Sanidad, el ministro y el horizonte electoral

Usuarios en general, pacientes, médicos, enfermeras, farmacéuticos, colegios profesionales, sindicatos, industria del sector... todos aguardan a Alfonso Alonso (Vitoria, 1967), el nuevo ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, como a agua de mayo —aunque éste haya llegado en diciembre—. Es decir, esperan que sea el mago que todo lo arregla. Sin embargo, sospecho que se trata más bien de un prestidigitador, el hipnotizador apropiado para conseguir que la ciudadanía piense que, en materia de salud, el Partido Popular lo está haciendo de forma inmejorable.

La inanición de Ana Mato, su mudez y parálisis a lo largo de estos tres años que ha estado al frente del citado Ministerio ha dejado a las partes afectadas exhaustas. Todo el mundo anhela ahora que el nuevo ministro, y hasta ayer portavoz popular en el Congreso, haga “algo”. Pero ¿qué puede hacer el flamante ministro si tiene, a menos de un año vista, unas elecciones generales?

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, con su objetivo de ahorro de 7.000 millones de euros (el 10,7% del presupuesto total de aquel año) y el rimbombante y falaz enunciado de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” es el hueso duro que, según la opinión de quienes desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la Salud, Asuntos Sociales e Igualdad debería roer el ministro lo primero. Pero éste, el ministro, lo adelanto, creo que al tal hueso “ni lo va a oler”.

ceem Vpe (YouTube)

No va a roer, es decir, corregir, el concepto de “universalidad” del Sistema Nacional de Salud (SNS) que todo el mundo le reclama, quebrado a partir de la entrada en vigor del citado decreto. Entonces un amplio colectivo de inmigrantes se quedó fuera de cualquier cobertura sanitaria. La misma Organización Médico Colegial (OMC) tilda de “gran error” aquella medida.

Tampoco va a hacer nada, Alfonso Alonso, ¡ojala me equivoque! para recuperar el nivel de prestaciones sociales, o al menos recuperar parte de ellas, que colectivos de enfermos crónicos o de personas con distintos grados de discapacidad venían recibiendo hasta que el decreto-ley 16/2011 entró en vigor. Para nada hablará de las ayudas al transporte sanitario o para la ortopedia. Y menos de ampliar la cartera de servicios o de recuperar algunos eliminados, como reclaman los profesionales.

Por supuesto que no revisará —aunque el Gobierno prometiera hace año y medio que lo haría en función de la renta— el copago farmacéutico que los jubilados vienen sufriendo pues, dada la escasa pensión que tienen muchos, la medida les obliga, en no pocos casos, a prescindir de ciertos medicamentos por no tener para pagarlos. Tampoco supongo —o quizá sí— derogará el ministro esa ley que obliga al copago en la farmacia hospitalaria y que las autonomías, por su cuenta, se han negado a aplicar, estuvieran o no gobernadas por el PP.

Con todo, el reto principal que tiene el nuevo ministro es lograr que el ansiado Pacto Político por la Sanidad eche a andar de una vez. Un viejo anhelo para un viejo sueño que cada vez que en Sanidad hay un cambio de titular se renueva. De la mano de este pacto podrían venir, además, la reforma del modelo de financiación sanitaria, la homogeneización de la carrera profesional y la modificación del sistema retributivo de los profesionales. O la implantación de la gestión clínica en el SNS con criterios comunes para todo el Estado; una reivindicación, entre otras, del Foro de la Profesión recogida en los acuerdos firmados en su día con la anterior ministra, Ana Mato.

El desarrollo del decreto de troncalidad, la definitiva puesta en marcha del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios o la elaboración de un decreto que regule de una vez el precio y financiación de los fármacos son, también, algunos de los “toros” con los que Alonso ha de lidiar. No parece de recibo, por ejemplo, que mientras Andalucía lucha a brazo partido con la industria farmacéutica para conseguir mejores precios en algunos de los fármacos que dispensa a sus ciudadanos, en Madrid, el Gobierno, denuncie estas medidas ante el Tribunal Constitucional. Máxime cuando la Junta andaluza está demostrando que con medidas como las que propone se puede ahorrar. Ha ahorrado ya cerca de 100 millones de € y aspira a ahorrar al año unos 200.

Pero si de lidiar se trata, todavía tiene pendiente Alfonso Alonso proyectos que introducen severas novedades en ámbitos como la regulación del acogimiento familiar y las adopciones. La modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, defenestrada tras la caída de Ruiz Gallardón, pero que a toda costa esta empeñado en llevar adelante un sector del PP, es otra “patata caliente” con la que ex portavoz parlamentario popular ha de enfrentarse. Se trata de obligar a las menores de edad a pedir consentimiento paterno, en el caso de que tuviesen que abortar.

También bajo su mandato deberán materializarse algunas de las iniciativas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional de Violencia de Género, que aún no han tomado forma, y que, en síntesis, se trata de habilitar contra esta lacra más recursos.

En definitiva, llega el nuevo ministro de Sanidad a un territorio en el que aunque está más que explorado, pareciera que está todo por hacer. No le va a ser fácil, dure lo que dure, sacar temas adelante. Es el suyo un ministerio confundido y confuso: por un lado se le supone un poder ejecutivo, pero por otro la realidad es que quien gobierna la salud de los españoles son las comunidades autónomas. Eso sin contar con los lobbies de presión que merodean en su entorno como el de la industria farmacéutica o el de los equipamientos sanitarios; el “marcaje” que le hacen al Ministerio los colegios profesionales —recuérdese si no el fallido intento de regulación de los medicamentos homeopáticos en que se quedó— o el de los mismos sindicatos... Sin embargo, nadie duda de que ha de ser el Ministerio de Sanidad quien gestione ciertos temas. ¿Qué temas? Ah, ahí es donde Alfonso Alonso ha de dar el do de pecho y convencer a las comunidades autónomas de que cierta centralización es necesaria. Se trataría, en todo caso, de impulsar una vez más ese Pacto Político por la Sanidad; un pacto del que se viene hablando desde hace veinte años.