Chile frente a los desafíos constituyentes

Susanna De Guio y Alessandro Peregalli

SANTIAGO-El debate alrededor de la Convención Constituyente que los chilenos elegirán el próximo 11 de abril ha tomado revuelo en las últimas semanas. El 11 de enero era la fecha límite para presentar las candidaturas, que hoy muestran cómo se compone el mapa de quienes concurren a ocupar los 155 escaños donde se va a debatir la nueva Carta Magna del país.

Será la primera constitución de Chile que será escrita a través de un proceso democrático, ya que las diez anteriores han sido producto de las élites oligárquicas, hasta la última y vigente, la de 1980, que fue redactada por la dictadura de Augusto Pinochet y que ha servido de base para construir el neoliberalismo radical que gobierna el país desde ese entonces.

En la sociedad es muy difusa la sensación de estar ante una ocasión histórica para derrumbar ese modelo político-económico que hace de Chile uno de los países con los niveles de desigualdad más altos del mundo. Al mismo tiempo, también se multiplican las reflexiones más críticas, que evidencian los obstáculos y las dificultades de poder alcanzar un proceso constituyente realmente participativo y democrático.

El Acuerdo y el Apruebo

“No estamos de acuerdo con el Acuerdo” es una de las consignas que se difundió en las movilizaciones en noviembre 2019, después de la firma del Acuerdo por la Paz y la Justicia Social que estableció las reglas del proceso constituyente en una larga negociación a puerta cerrada entre los partidos de gobierno y la oposición.

La demanda por una nueva Constitución fue uno de los reclamos más presentes desde el principio de la revuelta que estalló en octubre 2019, junto al pedido de renuncia del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, “el Acuerdo por la Paz vino a frenar la protesta más que a aportar a un proceso inclusivo, fue una decisión totalmente ajena a lo que pasaba en los territorios” explica Pía Meza, que compite para la Convención Constituyente en el distrito 10, en el corazón de Santiago y del país. Su candidatura ha sido levantada por un grupo de asambleas y cabildos y participa de la lista “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes” junto a representantes del movimiento No+AFP, la Coordinadora feminista 8M y el Movimiento por el Agua y los Territorios. “Nos habría gustado lograr una asamblea constituyente real, y a eso apuntamos en este proceso, así que la vinculación con los territorios será clave” recalca Meza.

Por otro lado, hay movimientos y organizaciones sociales que no se han sumado a este proceso electoral y su mirada crítica ha sido parte del intenso debate en torno al referéndum para aprobar o rechazar una nueva Constitución, fijado originalmente en abril 2020 y postergado a octubre a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

No obstante los peligros que muchos identificaron en el camino institucional, de volver a legitimar la misma clase política contra la cual se levantó la protesta, la participación a las urnas fue alta y el “Apruebo” arrasó con el 79% de las preferencias. El pasado 25 de octubre, los medios de todo el mundo reportaron imágenes de fiesta en la Plaza Dignidad en Santiago. Esa fecha fue un verdadero antes y después en la etapa de crisis política que vive Chile: quieran o no quieran sus protagonistas, el camino trazado es ahora la vía del cambio constitucional. 

Las reglas del juego

¿Cuáles son entonces los desafíos y los límites para poder alcanzar la transformación del país que desde las calles se viene exigiendo desde hace más de un año?

Uno de los principales límites del Acuerdo es la obligación de alcanzar los dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la nueva Carta Magna, lo que muy probablemente conferirá el poder de veto sobre las cuestiones más sensibles a la vieja clase política, sea esta representada por la derecha hoy en el poder, o por el centro-izquierda de la ex Concertación, que ha gobernado el país durante más de 20 de los últimos 30 años.

En segundo lugar, la Convención no podrá deliberar sobre los acuerdos internacionales de Chile. Se trata de una restricción importante, ya que entre ellos se encuentran una treintena de Tratados de Libre Comercio (TLC), firmados con decenas de países, que vinculan fuertemente la economía chilena a la exportación de materias primas y afectan derechos laborales y ambientales. Justo en este mes de enero, el gobierno intentó apurar la votación al Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), declarando urgente el proyecto de ley que por fin la Cámara Alta terminó postergando a marzo.

Escaños indígenas y afrodescendientes

Otro elemento que ha sido cuestionado apunta a los límites impuestos a la representatividad de la asamblea que deberá redactar la carta. El Acuerdo por la Paz estableció que la Convención será elegida con las mismas reglas del sistema electoral chileno, sin prever mecanismos que faciliten la participación directa de la ciudadanía, ni que garanticen la presencia de los pueblos originarios, que corresponden al 12,8% de la población según el último Censo del 2017.

La inclusión de la paridad de género en la Convención Constituyente ha sido la primera modificación al Acuerdo, en marzo 2020, fuertemente reclamada por el movimiento feminista, mientras que el debate sobre los escaños reservados para los pueblos indígenas y afrodescendientes ha sido postergado hasta diciembre, dejando muy poco tiempo a las comunidades para organizar sus candidaturas. Además, los 17 escaños que por fin han sido reservados para 10 pueblos indígenas dentro de los 155 cupos constituyentes son poco representativos y los afrodescendientes han quedado excluidos. “Lo que definió esta situación es la ideología racista del oficialismo chileno, que permeó toda la discusión política en ese momento” afirma Milene Molina, activista afrodescendiente. A diferencia de países como Brasil o la región del Caribe, donde la presencia afro  es manifiesta, aunque sufriendo un fuerte racismo estructural, en países como Argentina y Chile las élites han históricamente negado la pesada herencia colonial, buscando presentar sus naciones como sociedades casi homogéneamente blancas. Sin embargo, en Chile hay regiones donde la población afro es relevante: en el distrito 1, que abarca Arica y Parinacota en el extremo norte del país, donde es candidata Molina, llega al 4,7% según un estudio poblacional del 2013. “Cuando nos reconocieron como pueblo con la Ley 21.151 del abril 2019, los parlamentarios lo vieron desde lo cultural y lo folklórico, pero nunca pensaron que eso nos daba también derechos colectivos” sigue Molina, que deberá presentarse con una lista independiente fuera de los escaños reservados, mientras que su pueblo ya ha presentado un recurso de protección frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos. 

La Constitución chilena actual tampoco reconoce a los pueblos indígenas, y si bien existen otras leyes y el tratado internacional 169 OIT que amparan sus derechos, la falta de reglamentación, los atropellos de las fuerzas policiales, la usurpación de sus territorios por parte de grandes empresas hacen que varios candidatos indígenas vean como prioritario avanzar en el reconocimiento de sus pueblos y en la formación de un Estado plurinacional.

Correr de independiente

Para completar el mapa de las dificultades a sortear para que este proceso constituyente sea representativo de los sujetos políticos que lo han reclamado durante el estallido, está el acceso a las candidaturas de representantes de la sociedad civil que no militen en partidos políticos.

Después de algunos intentos de formar nuevos partidos y la apertura de los viejos a sumar candidatos independientes, en diciembre la magnitud de las críticas empujó el servicio electoral (Servel) a flexibilizar los criterios mínimos para la candidatura de independientes, bajando la cantidad de firmas necesarias para entrar en la contienda electoral de abril. A pesar del poco tiempo a disposición, al cierre de las candidaturas se había generado una verdadera multiplicación de listas independientes, que en algunos distritos son más que los propios escaños elegibles. Esto se debe en parte a la completa deslegitimación del sistema político en general que ha quedado en evidencia durante el largo estallido social. De hecho, distintas encuestas del pasado noviembre confirman que la mayoría de las personas están orientadas a votar por un candidato independiente (81% según Data Influye, 64% según Ipsos y Espacio Público). La proliferación de listas también denota un deseo de participación y una capacidad de organizarse desde la sociedad civil todavía vital a pesar de los largos meses de cuarentena y de medidas restrictivas que han vaciado forzosamente las calles chilenas en el 2020. La creación de listas de candidatos independientes ha tenido también intentos de articulaciones de alcance nacional, como es el caso de la plataforma Independientes No Neutrales y de La lista del Pueblo, que se presentan en 21 de los 28 distritos nacionales. En otros casos, los movimientos sociales vinculados a distintos territorios han levantado candidaturas comunes alrededor de una u otra lista local.

Si por un lado la proliferación de listas independientes es síntoma de una gran efervescencia y un posible aumento de la participación, por otro la fragmentación de la propuesta electoral es un factor de debilidad en el sistema electoral chileno que, a pesar de ser proporcional, tiende a favorecer los candidatos unidos en grandes coaliciones por tener distritos pequeños. Por esta razón la derecha chilena ha apuntado a conformar una sola lista donde conviven los partidos actualmente en el gobierno con el Partido Republicano de extrema derecha, representado por Antonio José Kast. En cambio, el campo progresista se presenta más dividido: por un lado hay el centro-izquierda tradicional, con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, y otros partidos menores unidos en la Lista del Apruebo. Por el otro está el comando Apruebo Dignidad, una coalición que reúne el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas políticas y sociales que habían trabajado de forma conjunta ya en la campaña por el Apruebo al referéndum. En fin, de una manera más fragmentarias, algunos partidos en el espectro de la izquierda han decidido correr en solitario: se trata de Unión Patriótica, brazo electoral del histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se presenta en 12 distritos, el Partido Humanista, en 7 distritos, la lista trotskista del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que tiene candidatos en 9 distritos, y el Partido Verde Ecologista, que se presenta en 15.

Otra ventaja que tienen los partidos con respecto a las candidaturas levantadas con las firmas de los habitantes de cada distrito, es que poseen la experiencia y el aparato logístico y económico necesarios para encarar una campaña electoral como la que se desplegará de ahora hasta el 11 de abril. Además del voto para la Convención Constituyente, en la misma fecha la ciudadanía será llamada a elegir alcaldes, consejeros municipales y, por primera vez, gobernadores regionales. La apuesta es muy alta y la sumatoria de las cuatro votaciones podría aumentar la confusión.

Probablemente debido a estas razones, algunos movimientos sociales han optado por entrar como independientes en las listas creadas por los partidos políticos en vez de armar una propia. Es el caso, por ejemplo, de Modatima, Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente que hace diez años sostiene luchas socio-ambientales y que ha decidido presentar cuatro candidaturas al interior de la lista Apruebo Dignidad.

Lo que está sobre la mesa

Más allá de las formas que cada sector social eligió para intervenir en el proceso constituyente, todos tienen claro que la apuesta es modificar las estructuras del Estado para poder redistribuir el poder y la toma de decisiones. Según Ignacio Achurra, actor de teatro y televisión, sindicalista en el campo de la cultura, que se presenta con el partido Convergencia Social dentro del bloque Apruebo Dignidad, “tenemos un sistema de sobre-concentración del poder en la figura presidencial, de herencia cultural casi monárquica, que hay que desmantelar para pensar otro sistema de gobierno”.

Más radical, pero en la misma dirección, plantea sus objetivos Manuela Royo, abogada con una larga trayectoria en la defensa de prisioneros políticos mapuche y candidata en el distrito 23, en la región de la Araucanía. Su desafío es “abrir espacios de participación que sean deliberantes, donde el pueblo, la ciudadanía, puedan decidir qué leyes quieren, cómo deben actuar sus representantes, como debe distribuirse la riqueza. Además queremos un Estado solidario y no subsidiario como ha sido hasta ahora”. Royo, que se candidatea por Modatima, evidencia también que “reconocemos como eje central la protección de la naturaleza y de los bienes comunes como el agua, que debe ser considerada un bien común y un derecho humano.” 

Otro grande protagonista del proceso constituyente ha sido desde un principio el feminismo, eje transversal a todas las reivindicaciones que se han sumado en las calles y movimiento masivo que mostró su fuerza el 8 de marzo pasado con una movilización de dos millones de personas. En casi todas las listas de independientes y movimientos sociales hay mujeres que provienen de espacios feministas, las candidatas están ocupando un rol protagónico después de la conquista de la paridad de género en la Convención Constituyente y empiezan a coordinarse a nivel nacional para imponer en la agenda algunos temas centrales como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Para Natalia Arriagada, en esta etapa será central “no soltar la calle”. Ella representa el Movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna en la lista “Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo”. Explica que la decisión de ser candidata fue tomada en asamblea y “fue la primera vez en nuestra historia que optamos por intervenir en un proceso electoral”. Sin embargo, es bien consciente de que la sola participación al proceso constituyente no será suficiente para alcanzar cambios profundos en Chile: “Es imprescindible que el pueblo se mantenga atento, en estado de alerta, organizado en torno al proceso constituyente. Tenemos que ser capaces de sacar la deliberación de las salas de sesión a los territorios, de denunciar los intentos por socavar el proceso y de movilizarnos cuando sea necesario”. Es por esta razón también que movimientos como los de las ocupaciones de vivienda no piensan abandonar sus agendas sociales, y en marzo organizarán el Viviendazo, una gran manifestación para reclamar políticas habitacionales más justas y el derecho a la ciudad para los habitantes de las “poblaciones”, como en Chile son llamados los asentamientos.  

El mapa político futuro

La apertura de un proceso constituyente simboliza una conquista popular del estallido de octubre 2019, una victoria que logra simbólicamente deshacerse de la herencia del pinochetismo y que pone en agenda las deudas de la democracia neoliberal y clasista chilena. Sin embargo, este primer resultado ha sido posible al costo de más treinta muertos, centenares de heridos y unas 400 lesiones oculares, y miles de presos políticos que todavía esperan en cárcel preventiva. La etapa constituyente que se abre ahora, y que pretende cambiar el modelo económico y social del país, también se muestra llena de obstáculos. 

Por estas razones, una de las claves será la participación constante de la ciudadanía, manteniendo activa la capacidad de movilizarse y con mecanismos capaces de vincular la actividad de la Convención a las organizaciones y asambleas territoriales, que tendrán un plebiscito final para ratificar o no el resultado de la labor constituyente.

Si bien el proceso político de los próximos meses está envuelto en la incertidumbre, es cierto que en 2021 Chile está llamado a remodelar su mapa político, no solo redactando una nueva Carta Magna, sino también renovando los cargos de alcaldes, concejales y gobernadores, y votará en noviembre para la Asamblea legislativa y por el propio escaño presidencial, donde el escenario está todavía completamente abierto. Es justamente en vista de este otro pleito que en la izquierda está emergiendo con fuerza la candidatura del alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue. Sería la primera vez de una izquierda anti-neoliberal con chances reales de ganar el gobierno de Chile.

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