Las claves del descontento con el pacto migratorio o “de la vergüenza” en la UE

El esperado Pacto sobre Migración y de Asilo de la UE ha cosechado, nada más salir a la luz, una buena cuota de descontento. La propuesta de la Comisión Europea da a elegir a los países miembro entre asumir la reubicación de refugiados o hacerse cargo del retorno de quienes no tengan derecho a estar en la UE, es decir, contribuir a su devolución mediante el pago o “patrocinio”, como prefiere llamar eufemísticamente Bruselas. El binomio no contempla las cuotas de acogida obligatorias para todos los países miembros, una idea que demanda buena parte del arco parlamentario, las ONG y los actores sociales desde 2015 para afrontar el drama fronterizo.

A priori, salen ganando los países del este que rechazan cualquier cuota de acogida -Austria, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia-, los países anti-inmigración. “Es una cesión, una compra a la agenda de la extrema derecha”, opina el eurodiputado Miguel Urbán. Sin embargo, estos Gobiernos han manifestado su desacuerdo con el pacto y mantienen posiciones de bloqueo. Ya han avisado de que solo apoyarán el cierre completo la frontera y el establecimiento de los llamados hotspots (centros de registro e identificación que en la práctica se convierten en centros detención) fuera de Europa. “Estos países no aceptan desde el inicio de 2015 que la UE les imponga cuotas sobre nada. Nosotros nos posicionamos en contra del binomio porque creemos que todos los países tienen que asumir una carga de reubicación”, explica Cristina Fernández Durán, de Oxfam Intermón.

Mientras tanto, Alemania considera la propuesta una “buena base” para las futuras negociaciones. Italia y Francia encuentran aspectos positivos en el pacto, mientras que Grecia ha anunciado que seguirá insistiendo en una cuota obligatoria para distribuir a los solicitantes de asilo y refugiados. España, que quería un compromiso común de acogida de una parte de los solicitantes de asilo que recibe, está haciendo esperar su respuesta.

La solidaridad opcional y el patrocinio del retorno

“Cada país puede optar entre aceptar a los migrantes reubicados o patrocinar los retornos”, dice la CE. Según la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, esto se debe a que Europa necesita tanto reubicar a migrantes -recordemos que miles de ellos continúan atrapados y en condiciones inhumanas en los países fronterizos-, como su regreso. Es decir, todos los estados tendrían la oportunidad de elegir entre contribuir a la reubicación de solicitantes de asilo y/o financiar su devolución o las instalaciones que contribuyen a que se efectúe ese regreso.

La decepción de las organizaciones humanitarias y que trabajan con personas refugiadas ha sido unánime. La apuesta por la expulsión ya ha fracasado en la práctica. El proceso es complejo y no siempre puede concretarse por la falta de acuerdos con los países de salida de las personas migrantes o refugiadas. Cáritas considera que la propuesta de Bruselas al final replica el modelo de “puntos calientes” o hotspots tipo el campamento de refugiados de Moria en Lesbos (Grecia) que ha resultado “ser un fracaso tanto para los inmigrantes como para la población local”. En este análisis coincide Oxfam Intermón. “El enfoque de hotspots establecido en 2015 ha fracasado rotundamente y debería eliminarse, no ampliarse ni reformarse”.

La preferencia por la expulsión

El pacto dedica poco espacio al derecho de protección internacional y de asilo, sino que abarca sobre todo el fortalecimiento de las fronteras y la “agilización” de los mecanismos de expulsión. “Se refuerza el mecanismo de cribado que dificulta el asilo. Todos los países que no son susceptibles de pedirlo no entran en la rueda, lo cual es contrario al derecho internacional”, avisa Urbán. Hacer más rápidos estos procesos de expulsión supone que pueden quedar fuera muchas personas con derecho a la protección internacional que no pasen el trazo 'grueso': refugiados LGTBI, personas procedentes de países que no tienen un conflicto oficialmente reconocido etc.

Además, otro de los aspectos centrales es la importancia que da el pacto a trabajar para el control migratorio con terceros países, de forma que controlen los flujos migratorios y contribuyan al retorno. Es una línea continuista en las políticas de la UE que hasta la fecha no ha obtenido los resultados deseados. “Otro elemento que ya era conocido y se refuerza es la condición de controlar las fronteras a cambio de las ayudas al desarrollo, algo que ocurre en países como Níger”, explica Urbán. En el pacto no se proponen demasiados elementos nuevos aunque, “otorga rango de ley a las malas prácticas que ya se estaban haciendo”, apunta Urbán.

El papel de España

Hay una parte que puede seducir a los países del sur, aquejados de recibir a toda la migración en sus fronteras. El Reglamento de Dublín, que todavía continúa vigente, establece que el primer país de entrada es el responsable de los migrantes que llegan. Italia, Grecia y España llevan mucho tiempo protestando por esta condición. Mientras tanto el nuevo pacto establece una parte de responsabilidad compartida: un mecanismo para soluciones de crisis que fije la contribución de los estados miembro, por ejemplo, ante llegadas masivas puntuales en las fronteras.

Sin embargo, hay cuestiones que no se abordan en el pacto como “el establecimiento de vías legales y seguras” para el desplazamiento de migrantes y refugiados a Europa. España junto con otros países “debería formar una coalición que diera un paso adelante, que diga que tipo de UE queremos”, señala Fernández Durán. “Tienen margen de maniobra. Falta el desarrollo legal de los reglamentos y el Parlamento Europeo también tiene que revisar el texto y dar su opinión”, añade.

“Gobiernos como el español, que se dicen progresistas, deberían oponerse en el Consejo. Deberíamos decir que no vamos a ser frontera de Europa y que ni siquiera haya solidaridad. Si España e Italia se plantaran como hacen los Gobiernos de extrema derecha, este pacto no saldría adelante”, indica Urbán.