Cincuenta y dos diputados y senadores cobran dos retribuciones del erario público

Cincuenta y dos diputados y senadores reciben dos remuneraciones del erario público, una por los cargos de responsabilidad y representación que ocupan en el Parlamento y en el Ejecutivo y otra por los trienios que acumulan como funcionarios públicos sin ejercer como tales. Casos como el del famoso exministro José Manuel Soria, que ejerció muy pocos años como economista y técnico comercial del Estado antes de dedicarse a los negocios familiares y que sigue cobrando trienios como si hubiera ejercido treinta años de funcionario, se repiten en todos los grupos parlamentarios con excepción de Unidos Podemos, ERC y el PDC.

Con independencia de las falsedades proferidas por Soria para negar las operaciones económicas en paraísos fiscales, y las añadidas por su exjefe Mariano Rajoy para defender el premio de su frustrada designación como director ejecutivo del Banco Mundial --algo sobre lo que volverá el Pleno del Congreso el próximo martes--, la doble retribución por el cargo y los trienios es normal entre los miembros del Consejo de Ministros. Así, el también cuestionado titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, cobra 7.496 euros al año por trienios como inspector de Trabajo; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ganó la cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid hace más de treinta años, acumula diez trienios como profesor, aunque prefiere no concretar su ingreso por antigüedad y declararlo con la retribución total anual bruta: 76.354 euros.

Idéntico mecanismo de suma global para no significar la doble fuente de ingresos del erario público emplea la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien declara unas retribuciones de 52.891 euros netos al año. La suma global es también el método elegido por Jorge Moragas, jefe del Gabinete de Rajoy, cuyo cargo le reporta 110.000 euros anuales, a los que se añaden los trienios como diplomático de carrera, con un resultado final de 115.750 euros brutos al año. En cambio, el titular de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, es más claro y concreta en su declaración el ingreso de 16.814 euros anuales por los trienios como letrado de las Cortes Generales.

La democracia “avanzada” que disfrutamos, según la frase al uso, persevera en la conservación de preceptos de una época de la cual los poderosos no renuncian a separarse. Y si un día la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo anuncia “la incompatibilidad absoluta” de dos retribuciones públicas, al siguiente abraza al aserto de que “la antigüedad es un grado” y lo aplica en beneficio propio y de los colegas que desde la función pública han pasado a la política (o a otra actividad) y mantienen los sacrosantos trienios sin que los más impetuosos reformadores señalen la contradicción entre la realidad y la retribución. El resultado es que uno de cada diez legisladores acumula y cobra trienios sin que en algunos casos hayan llegado a cumplir tres años en sus puestos de funcionarios. El Estatuto de la Función Pública, actualizado el 30 de octubre del año pasado, califica en su artículo 23 los trienios como "retribución básica", junto con el sueldo, es decir, que si un funcionario no percibe su salario por no ocupar su plaza tampoco tendría que cobrar esa parte básica de la retribución.

Sin embargo, con un margen de error por defecto, debido a que la declaración de algunas señorías todavía no se ha hecho pública y a que otras han eludido la obligación de consignar esos emolumentos, el Parlamento contabiliza 17 diputados y 7 senadores del PP cobrando sus sueldos y sus trienios aparte; 15 diputados y 4 senadores del PSOE en el mismo caso que sus colegas de derechas y 8 diputados de Ciudadanos y uno del PNV en idéntica situación. Unos son profesores, otros inspectores de Hacienda, otros sanitarios y no faltan miembros de la policía, la judicatura y los servicios jurídicos de las administraciones públicas.

En algunos casos, como el del veterano senador del PP Gabino Puche, que ha pasado la vida ejerciendo cargos políticos, la antigüedad como funcionario de la Intervención General de la Seguridad Social le reporta 7.168 euros al año. En otros, como el del presidente del Senado, Pío García Escudero, que fue fichado por José María Aznar a finales de los años ochenta, los trienios de funcionario de la Junta de Castilla y León le suponen un ingreso inferior: 4.648 euros. Los trienios todavía cuentan poco para la abogada del Estado, diputada y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, cuyos 1.133 euros anuales la sitúan en la cola de los perceptores del concepto.

Las cantidades oscilan según el empleo, la escala y la edad, lógicamente. Y el promedio se sitúa entre cuatro y cinco mil euros anuales. Una funcionaria como la arquitecta de Hacienda y diputada del PP por Pontevedra, Pilar Rojo Noguera, recibe 4.515 euros anuales por los ocho trienios computados, algo menos que su compañera María Jesús Moro, que cobra 5.235 por antigüedad de la Universidad de Salamanca y algo más que su colega, Eloy Suárez Lamata, que percibe 4.125 de la Diputación de Zaragoza.

Para unos representantes políticos con sueldos aseados o por encima de la media, el concepto por el que siguen cobrando ad calendas graecas les resulta simbólico e insignificante. Sin embargo, las cantidades que reciben superan en muchos casos la ayuda que percibe un trabajador en paro y que es incompatible, por supuesto, con cualquier otra retribución pública o privada. No se trata ya de que los 7.500 euros del ministro del Interior superen la prestación de un parado con más de un año sin encontrar empleo ni que los 17.000 euros anuales de su colega de Educación la duplique. Pero si alguien desea realizar la comparación, sin duda odiosa, entre trienios y prestaciones por desempleo he ahí la declaración de la histórica diputada del PP por Ciudad Real, María del Carmen Quintanilla, a la sazón presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, y la del trabajador del campo y diputado de Podemos Diego Cañamero.

Puesto que la comparación propuesta puede resultar ideológicamente intencionada, vale fijarse en otro ejemplo según el cual un diputado socialista como José Ignacio Sánchez Amor, percibe 427 euros mensuales por 14 pagas como letrado en excedencia de la Junta de Extremadura y la tarifa aplicable a un parado de larga duración sometido a cursillos de formación y reciclaje. Pese al anacronismo de un concepto retributivo injusto para todos los ciudadanos que han de seguir soportando el coste de quien no ha cumplido efectivamente los trienios en el cargo público sino en la política o en sus negocios (casos de Soria, Miguel Arias Cañete y muchos otros), hasta el momento ningún grupo parlamentario ha alzado la voz para ajustarlo a la realidad.