El año en el que el dinero fue más importante que la salud

La lucha sigue. ¡Sí, se puede!, fue el lema que encabezó la última manifestación de La marea blanca. Los miles de personas que marcharon el pasado día siete de enero desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol de Madrid saben muy bien qué es lo que se está jugando en España en el campo de la salud. A partir de ahora los cuidados sanitarios de los españoles ya no serán los mismos para todos, ni bajo los mismos criterios. A partir de ahora, insisto, los inmigrantes sin papeles, los más pobres o los que sufran enfermedades complejas, crónicas o generen costes elevados con su tratamiento, y no tengan dinero o un seguro privado que les cubra los gastos, serán excluidos de la asistencia sanitaria pública, universal y gratuita... Esto sucederá al menos en esos seis hospitales y 27 centros de salud que el Gobierno regional de Madrid piensa privatizar tras aprobar, el pasado diciembre, los Presupuestos de la Comunidad para 2013.

Quienes trabajan en hospitales ya privatizados —o que se rigen por un “régimen de concierto”, para decirlo con un eufemismo— de la Comunidad Valenciana o Cataluña saben muy bien a qué me refiero. Hay pacientes que, si llegan con un cuadro clínico grave o complejo son derivados sin más a un centro público, alegando que “no tienen cama”, cuando en realidad se les está rechazando por el “coste excesivo” que al hospital le supone su atención, y que, lógicamente, repercute en su margen de beneficio. De ahí que estos hospitales privatizados (y los que privatizará Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, si el pueblo madrileño no se lo impide) incentiven a algunos médicos con complementos salariales si éstos seleccionan en urgencias, por ejemplo, a los pacientes que puedan dejar en la empresa un mayor margen económico. Sí, es cierto. Quienes trabajan en hospitales privados saben también que igual que el objetivo de ahorrar “como sea” en los costes es leit motiv de toda empresa privada gestora de un hospital, lo es, asimismo, “recaudar” a costa de realizar servicios sanitarios que no son complejos, necesarios o sencillamente son “simples”, pero por los que cobran de las arcas públicas cantidades importantes cuando los realizan.

Si antes decía que la empresa privada que gestiona un hospital público selecciona, en no pocos casos, pacientes en función del dinero que cuesta atenderles, puede añadirse también que su mismo afán por obtener beneficio económico a costa de la salud les lleva a seleccionar intervenciones quirúrgicas —las denominadas de “dudosa indicación”: operación de amígdalas, vegetaciones, colocación de prótesis, etcétera— que son con frecuencia innecesarias, pero que, al llevarlas a cabo, les dejan pingues beneficios, ya que cuentan como cualquier otra operación en la justificación de los gastos que debe abonar el Estado (la comunidad autónoma de turno) por esa actividad quirúrgica. En resumen, y para que quede bien claro: una sanidad de calidad, universal, por la que el ciudadano no tenga que pagar más impuestos que los que paga ya habitualmente, es imposible que sea negocio. Entonces, ¿a qué viene ese afán de algunas empresas como Capio, Ribera Salud, Sanitas, algunos fondos de inversión y otras aseguradoras en hacerse con los hospitales públicos?

¿Cómo conseguir que el PP rectifique cuando lleva en sus genes que con la salud también puede hacerse negocio? ¡Es imposible! Por eso, todo lo que digan al respecto los miembros de este partido (desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a sus diputados) aludiendo a conceptos como “ahorro”, “más calidad” o “mejor servicio”, es pura demagogia. Como en la novela de Los Miserables de Víctor Hugo —véase, si se quiere, la película recién estrenada al respecto para mejor ilustrarse—, el inspector Javert jamás renunciará a su presa, Jean Valjean, con tal de no modificar un ápice sus principios ni su escala de valores y conducta. Y esto a pesar de que Valjean está demostrándole, continuamente, que la vida no es un camino recto y que el axioma que defiende Javert de que si uno nace ladrón debe morir ladrón es completamente falso. Es decir, si el Partido Popular ha decidido (y “cree”) que la sanidad pública “se arregla” privatizándola, no va a cejar en su empeño mientras tenga poder para ello. Es demasiado goloso el negocio —sólo en Madrid más de 500 millones de euros— como para, siendo como son ahora depositarios del poder absoluto, renunciar a él. De ahí que no valgan otras explicaciones para este conflicto (el sanitario) que no sean las ideológicas. Como no sirven tampoco las de “el alarmante aumento del fracaso escolar” para desmantelar la educación pública. Que nadie se engañe: el Partido Popular ha decidido tirar por la calle de en medio y llevarse el agua a su molino, que es lo que hicieron siempre el poder económico o “las derechas”, antaño la nobleza, y después, en el siglo XIX, los que eufemísticamente se denominaban “moderados” cuando no eran más valedores del antiguo régimen, y que, en cuanto tenían ocasión, le daban carpetazo a la Constitución, disolvían las Cortes y gobernaban a base de un ordeno y mando.

En fin, ya sé que redundar sobre lo obvio es arriesgarse a espantar a quienes comparten, en principio, los postulados que aquí se defienden, pero, dado que empezamos año, si quisiera recordar en este primer artículo de 2013 algunos de los hitos sanitarios del 2012 que, en general, apuntan siempre a lo mismo: a que el partido que gobierna está decidido a acabar con uno de los pilares más sólidos que sostenía hasta ahora nuestra democracia, que no es otro que una Sanidad Pública, Universal y Gratuita (con mayúsculas) para todos los españoles. Veamos.

Comenzó el año con la polémica por las prótesis PIP (Poly Implant Prothèse) —en España unas 180.000 implantadas— que tantos quebraderos de cabeza y disgustos han dado a cientos de mujeres, además de destapar una cierta falta de ética en algunos miembros de la comunidad sanitaria. Luego, en febrero, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya adelantaba que la “asistencia sanitaria empeoraría a lo largo del año”, como así ha sido, según la opinión de una mayoría de españoles. Mientras, Ana Mato, ministra de Sanidad, seguía, erre que erre, diciendo que no habría copago, a la vez que proporcionaba carnaza a la prensa, a los profesionales de la salud y a la opinión pública, en general, al cuestionar la dispensa en farmacias, sin receta, de la píldora del día después. Apenas dos meses de gobierno del PP y ya se veía venir por dónde irían los tiros más rancios y conservadores en lo que a Sanidad se refiere.

Marzo se diluye preparando la Huelga General del día 29 mientras se anuncia para abril el medicamentazo. Ana Mato dijo, entonces, que estaba dispuesta a ahorrar 7.000 millones de euros en medicamentos a costa de los enfermos. Los pensionistas abonarían un mínimo de un 10% por sus medicinas con un tope máximo de 8 euros al mes; con todo, lo más grave de esta medida ha sido y es que les siguen cobrando sin límite a los jubilados por sus medicamentos y todo el dinero que pasa de esos 8 € mensuales aún no se lo han devuelto.

En mayo le toca el recorte a la ciencia. La inversión e I+D o en I+D+i cae a mínimos históricos (en algunos casos cerca del 80%) y el mundo científico se echa la mano a la cabeza y habla abiertamente de “la indiferencia del PP” con esta actividad. A partir de esas fechas el rosario de científicos jóvenes que emigra no deja de crecer. España, que tiene la generación mejor preparada de su historia, llora la diáspora de sus jóvenes valores mientras el gobierno, simplemente, les ignora. En junio el Gobierno le retira a 456 medicamentos la financiación pública; con ello pretende ahorrar cada año 450 millones de €. Paro la realidad es que esta medida va ahogar aún más la maltrecha economía de los enfermos más débiles; es decir, de aquellos que disponen de menos recursos para costearse los fármacos. En julio entra al fin en vigor la medida del copago, no con pocos problemas en la gestión del mismo. Y en agosto “estalla” —es un decir—  la bomba que deja a los inmigrantes sin papeles sin ningún tipo de cobertura sanitaria. Como ven, el año sanitario avanza hacia el abismo mientras va dejando cadáveres por todas partes o, por decirlo en términos más humanos: el Gobierno está dejando sin servicios sanitarios o con una asistencia en precario a infinidad de personas en este país.

Septiembre es ya tiempo de mareas y de movilizaciones. Arranca el curso con la entrada en vigor de alguna de las medidas antes citadas: la exclusión de los sin papeles y de algunos cientos de fármacos de la financiación pública. Y en octubre llegan ya las movilizaciones por los recortes: Asturias, Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia... se movilizan. Ya sean los médicos, ya los farmacéuticos; ora los ciudadanos, ora los enfermos... La sociedad española empieza alarmarse por lo que está sucediendo en su Sistema Público de Salud. En algunos hospitales públicos empiezan a faltar medicamentos —una experiencia que he vivido en primera persona hace menos de un mes— y el descontento es general en todos los órdenes y estamentos de la sanidad pública.

En noviembre surge en Madrid La marea blanca y en diciembre alcanza su punto álgido. Pero, a pesar de ello, a pesar de que miles de madrileños se unen en un grito unánime contra la privatización de parte de sus centro sanitarios, el Gobierno regional no ceja en sus planes de entregarle al capital privado 6 de sus hospitales y 27 centros de salud. Finalmente, y tal vez como aguinaldo envenenado de Navidad, el Gobierno aprueba nuevas medidas de ahorro a costa de los más débiles. Quienes necesiten una ambulancia para acudir a diálisis, para tratarse de un cáncer o por cualquier otro motivo que no sea “urgente”, deberán pagar un canon por el servicio. También por las prótesis, o por algunos de los fármacos que se dispensan en el hospital...

En resumen, el Gobierno actual del PP está haciendo con este país (con la Sanidad, con la Educación, con la Justicia...) algo que una buena parte de la sociedad española creía, ingenuamente, que jamás se atrevería ha hacer la derecha otra vez: gestionar este país que es España como si fuese una finca. ¡Su finca!