Alertan de la falta de protección en los centros de personas con discapacidad psíquica

Hay población especialmente vulnerable a la pandemia del covid-19 y, dentro de ella, algunos colectivos menos visibles. Es el caso de la población que vive en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CADP). El sindicato Solidaridad Obrera ha denunciado que en los 10 centros públicos de estas características, que permanecen abiertos, se acusa falta de material de protección, pero también medidas específicas para aislar a los contagiados y así evitar el desastre. Temen que, como ha ocurrido en algunas residencias de ancianos, los contagios se disparen entre esta población de riesgo, que ya arrastra otro tipo de patologías.

De los 13 CADP totalmente públicos con los que cuenta la Comunidad de Madrid, tres se cerraron la semana pasada, y han quedado abiertos tan solo los que tienen residencia para estas personas con discapacidad, muchos de ellos tutelados por la región. “Hay muchos usuarios ya diagnosticados con positivos, con las plantillas al mínimo, también contaminados por el virus. Los trabajadores (…) han vivido con el virus durante semanas sin saberlo, por la falta de medidas tomadas por sus superiores, los mismos que les están mandando a otros centros ya contaminados”, denuncia Solidaridad Obrera.

El primer usuario diagnosticado con covid-19 de esta red de residencias fue un residente de Mirasierra, según cuenta David Cogosto, técnico especialista en el centro Ángel de la Guarda. Aunque ya se están practicando más test para detectar los contagios por el virus, lamenta que “no se haya hecho el test de manera generalizada a todos los que tienen una sintomatología” desde un primer momento. Esto, explica, impide aislar correctamente a los contagiados de los no contagiados y poder evitar la propagación del virus en los centros.

Hay que tener en cuenta que los usuarios de estos centros residenciales tienen dificultades para entender la situación y cumplir las rutinas que evitan el contagio. “Tendría que realizarse una separación de positivos y negativos, con una asepsia muy grande con el colectivo de negativos en un lugar donde no tengan tanto riesgo, por ejemplo, si se quitan una mascarilla”, explica Cogosto. El protocolo específico no existe, pero además los trabajadores denuncian faltan de equipos de protección individual (EPIS) y medidas de seguridad.

La situación tanto en estos centros como en las Residencias de Menores y en los Centros de Menores de la Comunidad de Madrid también fue denunciada este viernes ante la Inspección de Trabajo por CSIT Unión Profesional. Según denuncia el sindicato, la Agencia Madrileña Social (AMAS) “ha incumplido reiteradamente los criterios de protección de la salud de sus aproximadamente 10.000 empleados”. Indican que “no hay mascarillas o cuando las hay, no se proporciona el nivel adecuado de protección” o el personal no sanitario en contacto con los residentes “no dispone ni siquiera del gel hidroalcóholico que establece el protocolo”.

Cogosto denuncia que hasta hace tres días el material de protección no llegaba a los CAPD si no había usuarios con síntomas de covid-19 y que, todavía hoy, los trabajadores no cuentan con un número suficiente. “Hay que compartir batas o gafas oculares con gente de otros turnos, no es algo que uses tú solo. El material no está correctamente desinfectado”, comenta.

Pero además acusan una falta de personal propiciada por varios factores. Uno de ellos es que algunos educadores de estos centros han sido derivados a Centro de Menores, según Cogosto. Este técnico alerta del daño que puede suponer la separación de estos usuarios de los profesionales que conocen, que en algunos casos les han acompañado hasta 20 años. “Somos sus educadores de referencia y nos necesitan. Cuando tienes un vínculo con ellos es mucho más fácil explicarles qué ocurre, por qué llevamos mascarillas etc.”, explica.

Los profesionales de estos centros también denuncian la ausencia de personal médico durante los fines de semana, ya que por norma solo se encuentran en estas residencias de lunes a viernes. Esta falta se ha visto agravada especialmente este fin de semana, según explica Cogosto, ya que una parte del personal de estos centros se encuentra de baja médica. Solidaridad Obrera ha aprovechado para recordar que parte de esta situación se debe a “la privatización de los servicios sociales durante más de 20 años” de la Comunidad de Madrid “asumida por los sindicatos burocratizados” que ha dado lugar a “que de los 84 centros de la Red pública solo 13 son 100% públicos”.

Debido a la incertidumbre que rodea a la pandemia del coronavirus los profesionales de estos centros piden medidas que les permitan continuar su trabajo de manera segura, con ellos y los usuarios protegidos de manera que se puedan evitar muertes entre esta población vulnerable. “Necesitamos protocolos para aguantar todo lo posible con el menor número de casos”, indica Costosto.