María, de 9 años, carece de protección pese a haber demostrado abusos de su padre
La asociación Infancia Libre ha alertado este lunes de que la niña de 9 años llamada María (nombre ficticio) que grabó a su padre confesando que había abusado de ella, sigue desprotegida y teniendo que acudir al punto de encuentro con su progenitor. La situación es similar a la gran mayoría de los niños y niñas víctimas de abusos, ya que de los más de 150 menores que atiende esta asociación, solo hay cuatro que tienen el procedimiento abierto y tres que están protegidos con órdenes de alejamiento para los agresores, ha indicado a cuartopoder.es su presidenta, María Sevilla Sánchez. “Cuando denuncian, no se les cree”, ha explicado.
El grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado este lunes una batería de 25 preguntas junto a la asociación para exigir al Gobierno estadísticas sobre el abuso sexual infantil intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia de género ante “la opacidad” de los datos de estos casos, que no cuentan con “el foco mediático que tiene la violencia machista”. Las diputadas del grupo de UP-En Comú Podem–En Marea Ione Belarra, Sofía Castañón y Sara Carreño y la senadora del mismo grupo Idoia Villanueva, junto a la presidenta de la Asociación Infancia Libre, presentan estas cuestiones después de que la semana pasada un juez imputara por incumplimiento del régimen de visitas a la madre de María, quien grabó la autoconfesión de su padre para que la justicia la creyera y reabriera el caso que había archivado.
El vídeo de María no es el único que ha recibido la asociación, que cuenta con otros vídeos de grabaciones de niños que evidencian los abusos sexuales de los familiares. Según datos del Ministerio de Sanidad de 2015, el 23% de las mujeres ha sido víctima de abuso sexual durante la infancia. “Hay que tener un sistema de protección rápido para estos casos porque, si esto es como creemos, estamos dejando a los menores en una situación de horror absoluto”, explica María Sevilla.
La decisión del juez que atañe a la madre de María se produce por la existencia de “un sistema judicial hostil y poco adaptado a los derechos y necesidades de la infancia” que afecta a los menores en situaciones similares, denuncian desde Podemos. Actualmente hay tres juzgados que tienen causas abiertas que afectan a la niña: el que investiga al padre por presunto abusador, otro que investiga a la madre por incumplir el régimen de visitas y un tercero que tramita el divorcio de la pareja. La situación provoca que los niños y niñas puedan recibir abusos de sus progenitores porque se les obliga a cumplir el régimen de visitas y que las madres que se están negando a acatar las sentencias estén siendo imputadas por desobediencia civil, explica el partido.
Podemos advierte que los equipos psicosociales de algunos juzgados de familia están aplicando el controvertido Síndrome de Alienación Parental (SAP), una táctica que en las disputas de custodia normalmente utilizan los padres en contra las madres para argumentar que los relatos de los menores son falsos y que éstas están manipulando a sus hijos. Este supuesto trastorno, denuncian, se utiliza para no dar credibilidad a la palabra de los niños y presentarlos como “seres manipulables”.
Las preguntas registradas hoy tienen también el objetivo de que se conozca el número total de denuncias de abusos sexuales infantiles a nivel estatal, un dato que se desconoce. “Es evidente que la justicia no está teniendo un enfoque de derechos de la infancia y es fundamental poner en marcha medidas que protejan de verdad a los niños y las niñas, especialmente a aquellos que están en situación más vulnerable como los que han sufrido abusos”, ha indicado Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso y portavoz de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
El partido, que lleva en el programa una integral contra toda forma de maltrato y violencia hacia la infancia, pretende que se vayan tomando medidas ante un problema que consideran urgente e invisibilizado. La semana pasada Podemos denunció que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, dijo que los abusos sexuales debían tratarse “con discreción” durante una interpelación de su grupo. Sin embargo, la socialista asegura que las declaraciones fueron sacadas de contexto.
