El fracaso del plan de acogida de la UE, punto de inflexión en el drama de los refugiados

Fracaso. Esta es la palabra que mejor define los programas de reubicación y asentamiento de la UE para refugiados que caducaron el mes pasado. El plan, que había sido acordado por los estados miembros en 2015, concluyó sin haber logrado el objetivo de acoger a 160.000 personas –una cifra ya de por sí poco ambiciosa, en comparación con el número de solicitantes de asilo--. Solo han sido trasladadas 28.242, un 18% de las personas acordadas. España forma parte de los diez países que más han incumplido con la cuota pactada: ha dado refugio a un 11% de las personas que se comprometió a recibir, es decir, solo ha acogido a 1.980 de 17.337.

Queda en evidencia un sistema que nunca ha funcionado, porque ningún país --a excepción de Malta--, ha cumplido con la cuota. Las ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) achaca el fracaso del plan a la falta de mecanismos efectivos de sanción contra los países, el estricto de criterio que solo permitía acoger a refugiados de ciertas nacionalidades, la falta de coordinación entre agentes, la nula voluntad política, o el acuerdo de la UE con Turquía que, a partir de su firma y en contra de lo acordado, ha impedido a los refugiados pedir asilo desde Grecia y verse obligados a regresar a sus países.

A partir de ahora, no pueden aplicarse mecanismos sancionadores contra los países que no han cumplido. “No hay una base legal para que se les pueda sancionar”, explica a cuartopoder.es Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política de Acción Humanitaria en Oxfam Intermón. “La decisión de 2015 solamente tenía base legal hasta que el acuerdo dejara de tener vigencia”, matiza. Sin embargo, la obligación jurídica de los estados par acoger a los refugiados no “expira”, tal y como repiten las organizaciones de Derechos Humanos y el propio comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos.

Las obligaciones no terminan, pero, a día de hoy, no existen mecanismos coercitivos contra los estados. No existe solidaridad ni voluntad política que lleve a la Comisión Europea a emprender medidas económicas contra los miembros de la UE, más aun cuando prácticamente ninguno ha logrado cumplir con la cuota. Pero el vencimiento del plazo para la acogida tiene un efecto negativo para los propios refugiados. “Las personas que estén en el proceso de reubicación, aunque no hayan sido trasladadas, seguirán en el mismo. Aquellos que lleguen a partir de ahora, aunque cuenten con los estrictos requisitos del sistema acordado en 2015, ya no tendrán la misma suerte”, explica San Pedro.

Más que en las sanciones, la Comisión Europea piensa en las “recompensas económicas”. El órgano ejecutivo de la UE pidió a los 28 que apoyaran un nuevo plan de asilo “voluntario” para acoger en los próximos dos años a unas 50.000 personas que serían trasladados desde terceros países de frontera directa con la presión migratoria, como Turquía, Líbano o Libia. Para este nuevo acuerdo, la CE está dispuesta a aportar 500 millones de euros, lo que supone ayuda de 10.000 euros por refugiado acogido. La idea se basa en que de los dos programas que los estados europeos acordaron en 2015 –el de reubicación y el de reasentamiento--, el segundo tenía compensación económica y es el que mejor ha funcionado. De los 22.500 asilados refugiados candidatos al reasentamiento, se han acogido a más de 17.000, con una recompensa de 6.000 euros por cada uno de ellos.

"No podemos detener la solidaridad hacia esa gente que está desesperada, por eso proponemos apoyar con la acogida de 50.000 refugiados, y espero que los Estados miembros respondan con compromisos ambiciosos", indicó Avramopoulos. La idea de la Comisión es que este plan sirva como ayuda hasta que salga adelante una propuesta de mecanismo permanente para recibir a refugiados, que fue presentada en julio de 2016, pero que no ha avanzado por la reticencia de varios Estados miembros. La comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo respaldó este jueves crear este marco común permanente y reclamó a la UE que responda a al menos un 20% de las necesidades globales marcadas por ACNUR, lo que implicaría acoger en suelo europeo a 240.000 refugiados.

La llegada de los refugiados, un drama que empeora cada día

Desde enero a agosto de 2017, llegaron a Grecia 15.300 personas y casi 100.000 a Italia. Aunque la cifra es bastante menor que el año pasado --en 2016 llegaron más de 180.000 al primer país y más de 180.000 al segundo--, los centros de acogida siguen desbordados. Según denuncia Save The Children, en Balcanes y las islas griegas la situación es “insostenible” con situaciones de hacinamiento de “hasta 16 personas durmiendo en tiendas para alojar a cinco, bebés durmiendo en el suelo y niños en condiciones muy peligrosas”. La ONG incide en que el 40% de las personas que llegan son menores y que, junto a sus familias, se ven obligados a vivir en refugios improvisados con cortes de agua, sin apenas saneamiento ni baños, y que las ratas y los insectos han invadido.

El mecanismo de reubicación, introducido con el fin de aliviar parte de la presión que tienen Grecia e Italia, no ha conseguido desarrollar un procedimiento específico para los menores no acompañados. Además, debido a las trabas en el proceso de solicitud de asilo, solo sirios y eritreos han podido acceder al mecanismo de reubicación, mientras que afganos e iraquíes han sido excluidos, quedando un elevado número de menores en riesgo --uno de cada diez niños que viajan solos a Europa son de nacionalidad afgana--, denuncia la ONG especializada en menores.

El plan de la Comisión Europea de 2015 además, según denuncia CEAR, ha sido “discriminatorio”. Desde el inicio se limitó la reubicación a personas de nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% de media en el conjunto de los Estados miembro. Esto ha supuesto dejar fuera del proceso a miles de personas que han llegado a Italia y Grecia desde países como Afganistán, Irak, Sudán o Nigeria –según datos de mayo, un tercio de los refugiados no serían “reubicables”--. Pero aun así, según datos de la propia Comisión Europea, quedarían 4.700 personas en Grecia y 7.200 en Italia “potencialmente elegibles” que, a pesar de cumplir con los estrictos requisitos del plan anterior, no han sido acogidos por los Estados miembros.

España, entre los países que más ha incumplido con la cuota

“Nadie nos obligó a firmar nada. España se comprometió por voluntad propia a acoger a refugiados y ha incumplido”, explica San Pedro. Las entidades Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, Coordinadora de ONGD, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red Acoge han realizado una campaña en la que varios ciudadanos aparecen “confesando” sus “incumplimientos” en el trabajo o en los estudios en el mismo porcentaje que el Gobierno incumple con la cuota de acogida de refugiados que le asignó la UE. “¿Qué pasaría si cada uno de nosotros dejara de cumplir con sus compromisos en el día a día?”, se preguntan las ONG.

Uno de los argumentos del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para no acoger a refugiados es que no quedan personas “reubicables”, un dato que ha sido desmontado por la propia Comisión Europea. Otro es que las personas que solicitan asilo no quieren llegar a España. “Si bien esto fue cierto al principio y todos querían ir a Suecia y Alemania, a medida que ha ido pasando el tiempo y veían que no tenían más remedio que quedarse en Grecia o en Italia, España ha empezado a ser un país candidato, según nuestros propios datos”, explica la portavoz de Oxfam Intermón. “Además, ¿por qué la gente quiere ir a otros países? Porque el paquete de acogida en esos lugares es mucho mejor que aquí. España tiene responsabilidad respecto al acuerdo que había firmado y su deber era mejorar el sistema de acogida”, indica San Pedro.

España tiene un enorme retraso en los procedimientos de asilo. El sistema ha quedado obsoleto ante los nuevos retos migratorios y el Gobierno central, reconocen las propias ONG, está desbordado. Ante esta situación, 25 ciudades españolas que conforman la red 'ciudades refugio' han reclamado que les sean traspasadas las competencias que les permitan acoger a personas que huyen de conflictos y de la falta de oportunidades económicas. Queda ver si la presión de los propios consistorios logra desbloquear la puerta a los refugiados, algo que ni la presión social ni las organizaciones han conseguido hasta la fecha.