Carbón para 2018: ocho mil familias esperan una reconversión digna

Casi inmediatamente al Acuerdo Social, y quién sabe si derivado de él, ha encontrado solución el problema de las ocho mil familias que viven y dependen de la producción de carbón en las cuencas españolas. Gobierno, sindicatos y empresas mineras han acordado un sistema para poner en marcha las ayudas de 700 millones de euros que subvencionarán la producción de carbón nacional para que se siga produciendo. El decreto se publica el martes día 8 en el Boletín Oficial del Estado.

Es decir, se trata de poner dinero estatal en aras de intereses sociales para mantener la extracción de un carbón que ni es rentable ni es eficiente energéticamente. Y todo al hilo de las directrices de Bruselas que impiden que se subvencione la minería deficitaria. En el caso del carbón, 2018 es la fecha límite para que esta solución desbloqueada ahora sea permisible bajo el prisma de la Unión Europea.

Si no hay quien lo remedie, el asunto volverá a plantearse en cuestión de unos años. De momento, se salva la estabilidad social de unas cuencas mineras que están llamadas a desaparecer como tales. Pero lo sangrante sería que ningún gobierno habido o por haber hasta 2018 consiguiera reestructurar económicamente esas comarcas mineras y hacerlas económicamente viables al margen del carbón antes de que la espada de Damocles comunitaria cercene definitivamente la posibilidad de mantenimiento artificial de la extracción de carbón “nacional”.

Diferir el problema con la solución temporal de este conflicto obliga a encontrar salidas, antes de siete años, para que esas cuencas que no podrán seguir siendo mineras reconviertan su estructura productiva para que sus habitantes sigan viviendo dignamente. En ello tendrán, como tienen ahora, responsabilidad las mismas empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola y Gas Natural– que se habían opuesto a la aplicación de las ayudas propuestas por el Gobierno porque producir ese carbón “nacional” es más caro que importarlo.

Esas mismas grandes compañías energéticas –de las que se asegura que “transigen” con el carbón a cambio de la subida del 9.8% de la electricidad– están también en posición dominante en el sector de las renovables. Es por tanto a ellas a quienes se debe exigir gran parte de la capacidad de reconvertir las cuencas mineras para que sean viables económicamente en el horizonte de 2008 y puedan seguir siendo lugar de vida y trabajo para sus actuales habitantes, ahora dependientes del carbón.

Que el carbón, sea nacional o extranjero, es extremadamente contaminante e ineficiente energéticamente –comparado con otros combustibles– no es nada nuevo. Lo sorprendente es que, conocida de antaño la premisa anterior, las grandes compañías supuestamente empeñadas en la promoción y explotación de las energías renovables no hubieran ni siquiera empezado a diseñar un plan aunque fuera a medio plazo para reemplazar el carbón por otros recursos más limpios.

Obviamente, han preferido seguir usando ese combustible fósil nacional mientras les ha sido rentable. Y han pretendido descartarlo cuando lo han encontrado más barato fuera de nuestra frontera. De ahí viene el largo año de enfrentamientos y el sin vivir de miles de familias dependientes de la extracción de carbón. Pocas de ellas, por no decir ninguna, se aferrarían a la minería si se les ofreciera una reconversión digna de sus modos de vida. El año 2018 está a la vuelta de las esquina.