¿Son los pisos tutelados la alternativa a los CIE?

Susana Ye *

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, propuso los pisos tutelados como alternativa a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). “No tiene sentido privar de su libertad a quienes no han cometido delitos”, declaró la lideresa de Ahora Madrid. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, la Fundación la Merced Migraciones y otras organizaciones especializadas rechazan la idea e insisten en cerrar estos centros de detención, pero el debate ya está abierto.

Un CIE, como una cárcel, es un centro de régimen cerrado. La diferencia con una prisión es que sus internos no son delincuentes: son personas cuya estancia en el país sin documentación en regla es una falta administrativa, según la Ley de Extranjería en su título IV, desde el artículo 53 al 64.  “Estar irregularmente en España no es delito sino una infracción con la naturaleza jurídica de una infracción de tráfico”, recalca Santiago Yerga, coordinador del Programa CIE de Pueblos Unidos.

Por ello, entrar en un CIE y estar en un piso tutelado dista más que los 4.000 kilómetros de distancia que hay entre Senegal y España. Este es el camino que emprendió Thimbo Samb, de 28 años, que dejó atrás su tierra en busca de una nueva vida y para poder ayudar a su familia a salir adelante. Y lo intentó hasta cuatro veces en patera. En 2006, logró pisar tierra española y llegar a las Islas Canarias. “Me recibió la Policía y estaba feliz”. De la comisaría pasó al campamento. “Éramos cientos y allí ya había miles”, recuerda.

Thimbo no tuvo intérprete a pesar de su escaso castellano. Tampoco abogado. Su rutina consistía en levantarse a las cinco de la mañana para desayunar y descansar apiñado junto a otros como él: “Hacíamos cola para todo y dormíamos como podíamos”. Estuvo 18 días. Otros llevaban 40. Al final, él fue uno de los afortunados. “Me llamaron por mi número y me dijeron que podía ir a recoger cultivos. No me di cuenta pero ahora sé que me insultaban”.

El mismo año que Thimbo conoció Europa, abrió sus puertas el CIE de Zona Franca de Barcelona, coincidiendo con uno de los periodos con más afluencia de migrantes: en 2005, hubo 4.767 llegadas solo a Canarias. En sólo dos años, la cifra se multiplicó por seis, hasta las 31.678 personas, según la Fiscalía del Estado.

Las situaciones de hacinamiento, violación de derechos, restricción de las comunicaciones, falta de asistencia sanitaria e, incluso, muertes, han sido documentadas por jueces, abogados y organizaciones sociales. “Una chica india se había quedado embarazada y escapó de un matrimonio forzado. Después de un tiempo, la detuvieron en España y la internaron por tener papeles falsificados. Si volvía, su padre la mataba por deshonra”, explica Olga Hernández, presidenta de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería (APAEM). “La depresión que padecen dentro es brutal”, sentencia.

Kangyun Xiao, abogada de oficio que ha atendido dos casos de internos en un CIE en el último mes, se queja de falta de recursos y de documentación. “Apenas tuve cinco minutos para hablar con ellos. Sin tener más información que sus testimonios -y sin intérpretes- tuve que defender que no se les internara y que no se les expulsara”, denuncia.

“Queremos criar a nuestros hijos aquí”

Un tercio de los internos en los CIE tiene hijos menores nacidos en España, según el informe de la  Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) elaborado en 2013. El Estado cuenta con 60 días para deportar a los retenidos. De no ser así, se les deja en libertad, decisión que se toma en el 40% de los casos, según datos del Defensor del Pueblo en su informe de 2011. La APDHE afirma que existen casos en los que la orden de expulsión es revocada judicialmente cuando el interno ya ha sido deportado, vulnerando los artículos 3 y 9 de la Constitución Española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Se echa a personas de África y de Oriente Medio. Castigan la pobreza”, asegura Christian Orgaz, del Observatorio del Racismo Institucional (RAIN). “Te quedas sin recursos y lo último es que te expulsen sin contar si tienes familia. ¿Hasta qué punto estamos legalizando la injusticia?”, añade Dayana, de SOS Racismo. Thimbo recuerda el CIE como un campo de concentración. En Valencia le acogió su primo y logró acceder a un piso compartido. “Fue el mejor momento. Éramos cuatro bajo el mismo techo y teníamos claro que no estaríamos en la calle nunca más”, relata.

Los pisos tutelados están regulados por el decreto 230/1998 y, al tratarse de asistencia social, dependen de cada comunidad autónoma, según el artículo 148.1.20 de la Constitución Española. “Los pisos tutelados son una opción no sólo más social e integradora sino menos onerosa para los derechos fundamentales”, defiende Pueblo Unidos.  “Aquí se trabaja la inserción laboral y se dan clases de castellano”, explica Esther Hidalgo, de Provivienda, una asociación que gestiona viviendas cedidas por las administraciones públicas para familias inmigrantes en riesgo de exclusión desde 1989.

Para Fátima (nombre ficticio por motivos personales) y Tomás es una novedad compartir piso. Ella es árabe, lleva más de 20 años en España y vive con sus hijos junto a una pareja de Ghana, padres de un niño de tres meses y de una niña de cinco años. Él , Tomás dejó Alemania hace ocho años. Estudiaba Medicina pero acabó en la construcción, sector estrella en época de bonanza. La crisis le dejó sin sueldo y con el fin del paro, vinieron las deudas. En 2014, su mujer, profesora de inglés, dejó su país de origen y ahora busca trabajo, como Fátima. “Queremos criar a nuestros hijos aquí”, aseguran. “Da igual si eres musulmán, budista o cristiano. Somos una familia. Nos respetamos“, se sincera Tomás.

Esther explica así la evolución de estas familias y de otras que, como ellas, han pasado por sus instalaciones: “Vienen depresivos y angustiados. A las dos semanas en el piso les quitas una mochila: pueden continuar con su vida”.

Los recientes intentos de fuga este año en CIE de Madrid, Barcelona y Murcia cuestionan, una vez más, el modelo de estos centros de internamiento. “"La gente no protesta en un cinco estrellas pero detener y encerrar a personas migrantes en un piso por una falta administrativa sigue sin respetar sus derechos"”, apunta Alessandro, de la Red de Acogida de Inmigrantes. Sin embargo, los colectivos especializados desconfían de la propuesta de Manuela Carmena.

“Estamos en las mismas: se les priva de libertad”

El Observatorio Contra la Violencia se niega a restringir los movimientos de las personas, sea cual sea el formato: “Los pisos tutelados cumplen su labor pero estamos en las mismas: se les priva de libertad. Dudo que vistas las condiciones en los centros de internamiento se invierta una millonada en alojamientos”. Merced Migraciones quiere evitar que se confundan los pisos tutelados con espacios donde pueda entrar la Policía, cuerpo que actualmente gestiona los CIE. SOS Racismo cree que lo importante es revisar la ley y desarrollar “proyectos inclusivos”.

Otras plataformas como Cear ofrecen además centros de acogida para solicitantes de asilo, apátridas, inmigrantes en situación de alta vulnerabilidad y refugiados dan respuesta a situaciones concretas.

cuartopoder.es ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si actualmente existe alguna iniciativa municipal para debatir, impulsar o desarrollar la idea lanzada por la alcaldesa, pero no ha obtenido respuesta.

(*) Susana Ye es periodista.