Una guerra de la que no se habla: el negocio farmacéutico

Junto con los fabricantes de armas, el lobby farmacéutico está entre los más influyentes del mundo. De su poder dan cuenta las cifras. Sólo en Europa, según datos de 2009, recogidos en la Memoria 2011 de la patronal Farmaindustria, en la Unión Europea hay más de 1.700 empresas farmacéuticas que dan trabajo a 532.000 personas, cuya facturación por producción y venta de fármacos ronda los 160.000 millones de euros anuales. España contribuye a engrosar estas cifras con 198 empresas, casi 50.000 empleos y una facturación anual de cercana a los 15.000 millones de euros. Ante tal volumen de negocio no es descabellado pensar que la capacidad de influir de esta industria en gobiernos, políticos y otros sectores, como el de la economía, es muy grande; sobre todo cuando se trata de aplicar políticas sanitarias.

Andalucía gastó en 2012, en farmacia, 1.665 millones de euros; una cifra que pretende reducir en 200 millones al año con la subasta de fármacos. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy se opone y, cada vez que la Junta convoca una subasta, el Ministerio de Sanidad recurre al Tribunal Constitucional (TC). Así ha ocurrido ya dos veces y así, insiste el Gobierno, va a ocurrir siempre que Andalucía persista en las subastas a fin de conseguir un mejor precio para los medicamentos genéricos. Afortunadamente, el TC, tras cumplir los plazos que estipula le ley, ha levantado la suspensión cautelar —ya lo ha hecho dos veces— y Andalucía, de este modo, puede seguir con su proyecto de abaratar los medicamentos.

Pero, ¿no está España en crisis —al borde del “rescate”, se dice— y lo que corresponde es reducir gastos? ¿A qué viene, pues, ese empeño del Gobierno del PP en impedir que la Junta de Andalucía, en este caso, consiga precios mejores para unas medicinas que, además, son de uso frecuente entre los ciudadanos? ¿Qué razones ocultas se esconden? ¡Seguro que hay gato encerrado! Y un gato gordo y rabioso debe de ser porque si no, no se entiende que entre unos y otros se despellejen “políticamente”, o se cursen amenazas y descalificaciones de grueso calibre. De "confabulación", "chantaje" y “vendetta”, han tildado algunos dirigentes del PSOE la actitud del Gobierno con la Junta y con los laboratorios que han concurrido a la subasta; primero “obligando” a algunos a retirarse del concurso y después, a los que han sido seleccionados para fabricar los medicamentos a un menor precio, forzándolos a aplicar ese precio en todo el Estado también.

Sí, la guerra existe; es real. Y se desarrolla en tres frentes: el primero es que el Gobierno no acepta que nadie amenace su monopolio de gestión farmacéutica. Tampoco lo aceptaba en su día el PSOE; eso es verdad. Tener la exclusiva para negociar con la industria y fijar el precio de los medicamentos y, por extensión, controlar todos los elementos que intervienen en ese mercado de 15.000 millones de euros anuales, sin duda, es poder. Poder, con mayúsculas, que ningún Gobierno hasta ahora ha querido compartir ni dejar que otros —las Comunidades Autónomas, por ejemplo— reclamasen su parte en el pastel. ¿Qué pastel? El pastel de las “ayudas” que la industria concede a la investigación, también aquí o allá, o a fondo perdido... O el pastel (que lo es), el de la salida “profesional” para algunos políticos que, cuando se caen del poder, acaban “colocados” en estas multinacionales, como asesores, o en otros "empleos".

La segunda batalla, quizás la más importante actualmente, es la que fabricantes de genéricos, distribuidores y minoristas —cada cual con sus intereses—, libran contra la Junta de Andalucía, vía presión al Gobierno. Es aquí donde en estos momentos tiene lugar la lucha más encarnizada. Las grandes multinacionales del sector (principalmente las que fabrican o comercializan genéricos) parece que están desviando parte de aquellas “ayudas” que antes iban a parar a los médicos (invitaciones a congresos, viajes gratis, etc.) al sector de la distribución y dispensación farmacéutica. Hay farmacias que reciben compensaciones importantes por vender determinados genéricos. Por eso no pocos farmacéuticos rechazan la política de subasta de fármacos que ha puesto en marcha la Junta. Por eso y porque a partir de ahora, con este sistema, las compensaciones revertirán directamente en la sanidad pública; es decir, en los ciudadanos, que pagarán menos por aquellos medicamentos genéricos —siempre con equivalente poder terapéutico— cuya comercialización  ha sido adjudicada previamente a una de las empresas que concurrieron a alguna de estas subastas.

En esta segunda batalla hay, además, otro frente: el que mantienen los fabricantes y comercializadores de genéricos. Este es un frente cainita porque, además de atacar a la Junta, a través de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y presionar al Gobierno aduciendo que van a tener que cerrar sus negocios, también se atacan entre ellos. En la AESEG hay empresas que son sólo distribuidores, no fabricantes. Y si una de las condiciones que pone la Junta —imprescindible— es la de tener capacidad de producción suficiente que impida el desabastecimiento, el resultado (evidente) es que los que son sólo intermediarios van a quedarse siempre fuera de juego. Y esto les duele; y es lo que hace que algunas empresas hayan denunciado irregularidades o profieran la amenaza de acudir a los tribunales.

Pero aún hay más. En general, los fabricantes de genéricos españoles aseguran estar satisfechos con las subastas. Algunos, como los Laboratorios Vir, adjudicatario de la fabricación y comercialización de varios de los fármacos subastados, aseguran que “por fin” van a sacarle todo el rendimiento a su fábrica. Y con beneficio, pues están hartos, dicen, de producir medicamentos genéricos para las grandes multinacionales y que ellas se lleven el beneficio.

A las dos subastas de fármacos que la Junta ha promovido hasta ahora se han presentado, además de las españolas, empresas de otras partes del mundo. La eslovena KRKA Farmacéutica ha obtenido 46 adjudicaciones. Frente a los que la acusan de no tener más que una oficina en España, la realidad es que en ese país los salarios son más bajos que aquí y eso permite a KRKA ofertarle a la Junta bonificaciones superiores al 20%. De modo que el beneficio para los andaluces es evidente.

El sistema de subasta de fármacos no es malo, aseguran las fuentes consultadas. Al contrario, permite una sana competencia, estimula la productividad y contribuye a que se ajusten a la baja los precios, acabando, en muchos cosos, con los abusos y precios desorbitados que hoy tienen algunos medicamentos genéricos. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy cada día tiene más dudas y se pregunta si no estará equivocándose al negar las subastas de fármacos. Y es que, si se aplicase este método en todo el Estado el ahorro calculado superaría los 1.500 millones de euros anuales con lo cual, por ejemplo, podría corregirse —suprimirse— el sistema de copago; medida que tanto daño está haciendo a los españoles de escasos recursos, fundamentalmente a los pensionistas. Comunidades, también gobernadas por el PP, como Castilla y León, ya llevan tiempo presionando al Gobierno para que le dé luz verde a la subastas de fármacos.

Pero aquí surge el tercer y último frente. En una guerra de la que nadie habla, algunas comunidades autónomas, las más pequeñas, quieren evitar a toda costa que otras (como la andaluza) negocien directamente los precios con la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, a mayor cuota de mercado, más margen para negociar precios a la baja. No es lo mismo comprar medicinas para 8,5 millones de andaluces que para el escaso medio millón de murcianos, por ejemplo. Si esto fuera así siempre los murcianos quedarían en desventaja. Aunque este argumento puede corregirse haciendo subastas a escala nacional o para varias comunidades autónomas juntas.

Lo que está claro es que en España la necesidad de recortar en el gasto farmacéutico ha sido siempre un argumento político recurrente, tanto del PP como del PSOE. Pero ningún Gobierno logró hasta ahora reducir esa sangría económica, difícilmente sostenible, que para las arcas del Sistema Nacional de Salud suponía la factura por consumo de fármacos. De una manera o de otra, y a pesar de las medidas que cada cierto tiempo tomaban los respectivos gobiernos, la factura seguía creciendo, casi siempre en torno a dos dígitos anuales, y muy por encima de lo que crecía el PIB. Puede afirmarse que la industria farmacéutica siempre se salía con la suya.

Hoy las circunstancias son otras. La situación de ahogo económico al que se ve sometida la sanidad pública está provocando que, en conjunto, la factura por consumo de fármacos se haya reducido en el último año un 12,2%. Una situación inimaginable hasta ahora para la industria. Y este nuevo escenario es el que alimenta esa batalla soterrada que en estos momentos se libra en España el negocio de los fármacos. ¿Quién ganará? Si los ciudadanos quisieran, y estuviesen más atentos, seguro que la victoria sería para ellos. Pero me temo que esto no va ser así y es muy probable que todo termine igual que estaba antes de “esta guerra”. O quizá no. Ya se verá...