Las políticas del PP contaminan el Día Mundial del Medio Ambiente

No se conforman con favorecer la estrategia de las grandes empresas eléctricas en el terreno energético. Tampoco les parece suficiente las propuestas de alteración de leyes ambientales vigentes para cambiar el statu quo. Quieren más. Los responsables medioambientales, por llamarles de alguna manera, del Partido Popular, encabezados por el ministro Miguel Arias Cañete, están dispuestos a dejar su profunda huella, en el peor de los sentidos posibles, en el entorno natural español.

Así se demuestra claramente a poco que recapitulemos, en vísperas de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, qué han hecho y qué se proponen hacer esos equipos que dirige el responsable del departamento que engloba también Agricultura y Pesca.

Anunciaron, para empezar, su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña. Para ello, todo hay que decirlo, el nuevo partido en el Gobierno desde el pasado 11 de noviembre se encontró ya la puerta entreabierta que había dejado el ministro de Industria de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián. Así se las ponían a Felipe II debieron pensar en FAES, cuyo documento sobre energía (Propuestas para una estrategia energética nacional) de 2011 está sirviendo de hoja de ruta al Gobierno de Mariano Rajoy.

Con ese texto como lectura de cabecera, el ministro de Industria, José Manuel Soria, se dispone a conseguir que España pierda su lugar líder en energías renovables y que sea difícil alcanzar el objetivo del 20% de esas energías en el mix nacional para 2020, como exige la Unión Europea.

Naturalmente, con aquella tibieza socialista como precedente encarnada por Sebastián, el Gobierno del PP y sus satélites autonómicos han ido a más. Tienen la colaboración decidida de Coalición Canaria y Convergència i Unió en el asunto clave de la conservación de las costas españolas. Y con nuevas tibiezas ambientales observadas en administraciones locales gobernadas por el PSOE.

Sirva de ejemplo el escándalo de la pretendida urbanización en las dunas de Valdevaqueros, en el municipio de Tarifa (Cádiz), donde los socialistas locales han apoyado la aprobación del proyecto por los gobernantes populares. Hasta que la Junta de Andalucía lo ha vetado como administración superior. El asunto ha estado a punto de poner en la picota el acuerdo de gobierno PSOE-IU en Andalucía, pues la coalición de izquierdas hizo saber que no aceptaría semejante gazapo como el que se pretendía hacer tragar al país junto al Estrecho de Gibraltar.

De momento se ha parado el asunto sobre el papel. Con un segundo asalto anunciado en la intención popular de cambiar la Ley de Costas y excluir las zonas de dunas del ámbito del dominio público marítimo terrestre protegido en toda España.

Mientras esperamos desenlaces, no está de más recordar que el mantra del que se ha valido el PP para justificar la planificación del expolio ha sido la cantidad de puestos de trabajo que podría crear esa urbanización sobre las dunas de Valdevaqueros, un pretexto actual del que ya hemos hablado algo en este blog a cuenta de un expolio similar al de Valdevaqueros que se pretendía en la playa de Es Trenc (Mallorca). Hay otros proyectos, como el de arrasar con la zona natural de Marina de Cope (Murcia) para conseguir inversión y crear empleo.

Es el mismo mantra del que se valieron los dos partidos mayoritarios para dejar hacer y no enmendar el entuerto del gran hotel sobre la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), a pesar de que ya hay, al cabo de diez años, suficientes sentencias para acometer su derribo. Sobre la arena del Levante almeriense derrapó hasta la bienintencionada pero ineficaz Rosa Aguilar. Quizá fue por las zancadillas que le pusieron algunos responsables almerienses del PSOE. Pero es lo que hubo.

Para que las alarmas ambientales sigan encendidas, no sea que se relajen los ecologistas, el PP ha dejado caer extraoficialmente su idea de legalización de miles de viviendas ilegales en toda España. El argumento de que la solución para ellas está atascada en el intrincado sistema jurídico español y hay que dar alguna seguridad jurídica a propietarios inocentes de los desmanes es hipócrita. Porque, en la práctica, no busca ninguna solución sino solamente mantener la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos y oficializar una política de regularización de las ilegalidades que ya se sigue desde hace años en todas las comunidades autónomas.

Y, aunque en este asunto los socialistas hayan puesto el grito en el cielo contra el proyecto del PP, lo cierto es que ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por cualquiera de los dos partidos mayoritarios han permitido que se hagan y se mantegan las construcciones ilegales que jalonan, sobre todo, buena parte de las costas españolas. ¿Habrá que darles la razón a los socialistas en aquello que insinuaban de "otro vendrá que bueno me hará"? En asuntos medioambientales, posiblemente sí. Lo que no les exime de responsabilidad.