De la destrucción del litoral a las Conspiraciones Tóxicas
Entre la apreciables novedades del décimo informe Destrucción a Toda Costa publicado por Greenpeace recientemente –ya reflejado en cuartopoder– hay una que destaca por su acierto: el lazo necesario entre la corrupción política y urbanística con la devastación del litoral español.
Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”.
Efectivamente en esa decisión está la madre del cordero. Pero la capacidad de ejercerla no se la han inventado las corporaciones locales, aunque imaginación sí le han echado. Es peor. La potestad la otorgó en su momento la Ley estatal del Suelo de finales de 1998 que consecuentemente secundada por las diversas leyes autonómicas del ramo dejó en manos de los poderes periféricos la decisión de declarar lo que es suelo urbanizable y lo que no lo es.
A eso se sumó la lenta y tímida aplicación de la Ley de Costas de 1988, a pesar de los esfuerzos del periodo inicial de Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente, véase el caso de El Algarrobico o el lío de los chiringuitos playeros. El resultado ha sido que las administraciones locales y regionales han tenido carta blanca para cambiar clasificaciones de suelo, presionadas siempre por la avidez constructora que no ha parado en mientes a la hora sobornar a quien fuera necesario, seguros como estaban los promotores de la multiplicación de los beneficios. Hasta el estallido de la crisis y el hundimiento de bastantes chiringuitos que no eran playeros, sino ladrilleros.
En el momento en que estamos es cuando afloran sin parar las consecuencias legales de todo ese caos urbanístico en el que el dinero mandaba sin cortapisas legales. Son cientos los sumarios abiertos en juzgados de toda España, sobre todo en comunidades costeras, por corrupción político-urbanística en sus múltiples variantes: desde reclasificaciones irregulares de espacios protegidos hasta compra directa de concesiones de servicios públicos pasando por alteraciones de documentos públicos para conseguir los objetivos inmobiliarios deseados.
Hay múltiples ejemplos que se conocen cada día, por lo que una lista exhaustiva para ser justa ocuparía cientos de páginas referidas a toda España. Aunque el informe de Greenpeace que comento es solamente sobre la costa, no se puede ignorar que la locura corruptora relacionada con el urbanismo ha alcanzado también a territorios interiores y a las montañas españolas, donde también hay decenas de actuaciones judiciales.
El problema es transversal. Lo vemos en la personalidad de los que ahora comparten banquillo con algunos políticos para explicar cómo hicieron determinadas trapacerías: hay viejos y nuevos ricos, grandes empresarios y empresas, representantes de profesiones de prestigio, advenedizos sin oficio ni beneficio, mafiosos, conseguidores, lacayos que se escudan en la obediencia debida y oportunistas cuya única habilidad consiste en arrimarse a donde huela a dinero.
Y todos ellos relacionados convenientemente con prebostes de primera y segunda fila que han tenido la capacidad de permitir los negocios sucios y lo han hecho a cambio de participación en beneficios a priori o a posteriori. Aquí y ahora, sigue siendo tremendamente revelador de cómo se ha ejercido el tráfico de influencias urbanísticas y corruptas el libro “Conspiraciones Tóxicas” escrito por los periodistas Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal, con quienes, por cierto, no tengo otra cosa que la admiración a su trabajo. El subtítulo es revelador: “Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales”. Muy recomendable para comprender el daño moral perpetrado por los lobbies a la clase política en general y a la mayoritaria ciudadanía honrada. Perjuicio que va a ser difícil de eliminar, casi tanto como la destrucción material a la que ha sido sometida la costa, reflejada en el informe de Greenpeace, y en la que todos hemos perdido algo de nuestro patrimonio público.
Es terrorifico lo que hacen estos politiquillos de tres al cuarto en mi ayuntamiento.(Carballo) La Coruña
es un escandalo conceden licencias de obra a tutiplen es que es vergonzoso y despues no acatan ni las sentencias retuercen la ley y aui no pas nada son unos corruptos tanto el concjal de urbanismo como el alcalde no entiendo yo como esta gente no esta en la carcel que es creo yo donde deverian estar. la verdad es que no se ni como se atreven a pedir el voto, pero la verdad es que la gente cuanto mas corruptos mas les vota es un verdadero escandalo y yo hblo de mi ayuntamieno pero me parece que en los demas es mas de lo mismo dependiendo de lo que valga el terreno urbanozable, habria que mirar de sacales a los ayuntamientos la gestion del suelo creo yo antes de que sea demasido tarde que yo mucho me temo que ya mo es.
Estimado Sr. Vidal Coy, vengo del litoral montenegrino, donde la ambición aún no ha devorado las costas y las playas son realmente de todos. Lo de la «costa nostra» es un homicidio a la «gallina de los huevos de cemento» que diría el profesor Martín Mateo. Esperemos que en la costa murciana sepamos hacer ver a los ciudadanos que estos «adelantados» se valen de la competencia local para clasificar el suelo, la ineficacia judicial y de la presunción de legalidad administrativa para consumar el deterioro irreversible. ¡Una ILP para retirar competencias urbanísticas, pero ya!
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