Más de 100 organizaciones denuncian en la ONU “regresión de derechos” en España

España se examina en Derechos Humanos ante la ONU. Nuestro país debe rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas durante el jueves y el viernes. El Gobierno presentará sus propias conclusiones, pero casi 150 organizaciones de la sociedad civil española, que se agrupan bajo la Plataforma DESC, llevan a Ginebra un informe alternativo que tiene dos principales conclusiones: nuestro país sufre un grave retroceso de estos derechos en los últimos años y ha incumplido “sistemáticamente” las recomendaciones y dictámenes internacionales, incluso de los pactos que decidimos suscribir libremente. “Es necesario que el Gobierno cumpla”, ha indicado este miércoles Paloma García, que pertenece a la plataforma y a Red Acoge.

Las organizaciones y sindicatos que han llevado a cabo el informe, entre ellas Save The Children o CEAR, han estado trabajando a lo largo de año y medio en este informe, que abarca desde el año 2012 hasta el 2016. Consideran que “las medidas de austeridad de carácter fuertemente restrictivo” que se han adoptado en el contexto de la crisis económica y financiera no han protegido “el contenido mínimo esencial” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y han supuesto “una regresión en los derechos de gran parte de la ciudadanía”, según el documento que han elaborado. La población más perjudicada, según han analizado, es la migrante y refugiada, la comunidad gitana, las personas con discapacidad, personas LGTBI y las sin hogar.

En una jornada para presentar dicho informe en el Congreso de los Diputados, las organizaciones han criticado “la inacción” legislativa e incluso que el Gobierno haya establecido “un muro de contención” cuando los parlamentos autonómicos pretendían impulsar medidas propias para garantizar los Derechos Humanos. Por otro lado, Gabriela Jorquero (Save The Children) ha criticado que el Ejecutivo implantara medidas de austeridad sin hacer la evaluación de las consecuencias que tendría para la población más vulnerable. En el acto han participado también representantes del PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís y UPN, así como el magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

1. Asistencia y cooperación internacional

Las organizaciones españolas recuerdan que en el período entre 2012 y 2016 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha representado, como media, un esfuerzo de apenas el 0,18 % de la Renta Nacional Bruta, frente al 0,41 % que representó en el anterior periodo examinado por el Comité, alejándose del compromiso internacional (0,7 %) y siendo una excepción entre los países de la UE. Jorquero ha destacado que además es especialmente “preocupante” que parte de esta financiación a países en desarrollo acabe destinado a medidas de control migratorio que “directamente” van en contra de estos Derechos Humanos. Entre las medidas que proponen para corregir el problema es “fortalecer” el rol de las ONG en esta materia y marcar un objetivo de aumentar la ayuda hasta el 0,4% de la renta en 2020 y el 0,7% en 2024.

2. Igualdad y no discriminación

Inmigrantes, comunidad gitana, personas LGTBI y personas sin hogar son víctimas recurrentes de delitos de odio, según el informe, pero una parte importante desconoce los mecanismos que pueden utilizar ante esos casos. Un dato: el 51% de las personas gitanas han dicho sentirse discriminadas en algún momento durante los últimos cinco años, pero solo el 6% informaron o denunciaron discriminación. El Gobierno propuso realizar un mapa de la discriminación que aun no se ha realizado. La Plataforma DESC propone aprobar una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, entre otras medidas.

3. Igualdad y una vida libre de no violencia

“Señalamos el incumplimiento de las recomendaciones internacionales y el Protocolo de Estambul para eliminar la desigualdad y la violencia de género”, ha indicado Jorquero, quien además ha precisado que hay una ley para la infancia pendiente, que debería incorporar “mejores protocolos de actuación” en el caso de los niños víctimas del abuso y de la violencia machista. “Se estima que el 70 % de los procedimientos por abusos sexuales a menores se sobresee sin llegar siquiera a la fase de juicio oral, y en los casos en que llegan, los procesos duran de media 3 años y los menores deben repetir su historia al menos 4 veces”, recogen en el informe.

4. Incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales

Dentro de los Derechos Humanos, los económicos, sociales y culturales se encuentran más desprotegidos que los civiles y políticos, se señala en el informe. Se debe a que en la Constitución se encuentran ubicados fuera del ámbito de mayor protección como es la sumariedad. Las organizaciones creen que hay dos medidas urgentes: modificar la Constitución para que estos derechos estén igualmente protegidos y no supeditar el gasto social de las Administraciones Públicas españolas al principio del equilibrio presupuestario, tal y como establece la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución.

5. El derecho al trabajo y los derechos laborales

“El empleo es el mayor problema económico y social de España”, ha señalado Jorquero. Una de cada cinco personas que quiere trabajar no puede hacerlo. Las organizaciones muestran especial preocupación por “los parados de larga y muy larga duración” o las “altísimas tasas de desempleo entre los jóvenes”, señala la responsable de Save The Children. “Además, el trabajo ya no protege contra la pobreza”, ha remarcado, en alusión a problemas como los contratos temporales, las irregularidades administrativas y el debilitamiento de la negociación colectiva. La Plataforma DESC propone acabar con las figuras precarias de contratación o derogar la ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

5. Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

El informe recoge que el salario mínimo interprofesional en España sigue siendo uno de los más bajos de la UE, incumpliendo el objetivo establecido en la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Las organizaciones también denuncian la reforma laboral, que ha debilitado la eficacia general del convenio sectorial, el “desmesurado” aumento de la precarización o la brecha salarial. Por ello, proponen derogar reformas laborales del 2010 y 2012, y recuperar la inversión en prevenciones laborales. También creen que el salario mínimo debería situarse en 1.000 euros mensuales en 2020.

6. Libertad sindical, derecho de huelga

Jorquero ha denunciado “el efecto desincentivador” que ha tenido la conocida como 'ley Mordaza' para ejercer la libertad sindical y el derecho de huelga. “Mediante la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, cláusula de la época franquista que había permanecido inactiva más de 30 años, se ha producido una importante criminalización de la actividad sindical -especialmente de los piquetes informativos- que ha llevado a que más de 300 sindicalistas sean encausados en procedimientos vinculados a su actuación en huelgas generales”, explican las organizaciones en el informe. Por ello proponen derogar este artículo y la 'ley Mordaza'.

7. Protección a la familia y a la infancia

Las políticas adoptadas por el Gobierno español “no garantizan la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres en igualdad de condiciones” y “el sistema español de licencias parentales tiene un fuerte sesgo de género que tiene repercusiones muy negativas en el ámbito laboral para las mujeres”, critica la Plataforma DESC. Recomiendan realizar una reforma legislativa que establezca que los permisos por nacimiento y/o adopción deben concederse a cada progenitor de manera intransferible.

8. Derecho a un nivel de vida adecuado

“En los últimos años la tasa de pobreza ha experimentado una gran subida, alcanzando al 22,3 % de la población, unos 10.382.000 de personas. Especialmente preocupante es el 6,4 % de la población, más de 2,9 millones de personas, que viven en pobreza severa”, se señala en el informe. Por ello, proponen medidas como elaborar un marco estatal de Rentas Mínimas, aumentar su presupuesto actual, y permitir que pueda ser complementado por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas.

9. Derecho a la salud

Según las organizaciones, la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril y el Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, socavaron la universalidad del sistema sanitario público y ha supuesto “una grave vulneración del derecho a la salud”. También destacan que la nueva regulación ha supuesto dejar sin cobertura a todas las personas que se encuentran en España en situación irregular salvo en los tres supuestos en los que sí se les permite el acceso y que las más afectadas son las mujeres. Otro dato que destacan: el 99 % de la población ha estado expuesta a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

10. Derecho a la educación

Por ello, recomiendan derogar las normas mencionadas y proporcionar una cartera básica de servicios de pediatría a todos los niños y niñas que viven en España desde su nacimiento hasta los 18 años, “sin excepción de ningún tipo”, entre otras medidas. “Ademas tenemos una falta de consenso enorme respecto a la ley educativa”, ha señalado Jorquero en referencia a los desacuerdos parlamentarios que, por el momento, han dinamitado un futuro Pacto por la Educación. La Plataforma DESC propone, entre otras medidas, igualar el gasto público en educación a la media de la OCDE y protegerlo por ley de futuros recortes.