Paralizar la LOMCE, revertir los recortes
La ley Wert nació muerta. Fue aprobada en medio de una gran contestación de la comunidad educativa en las aulas y en la calle y con una ausencia total de apoyos parlamentarios. La cuestión está en que mientras se deroga crea un caos que produce muchos daños educativos. Los problemas que supone la LOMCE son múltiples debido a su propio modelo y contenido. Es mercantilista, segregadora, antidemocrática en cuanto a la participación, competitiva entre alumnado y centros, está falta de financiación y no asegura la gratuidad, mantiene la doble red con la voluntad de fortalecer la privada concertada, desprecia a la atención a la diversidad , las enseñanzas artísticas y las humanidades. En fin, una joya de la pedagogía.
Las últimas elecciones autonómicas arrojan un resultado claro: hay un gran número de comunidades autónomas (CCAA) que piden la derogación de la LOMCE. La población que apoya a los partidos que se han comprometido a derogar la LOMCE es mayoría. A mediados de agosto se reunía la Conferencia Sectorial de Educación para analizar la puesta en marcha de la LOMCE con el nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo. Es un aristócrata, católico ultraconservador, amigo de Rajoy, cuya única relación con la educación es haber sido ser profesor en universidades privadas y miembro de los consejos de administración de centros privados.
En dicha reunión, doce Comunidades Autónomas (CCAA) se posicionaron en contra de la implementación de la LOMCE para este curso. Había una gran pluralidad en la coincidencia: gobiernos formados -o apoyados- por partidos como del PSOE, CDC, PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Podemos, IU, ERC… Eran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Comunidad Vasca. Es decir, todas las CCAA menos las pocas gobernadas aún por el PP. Y aun así, alguna como Madrid ha aprobado por mayoría una proposición no de ley en contra de la entrada en vigor de la LOMCE en esta comunidad autónoma.
El debate se produjo en medio del escándalo del nombramiento de Wert como embajador en la OCDE como pago a los servicios prestados. Los acuerdos alcanzados fueron mínimos. El ministro no aceptó ninguna de las propuestas que se realizaron para consensuar una ley de Educación adecuada a la realidad. La única concesión que hizo fue un compromiso de aplazar el decreto de reválidas en ESO y bachillerato, algo de nulo valor porque no está previsto que entren en vigor hasta dentro de dos cursos. Pero sí se mantiene para el nuevo curso la reválida de 6º de primaria. Sin embargo, a la opinión pública se ha trasladado la imagen de mayor concordia y diálogo, simplemente porque cualquiera que sustituyera a Wert tenía facilísimo un triunfo con el trato normal sobre la chulería. Conviene dejar claro que es una falsa imagen que la LOMCE se paralice porque no es así: todo sigue igual. Lo mismo pasa con el electoralista anuncio del ministerio de Educación de bajar las ratios de alumnado por grupo un 20%: sería para el curso 2016-2017, o sea, para cuando ellos previsiblemente ya no estén.
Aunque se intente trasladar a la opinión pública cierta percepción de cambio, sigue implantándose la nefasta ley conforme al calendario previsto. En el curso 2015-16 se acabará de aplicar en toda la educación primaria; entra en vigor en 1º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato, con los consiguientes cambios de currículos, libros, optativas y nuevos itinerarios como los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, y la continuidad de la formación profesional básica por segundo año. No atender al rechazo de toda la comunidad educativa, solo puede provocar más dificultades en los centros educativos y perjuicio a alumnos, familias y profesorado.
Mientras se paraliza y sustituye a la LOMCE se debe hacer algo fundamental: revertir los recortes que ha sufrido la educación pública. Ahora les toca a los gobiernos autonómicos que han mostrado su oposición a la ‘contrarreforma’ educativa del Gobierno del PP frenar esta ley disparatada y el deterioro de la educación pública. Aprobando, para ello, medidas más contundentes y realmente efectivas, para que el rechazo manifestado no se quede en fuegos artificiales sin ninguna consecuencia práctica.
Hay que recordar que las CCAA tienen transferidas las competencias de educación y tienen la obligación de adoptar medidas políticas y financieras para paliar los efectos negativos que produce la nueva ley. La LOMCE no impide a las comunidades autónomas elaborar presupuestos que aumenten la inversión educativa, la contratación de profesorado (faltan 30.000 profesores en la educación pública), la bajada de ratios, la recuperación de becas (libros, comedores, transporte, etc.) y reforzar la atención a la diversidad. Mejorando la gestión para asegurar el pleno derecho a la educación al cubrir las bajas del profesorado de forma inmediata para no dejar semanas al alumnado sin profesor; manteniendo la contratación de los interinos hasta que examinen, corrijan y participen en las Juntas de Evaluación de septiembre recuperando el derecho a las vacaciones y no ser despedidos el 30 de junio de cada año; realizando a tiempo los nombramientos del profesorado desplazado, en expectativa e interinos para que puedan participar en la organización del comienzo de curso, la elección de horarios, etc.
Los nuevos gobiernos autonómicos deberán demostrar que la educación es para ellos una cuestión de prioridad política. Es la manera de conectar con el sentir mayoritario de la sociedad, en un otoño en el que las urnas van a volver a hablar y la ciudadanía deberá tomar nota. Mientras tanto habrá que continuar, por un lado, con el debate y la ampliación de los consensos sociales y políticos en torno a una alternativa estable al modelo educativo a través del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” (NOTA 5). Por otro, esforzándonos por hacerlo lo mejor posible en la escuela, a partir de la complicidad y la participación de toda la comunidad educativa. Y, por supuesto, con el compromiso de los docentes para mantener ese aprobado del 86% que hoy en día recibe el profesorado de la escuela pública.
