A estas alturas, no hay ya español al que los Presupuestos Generales del Estado para este año 2012 no le hayan metido el miedo en el cuerpo, sobre todo después de escuchar sobre ellos todo tipo de improperios. Primero, se hicieron ¡tanto, tanto! de rogar... Cuatro meses largos; exactamente hasta que el PP deshojó la margarita de su acceso al poder en Andalucía, durante los cuales todo el mundo especuló sobre ellos, más que nada, para ver como se las gastaban los populares. ¡Y ya sabemos como se las gastan! Los Presupuestos presentados en el Parlamento, a decir de la izquierda, son “un error” y “un castigo para los más débiles”. O “una medicina amarga aunque necesaria”, según el PP. Veamos.
Ha entrado Rajoy y su Gobierno con ellos en la casa de las cuentas del Estado como burro en una cacharrería; aunque eso sí, siempre mirando bien dónde pisan... no sea que se vayan a “hacer daño”. Es decir, teniendo cuidado de que las cuentas del Ejército, las de la Iglesia o las de la Casa Real no se trastoquen, por ejemplo. En cambio no han tenido reparo en pisotear a los que menos tienen... O en ofender a la intelligentia. A la investigación le han metido un tajo del 34%... “Que inventen ellos”, cabría recordar aquí, evocando al pensador Miguel Unamuno, mientras una generación de jóvenes investigadores brillantes, que se habían creído que por fin, ¡por fin!, que este país sería un país moderno que investigaba, va a tener que emigrar a donde les traten mejor y les valoren. Pero también la Cultura y la Educación, la política de becas, o todo aquello que tiene que ver con políticas sociales, han sufrido el hachazo restrictivo, confirmando con ello que a este Gobierno le importa un comino que el país sea más culto, esté mejor educado o tenga mejor salud. Los ricos, supongo que habrán pensado los respectivos responsables ministeriales, si necesitaran de estos recursos —educación, cultura, becas o ayudas sociales— pueden pagárselos. Pero a los más débiles... A esos, que los parta un rayo y que se apañen; y cuanto menos sepan, mejor.
Más aquí toca hablar de Salud y, si observamos las cuentas que se nos presentan para el presente ejercicio, descubrimos cuan maquiavélica y sibilina es la política. Si se mira desde el dato frío de la cifra, los 288,96 millones que pierde el Ministerio de Sanidad (un 6,8% respecto al año pasado: de 4.263,58 millones de euros se pasa a 3.974,62 millones) no parece que ésta sea una cantidad importante, máxime cuando la mayoría de las competencias en esta materia las gestionan ya las comunidades autónomas. Pero si se observa el presupuesto a través del “ojo ideológico”, en un apartado capital como es la Salud de un país nunca debería ser restrictivo el presupuesto, sino expansivo —y menos en ciertas partidas— pues es al Estado, y en su representación, al Ministerio de Sanidad, a quien le corresponde promover, financiar e impulsar proyectos sanitarios, y de salud pública en general, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y también al Estado, de alguna manera, le corresponde velar para que luego estos proyectos lleguen a buen puerto. Pero no, en esta ocasión, los Presupuestos de 2012 se “lavan las manos”, por decirlo de alguna manera, en lo que corresponde a la participación estatal en proyectos de salud pública y sólo mantienen las partidas presupuestarias —con mínima reducción— en las que se supone que van a sentirse “menos” perjudicados quienes supuestamente tendrían mejor sintonía con la ideología del PP.
Alguien podría decir que hilo muy fino e incluso que pienso mal, pero veamos algunos ejemplos. Se reduce en un 45% la aportación estatal a las políticas de salud pública. Y desde la Fadsp, Marcian Sánchez Bayle, alarmado, proclama que muchas de las estrategias y planes diseñados y puestos en marcha en los últimos años podrían irse al limbo. ¿Y dónde si no es más necesaria una intervención estatal y una aportación mayor de recursos si no es en el campo de la prevención? Pues es en aquellos sectores sociales más deprimidos, donde los hábitos saludables, la higiene, la dieta, etc., sufren una mayor desestructuración y desarreglo y donde, por consiguiente, se generará una incidencia sanitaria mayor. También a los enfermos de SIDA o a los colectivos con minusvalías, sean éstas del tipo que sean, se les reducen las ayudas de forma importante. En el capítulo de Políticas de Salud y Ordenación Profesional se rebajan un 75% los recursos. Puede entenderse que no sea urgente gastarse dinero en una “ordenación profesional” (puede entenderse) pero no se entiende demasiado como he dicho que se deje sin prosupuesto a las “políticas de salud”.
A la Atención Primaria —piedra angular para alcanzar la excelencia en la sanidad pública, como todo el mundo sabe— se le retrae presupuesto también. Es decir, no parece que el departamento que dirige Ana Mato haya pensado primero en los más necesitados, ni en potenciar y fortalecer el sistema sanitario público, como proclaman —ella y todo el PP— cuando dicen que, en materia de salud, el Estado del Bienestar no va a tocarse. Así, a primera vista, parece que ocurrirá todo lo contrario; que aquéllos que menos posibilidades tienen de acceder a los recursos sanitarios y, lógicamente, de pagarse una sanidad privada, no son, precisamente, los más favorecidos por el reparto de dinero en los nuevos presupuestos.
Además, por primera vez, el dinero que el Ministerio de Sanidad transfería a las comunidades autónomas para financiar proyectos concretos de salud, va a llegar vía Hacienda a estas comunidades, con lo cual, estas partidas pierden ese “carácter finalista” que hasta ahora tenían. Dicho de otro modo: las comunidades autónomas podrán gastárselo no en desarrollar el proyecto sanitario para el que el dinero fue adjudicado en principio, como era preceptivo hasta ahora, sino en tapar otros agujeros; pagarle a los laboratorios farmacéuticos o a los proveedores de material y equipamientos, por ejemplo. Esto es grave, pues es una decisión que va en contra de la filosofía dominante en el entorno occidental y de la opinión de la mayoría de los expertos, que creen que, en materia de salud, los recursos económicos que se adjudican al apartado salud deberían tener un carácter finalista.
En esta línea, protocolos dedicados hasta ahora a la prevención han desaparecido de los presupuestos; tal es el caso del dedicado a la atención de la salud bucodental de niños de entre siete y 15 años implantado en su día por el Gobierno socialista; o el ya citado anteriormente del SIDA. En el caso del SIDA, sin ir más lejos, no sólo se deja en desamparo a este sector de población en situación de riesgo o a la gente que necesita diariamente atención, asesoramiento o cuidados, sino que los grupos de personas (ONGs) que trabajan con ellos también se quedarán sin empleo. Pero no sólo hay acoso y derribo hacia los más débiles, no; el Partido Popular va más lejos. Ahora podrán concursar para desarrollar algunos de estos programas que aún se pilotan desde el Ministerio empresas de servicios aunque nada tengan que ver con la salud o la prevención, como ya ocurre en Madrid, y puede que ocurra muy pronto en Cataluña o Valencia, dejando de lado a ONGs especializadas, con personas cualificadas y muy preparadas para desempeñar estos trabajos.
En fin, como se ve, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 no sólo son fríos números; cifras asépticas que parece que no hacen más daño que el que se desprende del tener o no dinero. Son también “argumentos” ideológicos para impulsar en uno u otro sentido el devenir de la sociedad. Que a los sindicatos se les retire un 33% del dinero asignado, que las partidas para políticas de empleo se reduzcan un 21%, o que los recursos para luchar contra la violencia machista prácticamente desaparezcan, no son más que argumentos, como digo, armas ideológicas, pensadas y programados con toda intención en perjuicio de una sociedad que, creemos, necesita más justicia y más igualdad.