Podemos culpa al Gobierno de “invisibilizar” el proceso contra los trabajadores de Alcoa

Este martes muchos focos se han dirigido a la visita que han realizado la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo al complejo industrial de la multinacional Alcoa en Cervo (Lugo). Al mismo tiempo, con menos focos, prestaban declaración en Ferrol dos personas citadas en el proceso judicial abierto contra dirigentes sindicales y trabajadores de Alcoa con motivo de la protesta que realizaron a las puertas del Congreso el pasado mes de marzo. Podemos considera que la visita del Gobierno precisamente hoy, tras un año de conflicto, forma parte de “una estrategia” que busca “invisibilizar” un proceso judicial “demencial” contra los trabajadores.

Para la formación morada el principal responsable de esta estrategia sería el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “no entiende que se deben respetar los derechos y libertades públicas” y encabeza “una estrategia represiva para meter miedo al movimiento sindical y obrero”, ha asegurado en declaraciones a cuartopoder.es, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales y diputado de Podemos, Rafael Mayoral. En su opinión los investigados defienden "el futuro del país" en contraposición a "la policía política del Ibex-35".

La investigación abierta contra los trabajadores de Alcoa se remonta al 28 de marzo. Ese día se produjeron incidentes en una protesta a las puertas del Congreso de los Diputados para exigir que no se perdieran puestos de trabajo en la planta de aluminio. Los investigados podrían ser acusados de “un delito de atentado a la autoridad”, aunque CCOO asegura que se trató de una protesta “pacífica” y que los manifestantes sufrieron “una carga policial”.

A finales de septiembre declararon dos trabajadores y este martes un trabajador y el secretario general de Industria de CCOO Galicia, Víctor Ledo, han acudido a ofrecer su versión de los hechos a los juzgados de Ferrol. "Seguimos denunciando que esto es una situación totalmente absurda que no se sostiene de ninguna de las maneras. Estuvimos manifestándonos de manera pacífica. La única incidencia que hubo es que el cordón policial se solicitó en una zona que no era la indicada", ha explicado el sindicalista.

La visita de Maroto y Feijóo a la única planta de producción de aluminio primario de Alcoa en España, que se ha producido precisamente hoy, le parece "una burla de mal gusto y una improcedencia". Que esta "extraña coalición" se haya acercado "sin una sola propuesta para los compañeros" le parece tan solo una acción "con fines electoralistas y demagogos". Tras 10 meses de protestas de los trabajadores, a finales de julio un fondo suizo confirmó que se haría con el control de las fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña. La operación evitará el cierre de las dos factorías y los despidos de 700 trabajadores y sus familias, pero según Ledo esta solución la han buscado los propios trabajadores ante la ausencia de respuesta tanto del Gobierno autonómico como del estatal. Sin embargo, los obreros de la plata de San Cibrao han comenzado a movilizarse porque ahora el peligro de cierre se cierne sobre ellos.

Mayoral ha acudido este martes a Ferrol junto a los diputados de Unidas Podemos-Galicia en Común Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz para apoyar a los trabajadores procesados. Allí los parlamentarios han participado en la concentración 'Defender a la clase trabajadora no es delito'. Una jueza de Madrid también había citado como investigados a estos tres diputados por “atentado a la autoridad” durante las protestas de los trabajadores de Alcoa el pasado 28 de marzo, aunque dejó sin efecto estas citaciones al comprobar que estaban aforados ante el Supremo. Mayoral ha denunciado también que "una jueza pueda estar investigando durante seis meses" a tres diputados sin que nadie tenga conocimiento de ello.

Los diputados de Unidas Podemos han exigido que se “garanticen los derechos de la gente trabajadora” y han denunciado un procedimiento judicial que “no tiene cabida en un sistema democrático". Además han pedido la derogación de la 'ley mordaza' y el artículo 315.3 del Código Penal, que los sindicatos llevan años denunciando porque, consideran, criminaliza la lucha laboral.

Mayoral ha aprovechado para exigir una “política industrial integral” que garantice el futuro en España. “El Ministerio de Industria no puede ser el ministerio de los cierres o el de la negociación con los fondos”, ha criticado, al mismo tiempo que ha exigido “una transición ecológica justa” con los derechos de los trabajadores.