El aborto, ese veneno al que los hombres parecen inmunes

Desde un punto de vista estrictamente sanitario, restringir o impedirle a una mujer abortar en los primeros meses de embarazo, cuando ésta así lo desea y decide, es atentar contra su salud física y mental. Así de claro. Y no hablo del derecho que toda mujer tiene a decidir sobre su cuerpo, que, si se entra en ese terreno, la razón, entiendo, está también plenamente de su parte.

Atentan las restricciones al aborto contra la salud mental de las mujeres porque se les obliga a ser rehenes para toda la vida de una acción que las leyes (las leyes que dictan los hombres) no le dejan solventar, con el consiguiente daño psíquico, empujándolas, además, a pensar ¡no sin razón! que el poder es masculino y ellas nunca podrán ser libres allí dónde lo ejercen los hombres. ¡Piénsenlo bien Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia, Antonio María Rouco y compañía! ¿Pero, ustedes, qué van a pensar? A ustedes lo que les importa es el poder, ¿verdad?

Y atenta contra la salud física de las mujeres una restricción del derecho al aborto en esas primeras semanas de embarazo, porque, salvo aquéllas que tengan dinero y puedan desplazarse al extranjero para abortar con garantías, la mayoría habrán de hacerlo de forma clandestina y en precario, con el consiguiente riesgo para su salud. Esta situación ya la vivieron las españolas antes de que se despenalizara el aborto en España, en 1985. Hasta entonces, más de 100.000 mujeres abortaban cada año de forma irregular, de las que se cree que varios cientos morían por esta causa.

¿Qué pretende el Gobierno del PP con la reforma de la ley del aborto? ¿Volver a aquellos tiempos del oscurantismo y la dictadura, drama y dolor para miles de mujeres? No, mucho más que eso; lo que quiere es reforzar con una nueva ley su ideología de dominio, de la derecha y del poder masculino, y eliminar de un plumazo la base que sustenta la actual ley, y que no es otra que el derecho de las mujeres a decidir.

¿Pero por qué se muestran tan insensibles con esos miles de mujeres que, seguro, cada año van a seguir decidiendo abortar? Su falta de generosidad a nadie le extraña, pero que no entiendan que el pensamiento es plural, choca. No reconocer que las mujeres están en su derecho de abortar si lo desean, máxime cuando hay marco legal que las protege, es, simplemente, querer destruir lo que una sociedad de progreso ha construido. La experiencia de estos tres últimos años ha sido positiva, ¿verdad? Pues entonces, dejen la ley en paz. Desde que en 2010 se hizo la última reforma de la ley del aborto, que permite a las mujeres abortar libremente en las primeras 14 semanas de embarazo, no ha habido conflictos y, lo más importante, los españoles, mayoritariamente, han creído que este tema era ya un tema zanjado en España.

Efectivamente, resulta difícil de entender que el Partido Popular se empeñe ahora en dar pasos atrás. Frente a esa postura, mayoritaria y común, de los países de nuestro entorno, que es afianzar cada día un poco más los valores democráticos, tanto a nivel individual como colectivo, los populares, tozudos, postulan más restricciones y legislan para encerrar a un buen número de mujeres españolas (si abortan) en las mazmorras.

Con todo, lo que más indigna es que sea la Iglesia Católica, con el cardenal Rouco al frente, la que esté dictando la acción política del Gobierno.

Pero a ver si de tanto tensar la soga, ésta se rompe y el pueblo español se revuelve de una vez contra estos nuevos inquisidores y los empuja hasta el mar. A ver... No estaría de más que esa supuesta madurez democrática que ahora se le atribuye a los españoles —por permanecer tan callados ante la situación de corrupción e injusticia como la que se está viviendo— se emplease (la madurez) para salir a la calle para manifestar, unánimemente, el total desacuerdo ante la gravedad de los hechos. La reforma de la ley del aborto de 2010, que propondrá Ruiz Gallardón, supondrá un retroceso al menos de medio siglo.

Afortunadamente, no todo es ir para atrás, hacia la oscuridad, y de vez en cuando se ve alguna luz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar una sentencia en contra de una médica de atención primaria que se negaba a asesorar y a derivar al especialista a pacientes que le solicitaban información para una interrupción voluntaria del embarazo. Por lo que se ve, todavía hay personas que quieren ejercer su profesión (y no son curas) bajo el paraguas de la fe, al margen de las leyes racionales. Comulgar con determinados valores y creencias no da derecho a que haya que hacer una ley que se adapte a lo que cree cada uno, han venido a decirle los jueces, más o menos, a la médica Silvia Montoro, vinculada a varias asociaciones antiabortistas.

Los jueces entienden que su “libertad religiosa e ideológica”, en la que se basó esta médica para negarse a cumplir con algunas de las prácticas a las que su condición la obligaba, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico ni le da derecho “a comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias creencias”.

¿No habíamos quedado que este era un Estado “aconfesional”? Por qué, entonces, en el ejercicio de la profesión médica, en este caso, y dada su condición de funcionaria o funcionario, ciertas personas se quieren saltar, todavía, la ley para arrimar el agua a su molino, es decir, a sus creencias, y así negarle, a una paciente, la asistencia médica.

En cualquier caso, la sentencia es importante pues aclara por qué cualquier profesional no puedo objetar por cualquier cosa, saltándose el marco legal vigente; en este caso, en concreto, para no informar sobre la posibilidad de interrupción de un embarazo voluntario. La sentencia del TSJA también aporta, sin duda, un soplo de aire fresco a la política de catacumbas que está imponiendo el PP. Porque la maternidad es una opción, no una imposición, suelen decir las mujeres que tienen claro su derecho a vivir en igualdad con los hombres.