murcia y confirmada en el Tribunal Superior de Justicia de esa región.

Todo eso tras un proceso legal acorde con la extrema rapidez de la Justicia española, que emitió su primer veredicto penal en mayo de 2009, ya que los estentóreos hechos denunciados vinieron ocurriendo entre 2003 y 2007. El Ayuntamiento, que había sido incapaz de evitar que unos cuantos vecinos hubieran de adaptar sus horarios oníricos al de la contaminación sonora del bar en cuestión, solicitó diligentemente el indulto para que los tres supuestos conciudadanos no llegaran a mezclarse con chorizos de cualquier ralea, toda vez que la carencia de antecedentes así lo permite según el artículo 88 del Código Penal, que autoriza sustituir la pena de cárcel de más de dos años a “reos no habituales”.

Otro concepto en cuestión: ¿Son o no son “habituales” quienes alteran el sueño de sus vecinos, les causan insomnio y ansiedad durante cuatro años continuados, de 2003 a 2007, como queda establecido en la sentencia? Quizá no sean habituales de las penas, es decir, reos, pues esta es su primera sentencia condenatoria. Pero sí fueron delincuentes repetitivos y reincidentes, o continuados, a tenor de ese mismo dictamen que los condenó en 2009 por delito ambiental.

A unos 500 de sus convecinos de Archena les dio igual, como a los de otros lugares en el “caso Farruquito”, pues convocaron y celebraron manifestación ad hoc para pedir el indulto. Cosa que indujo finalmente a la corporación municipal en pleno (PP, PSOE e IU) a, esta vez sí, ser expeditiva y solicitarlo al ministro Gallardón, apenas un mes después de la demostración pública, en mayo de 2010.

Para esos cohabitantes y munícipes era y es irrelevante que la Audiencia Provincial estimara que «la pretendida solicitud de indulto parcial carece de razón alguna, especialmente cuando los acusados no han realizado comportamiento alguno dirigido a resarcir a los perjudicados ni a intentar disminuir los daños ocasionados o paliar los padecimientos de éstos».

Y partir de ahora, muchos tapones de oídos, ansiolíticos y sedantes habrán de comprar los insomnes de Archena. O les queda otra: irse huyendo de la música a otra parte, porque ya ha transcurrido la prohibición de dos años para desempeñar un oficio relacionado con un bar-cafetería o local abierto al público en el que se emita música que la sentencia impuso a los reos en 2009. Menos mal que la gracia de Rajoy y Gallardón ha puesto las cosas en su sitio. La reinauguración del Fraggle Rock será un acontecimiento sin precedentes en el paradisíaco pueblo-balneario de Archena. Me la apunto en la agenda para invitar a cuantos delincuentes ambientales acústicos en España hay.