Se encienden las alarmas en la sanidad pública: ¿Qué hacer?

Reflexiona Mario Vargas Llosa en su libro-memoria El pez en el agua “sobre la fuerza del mito ideológico capaz de sustituir totalmente la realidad” al referirse al argumento empleado por los partidos de izquierda peruanos en aquel año de elecciones presidenciales de 1990, en las que él fue candidato. El argumento, recuerda Vargas Llosa, era (y es) que “por encima de todo”, proclama la Izquierda, debe prevalecer la conquista de “una educación pública y gratuita para todos”. Y explica el premio Nobel en su libro, cómo, entonces, pudo comprobar por sí mismo, durante la campaña electoral, que el Estado llevaba años sin construir una sola escuela —las construían los propios padres, comenta— y pagándole sueldos de miseria a los maestros por la falta total de recursos. Es decir, frente al “mito ideológico” estaba aquella realidad peruana pura y dura que, el hoy premio Nobel, proponía combatir con unas tasas académicas que pagarían aquellos que superaran cierto nivel económico o alcanzasen un grado superior de escolarización.

Dice el escritor que le llamaron y dijeron de todo. Conclusión: no se puede combatir “el mito ideológico” de “educación gratuita para todos” con otros argumentos que no sean los que emanan del propio mito. O sea, que el Estado, ¡y sólo él, porque así se lo exige la ley!, es el que tiene que habilitar los recursos necesarios para hacer realidad el axioma. Pero el problema surge cuando la ley es letra muerta porque quien ha de aplicarla (El Estado) no tiene capacidad de hacerlo... por las razones que sean, que pueden ser muchas. Algunas tan sencillas como que no tenga dinero.

Para terminar con Vargas Llosa, sólo faltaría decir, que, efectivamente, el Perú no ha resuelto hasta ahora lo de “una educación pública y gratuita para todos”. Al contrario, cada día está peor y muestra más carencias. Aunque, evidentemente, “el mito ideológico” al que alude el escritor sigue vigente.

En España ocurre lo mismo; no sólo con la Educación, que como todo el mundo sabe ha encontrado el “desahogo” de los “colegios concertados”, sino también con la Salud, tema del que se ocupa este blog.

Efectivamente, en Salud, el argumento incuestionable e intocable de que España se distingue por su “Sistema de Salud Universal, Público y Gratuito para Todos” es hoy caballo de batalla en las más altas instancias políticas y entre los profesionales del sector. Este mismo miércoles, la Organización Médica Colegial (OMC) —corporativista, donde las haya, y no, precisamente, conocida por sus posturas progresistas— ponía el grito en el cielo ante los recortes que se avecinan y hablaba de “rebelión” o de “denunciar”. Y recordando el manifiesto que emitió el pasado 28 de enero, Los médicos nos rebelamos frente a los recortes, se curaba en salud con argumentos tan loables como la necesidad de hacer una “oposición frontal” ante las mermas de calidad, “especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos”. ¡A buenas horas mangas verdes! Como si el problema fuera nuevo. ¿Y ese 70% de diferencia en el gasto sanitario que hay entre algunas comunidades, o las  desigualdades manifiestas en la cartera de servicios, no las conocían ya? ¿Por qué no dijeron nada? A ver si ahora resulta, como apunta la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que sólo se trata de “una cortina de humo” (la protesta) para tapar el apoyo que muchos médicos están prestando a la oleada de políticas privatizadoras que se anuncian. Sí, resulta un tanto sospechoso, la verdad, que órganos como los Colegios de Médicos propongan una rebelión cuando se han pasado décadas dinamitando propuestas de progreso hechas por algún que otro Gobierno. En cualquier caso, bienvenidos sean a la defensa de la Sanidad Pública, y bien está que se enfade la OMC porque, ante una situación extrema, lo importante es sumar fuerzas.

¿Podrá sobrevivir el Sistema Nacional de Salud (SNS) tal y como lo conocemos? Sería lo deseable, porque, hace más de una década que algunos venimos repitiendo que es necesario “implicar más al ciudadano-usuario-consumidor de salud”, además de a los profesionales (a éstos, en “labores pedagógicas” también), para que todos juntos vigilen y cuiden esta “joya” sanitaria que tiene España, envidiada en media Europa. Sin embargo, no la hemos cuidado mucho. Me comentaba hace unos días (sólo lo cuento como anécdota) la neumóloga marroquí Farida Abidin, pionera en su país en su momento, y directora de un hospital en Tánger durante 10 años, que ya cuando ella hacía las prácticas de la especialización en el Hospital 1º de Octubre, en Madrid, no dejaba de asombrarse cada día con la alegría con que allí se gastaban los recursos. Es decir, que el SNS en vez de aquilatar lo conseguido a lo largo de décadas de esfuerzo y sumar voluntades (desde la de los gestores a la de los propios usuarios) ha ejercido de “rico rumboso”, si se me permite la expresión. Y la consecuencia de eso es lo que está ocurriendo ahora, que la deuda contraída de más de 12.000 millones de euros, en gasto de farmacia y material sanitario, no se puede pagar.

Ante esto, ¿qué hacer? Se proponen recortes y medidas como el céntimo sanitario que pone en pie de guerra a otros sectores económicos, se habla del copago que espanta a muchos por injusto, o simplemente se dejan de prestar servicios; cosa que ya se está haciendo, por otra parte. O se entregan las instalaciones a la sanidad privada para que pague por su uso y así captar recursos que redunden (se alega) en beneficio de la comunidad. No es ésta una mala idea, si no fuera perversa. Porque, como apunta José Ramón Repullo en un artículo publicado en El País recientemente, refiriéndose a este tema de la cesión de instalaciones, “el perverso resultado es que los pacientes públicos hacen una transferencia neta de su bienestar económico y de salud a los que pueden pagar”. Así de claro: que los pobres pagarán con esta fórmula parte de la salud de los ricos.

Pero algo habrá que hacer, insisto. Y si el SNS que tenemos se basa “en la alianza entre clases medias y bajas”, según argumenta Repullo, “todo lo que debilite este contrato social es de una enorme irresponsabilidad y atenta contra el interés general de la sociedad”. “Por eso no deberíamos dejarlo caer aunque nos fuera la vida en ello”, concluye. Así que la propuesta, se me ocurre, es ponerse a trabajar duro en la concienciación, movilización y apoyo con acciones reales por parte de los partidos políticos y profesionales que lo creen así. ¿Pero será suficiente?

Tampoco el argumente de “alianza entre clases media y baja” las tiene todas consigo, porque, no se olvide —y no hace falta traer de nuevo a colación a Vargas Llosa para refutarlo— que “el acceso cualificado” de algunos grupos sociales al SNS permite, en cierto modo, que esta “universalidad e igualdad” subsista sin sobresaltos. ¿Cómo? Sí, lo explicaba en su momento el socialdemócrata sueco Olof Palme para justificar la supervivencia “armónica” de un sistema público de salud frente al siempre “beligerante” sistema sanitario privado. ¿Por qué tiene España una salud pública tan desarrollada y de tanta calidad frente a la privada que apenas representa en torno al 10%, si hacemos la excepción de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, donde se ha implantado últimamente un régimen avasallador de conciertos? Porque, según decía el político sueco, siempre hay unos grupos sociales que “se cuelan” (el entrecomillado es mío) y se saltan, por atajos, las vías de acceso; claro, no protestan, y eso permite seguir avanzando en “un desarrollo estable” de un sistema de salud universal y gratuito para todos, algo que sería más difícil conseguir si los que tienen “acceso cualificado” fueran beligerantes por tener demasiadas dificultades para acceder a él.

En fin, frente a la noticia que le ha “abierto las carnes” estos días a un buen número de partidarios y defensores de la sanidad pública, en la que se da cuenta de que el Hospital de la Seu d´Urgel ha habilitado, en la práctica, dos puertas: una para los pacientes de la sanidad pública y otro para los que tienen seguro privado, cabe insistir, si se me permite una vez más, que hay que movilizarse para que no se malogre lo conseguido. Porque, en la práctica, ¿qué puede hacerse con esos hospitales e instalaciones magníficas que tiene la Sanidad Pública, con esos profesionales de primer nivel internacional, si sólo van a poder funcionar a medio gas por falta de recursos económicos? ¿Se cerrarán los hospitales? ¿Se despedirá a los médicos? ¿Se buscarán fórmulas justas —por ejemplo, que paguen más los que más tienen— para mantener el sistema, tal y como está ahora? O se buscarán subterfugios, como recurrir a la sanidad privada, que cuenta con recursos económicos sobrados, a cambio de que ésta mantenga “vivos” edificios y quirófanos? Pues... por lo que se ve, y si la oposición social no lo evita, el Gobierno del Estado y los autonómicos, ahora en manos del PP, lo tienen claro: Venga para acá el dinero fresco, y usted (inversor) ocúpese de todo, parecen haber decidido. ¿Pero no es esto altamente sospechoso?, ¿cómo es que el dinero quiera hacer negocio con la salud? Alguien va a salir perdiendo para que haya beneficios... Está claro.

La reflexión que recogía al principio de Vargas Llosa no es baladí. Porque “lo del mito ideológico” debería hacer pensar, cuando menos a la Izquierda —siempre tan atenta a acuñar frases lapidarias ideológicas—, para corregir ciertos dogmatismos y “bajar a la tierra”. Y, por otra parte, quienes representan “el poder de oposición” ahora, y quiénes creen todavía en el sistema sanitario público, deben habilitarse con urgencia ante la sociedad y junto a ella emprender acciones concretas, ya lo he dicho, de concienciación y movilización. A mi se me ocurre, para terminar, que esa izquierda amplia que creemos que aún existe en este país, debería hacer una profunda reflexión primero, autocrítica, y luego ponerse a trabajar sobre esos planteamientos ideológicos universales (no de partido) que requieren “más pedagogía” e imbricación social. Lo que podríamos llamar “formación de ciudadanos”. Puede que eso no dé votos, ni poder; pero al menos habilitará a la sociedad española para hacerse responsable y defensora activa de su patrimonio; en este caso, de uno de los recursos patrimoniales más valiosos que tiene: el Sistema Nacional de Salud.

Porque si la salud es un Derecho, es de todo punto inadmisible que ahora vengan los Señores del Dinero y se hagan “por la cara” con lo que en los últimos treinta años hemos aquilatado entre todos. Entregarles la gestión de nuestra salud y los hospitales sin más, parece una aberración. Máxime cuando la sanidad privada jamás hizo nada por la pública, salvo buscar en ella beneficios.