La exoneración de los jefes de Adif indigna a las víctimas de la tragedia del Alvia

Los familiares de algunos muertos y heridos graves en la tragedia del Alvia en Compostela no pudieron contener su "enfado e indignación" al recibir la noticia de la "desimputación" decidida de forma "inapelable" por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña de los 22 consejeros, altos cargos y responsables de seguridad de Adif. La Audiencia desautoriza y convierte en papel mojado los argumentos del juez instructor número 3 de Compostela, Luis Alaéz, que en septiembre pasado imputó a la cúpula de Adif  --incluído el presidente y varios altos cargos de Renfe-- para esclarecer las responsabilidades penales por la concurrencia de los fallos que provocaron el  accidente del 24 de julio en el que perdieron la vida 79 personas y otras 20 quedaron gravemente heridas y mutiladas. Según el veredicto de los magistrados Ángel Pantín Reigada, José Ramón Sánchez Herrero y José Gómez Rey, el único responsable es el maquinista José Francisco Garzón Amo.

La letrada Laura Lorenzo, quien lleva la defensa de varias víctimas que resultaron gravemente mutiladas dijo a este diario que "las familias están muy enfadadas con una resolución judicial que consideran injusta y contra la que no cabe recurso". Su compañero de despacho y también defensor de las víctimas, José Lorenzo, explicó que "el juez iba bien encaminado" en su instrucción dirigida a aclarar las responsabilidades, que no pueden ser imputadas únicamente al despiste involuntario del maquinista por atender una llamada telefónica del interventor del tren. Lorenzo consideró desacertada la decisión de la Audiencia y aunque señaló que la imputación del máquinista en exclusiva puede acortar el proceso, exigió saber "quién decidió ahorrar en materia de seguridad" en la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento el 24 de júlio, y en el resto de la primera línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

Los abogados Javier González y Alberto García, que representan a las familias de las víctimas agrupadas en la asociación Apafas tampoco comparten el criterio de la Audiencia y consideran que los argumentos del juez Aláez son más cercanos y más acordes con los hechos. González dijo a Europa Press que la decisión de la Audiencia les parecía "muy sorprendente. Es un auténtico desatino". Aunque el presidente de Apafas, Cristobal González Rabadán, evitó hacer declaraciones, los letrados defensores, que mantuvieron una reunión con los afectados, manifestaron que están "muy indignados" con la decisión. En todo caso confían en que el juez Aláez "siga buscando el esclarecimiento de los hechos" y que se le permita trabajar.

Para el letrado González "puede ser discutible la imputación" de los consejeros de Adif, aunque no la de los responsables de seguridad, también desimputados por los magistrados de la Audiencia. Entre ellos, el más notable es Andrés María Cortabitarte López --actuó de perito judicial en el accidente del Metro de Valencia-- quien un año y un mes antes del accidente cursó la orden de prescindir del sistema ERTMS de frenado automático de los trenes en el tramo entre Ourense y Compostela. Su testimonio habría permitido aclarar de donde partió la orden de precarizar la seguridad seis meses después de la entrada en servicio de la línea, en diciembre de 2011, para no perder tiempo ni perjudicar la facturación. También debía aclarar ante el juez Aláez y los abogados de las víctimas por qué el sistema ERTMS no era operativo en los ocho kilómetros anteriores a la estación de Santiago de Compostela y el sistema ASFA digital, en el que se confió, no estaba implantado, y el ASFA analógico carecía de balizas de frenado, de modo que todo quedaba en manos del maquinista que podía ver o no (según la niebla, abundante en esa zona) la señal de reducción de la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora.

La desimputación evitará ahora a los directivos y jefes de Adif tener que comparecer ante el juez instructor, que ya aplazó de octubre a noviembre los interrogatorios del director de suguridad en la circulación, Cortabitarte, del propio presidente de Adif, Gonzalo Ferre, y del máximo responsable de Renfe, Julio Gómez-Pomar, entre otros, atendiendo a una petición de Adif  por enfermedad del abogado. La compañía agenció los servicios de un bufete ajeno a la empresa para defender a los directivos imputados. Y la dilación concedida por el instructor les ha permitido recurrir y anular la imputación. Concretamene, algunos responsables de Adif acudieron personalmente a Santiago de Compostela el miércoles, 30 de octubre, para rubricar en la Audiencia provincial su petición de exoneración.

Contra los argumentos del juez Aláez, según los cuales, "los responsables de Adif tenían el deber normativo de garantizar la seguridad en la circulación sobre cualquier otro objetivo del sistema ferroviario y, sin embargo, en este caso se han dejado primar otros intereses no clarificados, que legal y reglamentariamente no debían haber sido sobrepuestos en ningún caso a la seguridad de los usuarios, sin hacer nada por mitigar los negativos efectos inherentes a esa indebida e ilegal decisión, debiendo hacerlo y pudiendo hacerlo”, los magistrados de la Audiencia han decidido que la dirección de la empresa no tiene "responsabilidad penal" porque nada desmuestra "su intencionalidad" en la tragedia.

Frente a la extensión de la responsabilidad por parte del juez Alaéz a quienes tenían el deber de conocer la situación “por la labor y responsabilidad que sus cargos conllevan” y no hicieron nada para subsanar el déficit en la seguridad de la circulación, con grave riesgo para la vida e integridad de las personas, lo que constituye, "cuando menos, una grave falta de diligencia por aquellos responsables tanto en la actuación preventiva como en la correctiva que les eran legalmente exigibles y que a la postre ha contribuido al fatal desenlace del pasado día 24 de julio”, la Audiencia alega que en una empresa tan grande como Adif, la responsabilidad descansa directamente en las personas que desarrollan los distintos cometidos -en este caso-, el conductor del tren.

Y suprime las imputaciones de los consejeros y directivos diciendo que “no hay datos” de que tuvieran “un conocimiento concreto de la situación de riesgo o de la adopción de decisiones que incidan en la misma, ni cabe suponer racionalmente que se debiera tener tal conciencia del riesgo existente en este punto concreto de la red viaria”. En relación con la función de los jefes de seguridad, la Audiencia, que ya exoneró el lunes a cuatro técnicos que declararon ante el juez Alaéz, señala que “no hay elementos que revelen deficiencias estructurales que denotaran la ineficiencia de los órganos o personas competentes en materia de seguridad dentro de la empresa”.

La ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, quien proclamó el 9 de agosto en el Congreso: “No descansaré hasta aclarar todo lo ocurrido por respeto a las víctimas”, expresó ayer su "respeto" hacia la resolución judicial al tiempo que reiteró que la disposición de su Ministerio a colaborar con lo tribunales "como desde el primer día, con toda la información y lo que requieran" y que seguirán "apoyando y ayudando a la víctimas para ayudarlas a evitar el sufrimiento que puedan tener". Mientras, las muestras de solidaridad con el maquinista, tanto de sus compañeros ferroviarios, que le consideran víctima de un accidente laboral, como de otras personas, ya superan las 50.000 firmas en las redes sociales.