El Pacífico colombiano: la reactivación del conflicto y el abandono de sus comunidades

Por el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza*

Del 30 de enero al 2 de febrero del 2020, una misión humanitaria recorrió los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Calima situadas en la parte rural de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca en la región del Pacífico colombiano. La razón de esta misión eran las diferentes alertas y denuncias, especialmente desde finales de 2019, debido a los enfrentamientos que se han dado entre disidencias de las FARC-EP (Frente Jaime Martínez) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la presencia de otros actores armados no identificados, grupos paramilitares y Armada Nacional, que habían afectado a las comunidades de las veredas y corregimientos -subdivisión de las áreas rurales en Colombia- de estos ríos con situaciones de confinamiento y desplazamientos de las comunidades.

Esta misión fue convocada por el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, NOMADESC y la Alcaldía del Distrito Especial de Buenaventura. A la misma se unieron mas de diez organizaciones (incluyendo Redher), acompañando instituciones públicas como la Defensoría y representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.

El puerto de Buenaventura es el centro de gravedad de todo lo que ocurre en esta región del Pacífico, compuesta mayoritariamente por afrodescendientes. La ciudad. de unos 400.000 habitantes, tiene una parte urbana con grandes déficits herencia del papel que se le asignó desde la época colonial en la que se le concibió como un muelle, un mero descargadero, a diferencia de otras urbes como Cartagena, así las élites dirigían sus negocios desde Popayan o Cali, lo que desde entonces ya le imprimió un carácter extractivista que hoy en día conserva y graves carencias como la falta de saneamiento y alcantarillado en el 40% de la parte urbana. El informe de 2015 del Centro Nacional de Memoria Histórica, Buenaventura: un puerto sin comunidad es claro y contundente: Buenaventura es “el primer puerto de Colombia y se encuentra entre los principales del Pacífico y Latinoamérica. Por él se mueven las principales economías, legales e ilegales, del país hacia el resto del mundo. La ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional junto con la existencia de este tipo de Estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el progreso de una creciente economía ilegal en el territorio. Los GAI (grupos armados ilegales) proveen de manera privada bienes públicos a agentes económicos, sociales e institucionales con los que establecen acuerdos y a la vez se nutren de las oportunidades financieras que ofrece una boyante economía criminal. La economía política de la guerra produce incentivos fuertes para que los GAI se interesen por desarrollar mecanismos que perpetúan la desinstitucionalización, lo cual conduce a que sus intencionalidades tengan que ver tanto con el control territorial como con el control poblacional, más que con un propósito antisubversivo o contraestatal”. Un diagnóstico que tuvimos ocasión de confirmar en los desplazamientos por las cuencas de estos ríos y en los encuentros y reuniones con las autoridades territoriales y miembros de las comunidades negras que en ellos viven.

La misión salió el 30 de enero del puerto turístico de Buenaventura en dos lanchas. Primero, por mar abierto, después, por los ríos rodeados de manglares hasta llegar a las primeras comunidades que nos reciben con hospitalidad. Estas comunidades viven alrededor del río, sus recursos son la caza, pesca, agricultura y pequeña minería tradicional. Cuando la temperatura del conflicto se eleva y sufren restricciones a la movilidad la pobreza, que históricamente viven, se agudiza generando graves problemas de carestía.

Durante los siguientes 4 días seremos testigos de la situación en que se encuentran. En servicios públicos: la inexistencia de agua potable, vertidos y energía. En educación: centros educativos en mal estado, algunos fueron demolidos de manera innecesaria y las obras proyectadas nunca se ejecutaron, obligando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ser trasladados a lugares no adecuados como centros de acopio y casas de familia; escuelas afectadas por proyectiles del Ejército en su enfrentamiento con la insurgencia. En salud: la alarmante situación de vulneración este derecho por la proliferación de epidemias y brotes como “la gota gruesa”; los promotores de salud no tienen garantías para el trabajo y no cuentan con los instrumentos de laboratorio necesarios como microscopios, para hacer exámenes adecuados, faltando hasta el papel para hacer los informes y la ausencia de lanchas ambulancia para sacar a los enfermos. En movilidad: una infraestructura de muelles en pésimo estado; el alto costo de la gasolina; y la pérdida de las lanchas comunitarias. Medioambientalmente: existe una profunda preocupación por la proliferación de la minería ilegal, así como por proyectos de exploración y explotación minera y de generación de energía por medio de hidroeléctricas que ponen en riesgo la vida de las comunidades y produce daños ambientales irreparables.

El resurgimiento del conflicto tras los acuerdos de paz constituye la amenaza mas importante y actualmente el escenario es mas complejo que antes de los acuerdos por la presencia de mas actores en reconfiguración, con enfrentamientos entre ellos y con una comunidad atrapada en medio del escalamiento del conflicto. La intensificación del conflicto armado pone en riesgo a la población civil generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural y riesgo de abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas.

La implementación inadecuada del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP ha generado confusión frente a los actores armados presentes en el territorio y propicia nuevos conflictos, no garantiza la seguridad física y jurídica para la reincorporación de excombatientes e impide el tránsito hacia la sustitución de cultivos aumentado el riesgo del micro consumo en niños, jóvenes y adolescentes, siendo vulnerables al reclutamiento forzado ante la falta de oportunidades que se les presentan. También destacan la falta de avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los acuerdos adquiridos con la comisión étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales. Respecto a la ruptura de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno Colombiano la petición mas reiterada fue que se volviera a las negociaciones entre las partes.

En diferentes momentos se constató la presencia de la Armada Nacional en los centros poblados de las cuencas de los ríos, violando el derecho internacional humanitario y el principio de distinción. Efectivos de la armada se encontraban en los ríos Naya y Raposo haciendo presencia en las riberas, habitando escuelas, puestos de salud y casas de la comunidad. La comisión recomendó a la Armada Nacional por medio de los organismos de control del Estado y la comunidad internacional el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Ante esta situación de crisis humanitaria y flagrante violación de derechos que enfrentan las comunidades, los representantes de las comunidades exigen que se implementen políticas públicas que respeten la normatividad propia que en Colombia tienen reconocida constitucionalmente los afrodescendientes. Entre estas normas: la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras que venían ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva; el auto 005/09 de la Corte Constitucional de protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado; el capítulo étnico de los acuerdos de paz con las FARC-EP… Los esfuerzos y avances realizados durante estos años, con ejercicios de participación para hacer efectivos estos derechos, se ven ahora peligrar con este recrudecimiento de la violencia que pretende intimidar a la población y sus líderes y lideresas.

Precisamente, gran parte de estas peticiones van a ser dirigidas al recién nombrado alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, un líder social que ganó las elecciones del año pasado y que proviene de las movilizaciones del Paro que se dio en Buenaventura en 2017 y que ahora tiene que afrontar un difícil gobierno en minoría y con las arcas vacías por la corrupción de gobiernos anteriores.

Pero lo que también se pudo comprobar es que los afrodescendientes que pueblan estos territorios, desde que a comienzos del SXVI se inició la esclavitud en Colombia, tienen unas tradiciones y cultura propia con gran capacidad de resistencia al desplazamiento y al despojo. No es casual que desde el momento en que fueron liberados de la esclavitud en la segunda mitad del S XIX se llamen a si mismos renacientes. Ahora afrontan una nueva etapa del conflicto, aunque para ellos es una más en los procesos de liberación y permanencia en el territorio que protagonizan desde que se establecieron en esta costa y ríos del Pacífico para construir sus comunidades y proyectos de vida.

* El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza es miembro de REDHER (Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia)