Al servicio de la mafia china

“Mi cuerpo sería un aviso a los comerciantes del polígono. Pensé que podía morir”, contó Jianzhi Z., en la Audiencia de Madrid durante el juicio contra siete miembros de la mafia china que le secuestraron el 3 de enero de 2009 frente a la tienda que regentaban sus padres en Vallecas. Ese mismo día a su madre le exigieron 300.000 euros. Nunca se efectuó el pago. Tres días más tarde la Policía lo liberó. En la resolución del caso participó el Grupo V de Extranjería y Fronteras -especializado en mafias chinas-, y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central. Se realizaron identificaciones, seguimientos e incluso se llegó a controlar un intento de pago que resultó fallido. Los agentes establecieron una conexión entre los autores del presente secuestro con otro ocurrido a principios de octubre de 2008. En ese caso  capturaron a un niño de corta edad que también fue liberado por la Policía Nacional. Entre los agentes que participaron en esa operación figura el inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, Jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y al que sus compañeros apodan el “Mini yo”.

Se trata de un inspector especializado en mafias chinas al que se le concedió primero la medalla blanca y, después, la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, según la Orden General 1911 del 27 de septiembre de 2011 firmada por el ex ministro de Interior, Antonio Camacho, y que está dotada  con una "pensión vitalicia del 10% del sueldo" del que el agente dispone en el momento de recibirla.  Este inspector, muy bien relacionado según fuentes policiales, ha pasado a engrosar la larga lista de imputados en la Operación Emperador, una investigación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales orquestado por miembros de la comunidad china a nivel europeo. Él sería supuestamente uno de los funcionarios de los que presuntamente se servía la mafia china.  No es la única operación mediática en la que participó. En 2010 explicaba la desarticulación de una importante organización delictiva dedicada a la explotación de mujeres para la prostitución a gran escala, que llevaba actuando 15 años y que obtenía más de 700.000 euros mensuales de beneficio y contaba con 15 sociedades mercantiles y numerosos centros de prostitución. La investigación se inició cuando los agentes empezaron a sospechar que tras los anuncios de contactos aparecidos en distintos medios de comunicación se ocultaba una organización que explotaba sexualmente a mujeres.

En las diligencias consta que presuntamente accedió a favorecer a la trama en determinados trámites a cambio de ‘regalos’ como viajes a China con todos los gastos pagados. El inspector trataba incluso al más alto nivel y así queda registrado en las escuchas telefónicas en las que se le registró hablando con Lizhen Yang, alias «Linzy», la mujer de Gao Ping, el presunto capo del grupo criminal, y quien, según los investigadores,  ejercía un papel clave en la organización. "Al policía  lo habían encumbrado. La mafia china es como la italiana, tienes que tener muy claros tus límites", aseguran estas fuentes.

Lo cierto es que cuando los investigadores plantearon detener al inspector en la misma Brigada Provincial de Extranjería y su lugar de trabajo, ubicada en la Avenida de los Poblados de Carabanchel junto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, el comisario responsable de la misma pronunció un "no" rotundo. Él mismo lo acompañó a la Comisaria General situada en Canillas y allí le informaron que sobre él pesaban los cargos de prevaricación y cohecho, que negó. El agente quedó en libertad  para que cumpliese con su obligación de comparecer en la Audiencia Nacional, como el resto de los detenidos. Según estas mismas fuentes, el agente ha encontrado el respaldo de sus superiores hasta el punto de montar una reunión con el resto de los jefes de grupo de la Brigada para explicar la situación. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, garantizó que actuará "inmediatamente" en caso de que el juez confirme la implicación de este funcionario en la supuesta red de blanqueo.

La Operación sigue abierta. Hay que atar cabos, fijar los hechos judicialmente y pedir nuevas diligencias judiciales. En el auto del juez Andreu, encargado de la instrucción, se matizan las diferentes actividades a las que se dedicaba la mafia. Así, por ejemplo, la de favorecer la inmigración ilegal mediante matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y chinos para obtener permisos de residencia y en la que participaba una gestoría situada en Gran Vía a cambio de ingentes cantidades de dinero. A los inmigrantes les cobraban unos 16.000 euros, que podían devolver trabajando gratis aproximadamente cuatro años en los diversos negocios de la trama. Pieza clave en este 'negocio' era un funcionario del consulado español del Pekin que, según el auto, estaría cobrando grandes cantidades por facilitar visados.