Colombia, tres años después de los acuerdos de paz

Tras cuatro años de diálogos en La Habana se consiguió llegar a un acuerdo que ponía fin al histórico enfrentamiento armado entre el Estado y las FARC en Colombia el principal grupo guerrillero del país. El texto emanado de esa negociación, que fue firmado el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, debía ser avalado por la ciudadanía a través de un plebiscito. Contra el pronóstico de muchos, el “no” a la paz se impuso en la consulta.

Finalmente, y tras una renegociación que incluyó algunas de las objeciones de los sectores que defendieron el “no”, el acuerdo fue nuevamente alcanzado. El 24 de noviembre de 2016 el Teatro Colón de Bogotá albergó la firma de esta segunda versión del acuerdo. Esta vez fueron el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia los encargados de ratificar el texto. La resolución, en este caso, fue positiva. 

Ahora, tres años después, el proceso de implementación se mantiene en un terreno ambiguo. En todo este tiempo se han dado avances muy significativos hacia la paz, pero también es cierto que destacan algunos elementos de bloqueo que dificultan que esta pueda irse consolidando con todo su potencial. En una semana en la que el país ha estallado en protestas contra Iván Duque, nos detenemos a analizar el proceso de paz.

¿Posconflicto o posacuerdo?

Para poder abordar este período inicial de implementación de la paz se requiere una primera reflexión terminológica. El espacio temporal en el que se da la construcción de la paz (peacebuilding) suele conocerse como ‘posconflicto’. En el caso colombiano, sin embargo, no está tan claro que pueda utilizarse este término. El conflicto –y la naturaleza violenta que le es en este caso inherente– no ha terminado en Colombia, sino que este más bien se ha transformado o reconfigurado. Es por este motivo que sería más correcto referirse a la fase actual como una fase de posacuerdo. 

La superación real del conflicto todavía requiere –además de más tiempo– mucho esfuerzo constructivo que vaya consolidando el proceso y acallando definitivamente los fusiles. Este esfuerzo debe surgir de ámbitos muy diversos. Aquí destacaremos tres que resultan fundamentales: el de la política institucional, el de los propios grupos armados y el de la sociedad civil. ¿En qué punto se encuentran ahora cada cual?

La (i)rresponsabilidad de la política institucional

Las elecciones de marzo de 2018 abrieron un nuevo ciclo tras ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos. El vencedor de esos comicios fue Iván Duque, quien asumió la Presidencia de la República de Colombia auspiciado por la corriente uribista. En el tiempo de mandato que ha transcurrido el actual Presidente se ha mantenido fiel a las ideas de dicha corriente. Esto implica una posición crítica respecto al acuerdo y su cumplimiento (cabe destacar que hicieron campaña por el “no” en el plebiscito). El resultado ha sido una línea de gobierno con una actitud confrontativa y de bloqueo que para nada ha facilitado el proceso de implementación.

Asimismo, cabe destacar que el actual gobierno se ha visto implicado en algunos hechos polémicos que visibilizan su actitud beligerante. El último ha supuesto la reciente –y forzada– dimisión del Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Esta ha venido dada por irregularidades en una operación militar, supuestamente dirigida a las disidencias de las FARC, en la cual al menos siete menores perdieron la vida.

Por otro lado, y siguiendo con la política institucional, cabe destacar que esta línea política ha conllevado una pérdida de apoyo social importante. Esto se ha podido visibilizar, por ejemplo, en las elecciones municipales y departamentales del pasado octubre, en las cuales el uribismo ha sufrido una importante derrota. La contraparte positiva de este retroceso ha sido el avance de posiciones más comprometidas con el proceso de paz. Cabe esperar, por lo tanto, que dentro de sus competencias, la implementación se asuma con mayor responsabilidad y voluntad política desde las alcaldías y departamentos. 

Los grupos armados: guerrillas y paramilitares

Las FARC se desarmaron en junio de 2017, tal y como verificó la ONU. No sin polémica, el grupo renunció a la vía armada pero no a sus siglas, de las que solamente cambiaron el significado: pasaban a ser la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Su tarea se trasladaba así a la política institucional. Las disidencias, cabe destacar, se mantenían –tanto cualitativamente como en cuanto a peso simbólico– en unos parámetros razonables en procesos de este tipo.

Este hecho, sin embargo, se ha visto recientemente truncado cuando personas de gran relevancia como Iván Márquez (jefe negociador de las FARC en La Habana) o Jesús Santrich decidieron salir de los márgenes del acuerdo, precisamente por constantes incumplimientos del mismo, y volver a la vía insurgente. 

Este hecho supone una importante crisis al proceso de paz y requerirá de una profunda reflexión si no se quiere que este, en alianza con otros grupos disidentes y otras guerrillas (el ELN, por ejemplo) tomen una mayor relevancia a través de las armas. 

Y hablar de grupos armados no requiere hacer alusión solamente a las guerrillas sino también a los paramilitares. Pese al proceso de desmovilización que se dio tras el acuerdo de 2005, la realidad es que estos grupos siguen teniendo una relevancia notable. Siguen haciendo uso de la violencia y manteniendo un control de facto importante sobre algunos territorios. Esto, cabe destacar, se da en muchos casos con la connivencia del propio Estado.

Estos grupos paramilitares, cabe destacar, mantienen su actividad criminal debido a los beneficios que esta les aporta. En este sentido –y esto puede aplicarse también a ciertos ámbitos de la guerrilla– debe hacerse una mención especial al factor del narcotráfico, que sigue siendo demasiado rentable como para que estos grupos renuncien a él. Hasta que estos intereses no sean cortados, los grupos armados seguirán viendo la violencia como algo rentable.

La sociedad civil: la dignidad entre la represión

La sociedad civil es la parte que, aún sin haber participado de la violencia, más la ha sufrido. En medio de los enfrentamientos y la lucha de intereses de las guerrillas, los paramilitares y el ejército, la gente corriente de Colombia, aquellas personas no implicadas en las dinámicas de guerra, son precisamente las que más víctimas han puesto en el conflicto.

Hoy, tres años después de la firma de los acuerdos, en Colombia la situación sigue siendo de extrema vulnerabilidad. La actividad de los y las líderes sociales sigue siendo reprimida y sigue suponiendo el peligro de la integridad y la vida propia. Así lo demuestran las cifras: más de 700 líderes han sido asesinados en este período de posacuerdo.

Más allá de la propia integridad del activismo social, elemento esencial para cualquier democracia, también es importante decir que hay una falta de apoyos y recursos a muchos de estos sectores sociales que ni se han visto reparados por los hechos victimizantes ni tampoco se les está facilitando la propia subsistencia. Un ejemplo son todos aquellos campesinos, antes forzados al monocultivo de la coca, que actualmente no pueden producir por falta de ayuda en la implementación del plan de sustitución de cultivos ilícitos. 

Pese a todo esto, esta misma sociedad civil damnificada es la que está levantando la paz con mayor voluntad y esfuerzo. El trabajo anónimo que realiza sobre el territorio la población civil es el que está permitiendo reconstruir lazos rotos y el que está generando desde la base un proyecto de convivencia pacífica para Colombia. Es esta lucha por la reconciliación y la dignidad la que está estructurando la paz, algo que tal vez ahora no pueda apreciarse en todo su potencial pero que, de bien seguro, las futuras generaciones darán buena cuenta de ello.