Bhopal: la justicia ambiental lenta tampoco es justicia

Sabíamos que la muerte era fácil en India. Pero no que fuera tan barata. 3.000 muertes directas y otras 25.000 inducidas han costado a sus responsables unos 9.000 euros y dos años de cárcel, que podrán evitar pagando fianza. Hablamos de Bhopal. La sentencia se conoció el lunes y a estas horas de hoy ya corren ríos de tinta sobre el asunto.

A la vista del fallo, podemos concluir que los siete directivos locales de la empresa estadounidense Union Carbide, responsables de una fuga de gases tóxicos que causó la catástrofe, se han ido de rositas, como dicen los castizos. Tanto como el máximo responsable, Warren Anderson, en paradero desconocido (¿?) desde entonces.

De poco vale que el tribunal los culpabilice de “negligencia criminal” si la sentencia parece de una benevolencia indignante. ¿Qué es lo que ha facilitado semejante bondad judicial? El tiempo, sin lugar a dudas: el escape asesino de la fábrica de pesticidas ocurrió el 3 de diciembre de 1984. Mucho tiempo del que todo lo cura.

Las primeras reacciones de representantes de las decenas de miles de afectados –murieron “sólo” 25.000 pero muchísimos más sufrieron y aún sufren las consecuencias de la fuga— señalan a la lentitud de la justicia como coadyuvante a lo insultante del veredicto. En el mundo jurídico indio, heredero del anglosajón, semejantes retrasos en los procedimientos sorprenden. Entre nosotros, no.

Sucede, además, que esta sentencia calificada, con razón, de “ridícula” por algún representante de los miles de afectados, se conoce dos días después de que el fiscal español de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, anunciara que el juicio por el vertido del Prestige se celebrará, tentativamente, a final de este año 2010, ocho después del inicio del vertido, el 13 de noviembre de 2002.

No son casos similares, pero sí comparables: corroboran y reafirman la impresión, cuando no la certeza, de que la justicia lenta no es justicia. Y tenemos otros ejemplos a los que referirnos, como el de la tremenda contaminación con vertidos petrolíferos de la Amazonia ecuatoriana, entre 1972 y 1992, realizada Chevron-Texaco y todavía pendiente de resolución judicial.

Las tácticas dilatorias son un muy útil instrumento en manos de los acusados de delitos ambientales, lo que pone en entredicho la labor de la justicia en ese terreno, aquí, en Suramérica, en India... y en Estados Unidos. Sin querer ser agorero, acepto apuestas sobre la duración de los procedimientos judiciales que habrá, sin lugar a dudas, para que British Petroleum pague por actual desaguisado frente a las costas de Luisiana. Ahí va la mía: no menos de diez años. ¿Dónde estarán entonces los perjudicados por el crudo vertido en el Golfo de México?