Las eléctricas imponen el consenso nuclear

La crisis económica y la falta de politica energética definida a largo plazo se llevan por delante los planteamientos del Gobierno español. Las compañías eléctricas están de enhorabuena tras la aprobación en el Congreso de una enmienda pactada en el Senado a la Ley de Economía Sostenible que deja sin efecto el límite de operatividad de cuarenta años para las centrales nucleares españolas. Los partidos conservadores que gobiernan en Alemania, Francia y Reino Unido encontrarán así otro motivo de concordancia con José Luis Rodríguez Zapatero. Merkel, Sarkozy y Cameron deberían felicitarlo por su conversión al buen camino.

A partir de ahora, las decisiones sobre las centrales quedan en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya parcialidad como juez del asunto está fuera de toda duda, como veremos dentro de un mes cuando tenga que decidir sobre la prórroga que se pide para la de Cofrentes, que ayer fue escenario de una acción de protesta contra su inseguridad realizada por Greenpeace.

Mientras acababa la acción de los activistas, con 16 detenidos, por la tarde se aprobó la Ley en el Congreso, con el apoyo de todos los grupos menos los diputados de ERC, IU y BNG, ratificándose así el cambio de criterio del PSOE que, sin embargo, no le ha ahorrado otro rifirrafe político: el PP aprovecha para criticar las innegables veleidades del Gobierno de Zapatero en política nuclear, aunque el partido de Mariano Rajoy se lleva el gato pronuclear al agua gracias a CiU y PNV. Tras la votación de anoche, el pacto sobre el mix energético está más cerca. Manteniendo la nuclear, claro.

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Escasas horas antes de la oficialización en el Congreso del acuerdo senatorial auspiciado por CiU y secundado por PNV, PSOE y PP, Borja Prado, presidente de Endesa, agradeció la “buena actitud” de los senadores al aprobar aquella enmienda. Y describió la energía nuclear como “la más limpia y la más barata”. Con Prado, Fulvio Conti, presidente de Enel, se hizo notar diciendo que “la nuclear no es la solución, pero sin nuclear no hay solución”.  Junto a ambos en el mismo acto, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui explicó lo inexplicable: "El Estado, la política, no lo puede todo y cada vez es más evidente que la empresa puede mucho más".

Fue la justificación oficial más cercana a la realidad. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, intentó sin éxito desvirtuar el hecho de que estamos ante un claro cambio de posición del PSOE, que hasta ahora defendía que las centrales nucleares cierren según vayan cumpliendo 40 años. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, puso el acento en que las decisiones corresponden ahora también al Gobierno y no sólo al CSN, insinuando que eso es garantía de que serán las correctas.

Pero era Jáuregui el que había dado en el clavo: mandan las eléctricas, que son las propietarias de las centrales nucleares y –esto no lo dijo pero es obvio– exigen compensaciones por el recorte de las subvenciones a las renovables. Y no tienen suficiente, aunque tampoco lo citó el ministro, con la subida sin precedentes que los ciudadanos venimos sufriendo en la tarifa eléctrica y que es cifrada en el 11% por los convocantes en la Red de una acción de protesta que se hizo anoche en todo el Estado consistente en apagar durante cinco minutos todas las luces de cada vivienda. Quizá ni lleguen a arañar el blindaje que las eléctricas han impuesto para que las centrales nucleares sigan funcionando más de cuarenta años.