El juez, la incompetencia política y la privatización sanitaria

En medio del fragor que provocan los Bárcenas de turno, los Nóos, Gibraltar o el ruido y la mentira que rigen, por lo general, en la vida política, surge una gran noticia: llega el juez Carlos Gómez, del juzgado número cuatro de lo contencioso administrativo de Madrid, y le dice al Gobierno de esta comunidad autónoma que es un incompetente. Con todas las letras. Sí, en el auto emitido el pasado 3 de septiembre que paraliza la privatización de seis hospitales madrileños el juez escribe textualmente: “no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de su este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia” [el subrayado es mío]. Es decir, y para que todo el mundo se entere, si votamos a nuestros políticos para que gestionen lo público con la mayor eficacia, ¿por qué siguen ahí, instalados en el poder, cuando públicamente renuncian a esa gestión y la ponen en manos privadas, argumentando, además sin rubor, que éstas lo harán mejor? ¿No sería más correcto que dimitiesen y diesen paso a otros más competentes? ¿O es que ellos se creen arte y parte del negocio por el hecho de haber sido elegidos en las urnas? Así, pues, el magistrado Carlos Gómez le ha sacado los colores al Gobierno regional madrileño (aunque a Ignacio González, su presidente, le dé igual) y le ha desmontando, volviéndolo en su contra, el principal argumento que tenía para privatizar la sanidad: el de la eficacia.

Pero no sólo es una gran noticia el auto del magistrado Gómez por decirle a los políticos madrileños que se pongan a trabajar y se dejen de privatizaciones, no; también lo es porque, de alguna forma, se reconoce el esfuerzo que vienen realizando desde hace 10 meses miles y miles de personas —hasta un millón de firmas se han recogido en contra de la privatización sanitaria— que, manifestándose en la calle, celebrando asambleas, elaborando comunicados, confeccionando pancartas o participando en todo tipo de foros... han venido a confirmar lo importante que es, en Democracia, una sociedad civil concienciada y activa. Una sociedad civil a la que voces cruzadas, desde todos los ángulos, tildan de adormilada, embrutecida, embobada por “el fútbol” o por “la televisión basura” (por ejemplo), pero que en este caso, cuando se trata de defender un derecho fundamental como es el derecho a la sanidad pública, ha ocupado la calle con convicción y responsabilidad.

La batalla continua, es cierto. El Gobierno madrileño, en concreto el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ya lo ha dicho, no van a recular hasta intentar salirse con la suya. De “sentencia política” ha tildado el auto del juez Gómez; juez al que le niega la independencia y el criterio necesario para argumentar en este contencioso. ¿Y qué quieren que sea, un adalid de sus intereses? ¿Acaso hay algún argumento en la vida pública que no sea político? ¿No lo son los de ese Gobierno regional de Madrid, sus acciones, sus leyes, sus palabras? En la vida, de una u otra forma, todo es política, ¿verdad? De ahí la importancia que cobra esta paralización de la privatización de hospitales en Madrid ante la sociedad española, pues, como ya escribí en este blog, del resultado que depare la batalla sanitaria de Madrid dependerá en el futuro la sanidad pública en España.

El recurso, uno más de los muchos que aún están pendientes de resolución contra la privatización sanitaria en Madrid, había sido interpuesto, en base a la “defensa de los derechos fundamentales”, por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) que, prácticamente por unanimidad, se opuso desde el primer momento a la privatización.

Pero, ¡ojo!, no hay que caer en la euforia. A este respecto conviene recordar que ya el pasado 10 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a petición del Partido Socialista, había aceptado “las medidas cautelares urgentes” que este partido pedía contra el proceso de privatización, procediendo a una “suspensión cautelar”, aunque tan sólo quince días después levantó la suspensión, dándole la razón al Gobierno regional, que alegaba que los seis diputados socialistas que la pidieron “no ostentan interés legítimo”. Y, claro, al considerar el tribunal que estos diputados no estaban legitimados, archivó el recurso sin más y “pasó” de estudiarlo. Proceder que, en palabras de no pocos  miembros de la judicatura, además de “chocar bastante”, parece irregular.

La privatización de los seis hospitales —del Henares, del Sureste, del Tajo, Infanta Sofía, Infanta Leonor e Infanta Cristina— de la red pública madrileña que el Gobierno regional pretende sacar adelante afecta a más de un millón de personas, usuarios del sistema público de salud, que pasarán a ser, así, si se concreta, clientes (aunque sea con matices) de una empresa sanitaria mientras pierden su condición de pacientes del Sistema Nacional de Salud. Esto será así, aunque el Gobierno regional lo niegue. Y en lo que se refiere a los más de 5.200 sanitarios que trabajan en estos seis centros, de los que 2.000 son personal estatutario, es decir, funcionarios (de ellos, 560 médicos), ya saben lo que les espera cuando los hospitales lleguen a manos privadas. Aunque, en principio, los funcionarios tienen la opción de pedir el traslado, no todos, por distintas razones, podrán o querrán hacerlo. En cualquier caso, quienes acepten trabajar con Sanitas, Ribera Salud y el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo —las tres empresas adjudicatarias— descubrirán enseguida que trabajan más horas y que ganan menos.

Pero va a ser con los interinos y eventuales con quienes “se cebarán” las empresas. Claro, de alguna parte tendrán que sacar el dinero que pretenden ganar. A interinos y eventuales ya les están ofreciendo estos días entre 200 y 300 euros menos al mes de salario, más horas de trabajo, menos dinero por nocturnidad y nada de cobrar más por trabajar en domingos y festivos... Eso sí, todo ello a cambio de un contrato indefinido.