Erdogán reactiva el rodillo para sustituir las alcaldías kurdas por gestoras municipales

Erdogán ya lo advirtió mucho antes de celebrarse las últimas elecciones municipales el pasado 31 de marzo: si los nuevos alcaldes estuvieran relacionados con el terrorismo, serían sustituidos por gestores gubernamentales. El presidente turco realizó esta advertencia en una asamblea de su partido, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), de orientación islamista, en octubre de 2018 cerca de Ankara.

Cinco meses después de los comicios municipales, ha puesto en marcha la maquinaria para arrebatar al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que defiende los derechos culturales y políticos de los kurdos en Turquía, los numerosos ayuntamientos conseguidos en esas elecciones.

Y no se ha andado con minucias; ha ido a por los más importantes, tres de los treinta distritos metropolitanos con gran concentración urbana y al mismo tiempo capitales de provincia: Diyarbakir (Amed, en kurdo), con 1.732.396 habitantes; Van, principal centro turístico de todo el sureste del país, con 1.123.000 almas, y Mardín, con 810.525, de gran valor simbólico al ser la zona de Turquía con mayor población cristiana. A estas tres grandes zonas metropolitanas, hay que añadir las amenazas con aplicar la misma medida al Ayuntamiento de Kars, ciudad situada en el extremo norte del Kurdistán turco, muy próxima a la frontera con Armenia, e igualmente capital de provincia.

De acuerdo con las informaciones que llegan desde Turquía, las denuncias de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) y de los medios vinculados al HDP, cientos de personas que se manifestaban contra la revocación de los ayuntamientos han sido detenidas, entre ellas varios periodistas, y media docena de parlamentarios kurdos habrían tenido que ser atendidos en los hospitales debido a los golpes recibidos durante las cargas policiales.

La actuación del Gobierno turco se ha encontrado con las protestas de la Unión Europea, a través de Maja Kocijanic, portavoz para Asuntos Exteriores, pero también del Partido Republicano del Pueblo (CHP), socialdemócrata y principal de la oposición. Ekrem Imamoglu, que arrebató al AKP la importante alcaldía de Istanbul tras dos décadas de administración islamista, ha declarado que sustituir ayuntamientos electos por gestoras gubernamentales hará que la gente pierda la fe en su país, añadiendo que si realmente un alcalde está relacionado con actividades terrorista debe ser la Justicia quien actúe y no el Gobierno.

Esta táctica de utilizar la capacidad de acción que le permite al Gobierno el actual “estado de emergencia permanente” para arrebatar a la oposición los municipios bajo su control no es nueva y la viene practicando desde que esta excepción legal se impuso tras la intentona de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.

Desde el mes de septiembre de ese año, cerca de un centenar de localidades kurdas han visto cómo los representantes elegidos democráticamente el año 2014, con mayorías absolutas e incluso con más del 60 por ciento de los votos, han sido destituidos por este tipo de decisiones gubernativas.

En total, sesenta y seis alcaldes y alcaldesas han terminado en prisión tras la respectiva acusación de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), principal organización kurda de Turquía y calificada por Ankara como grupo terrorista. Lo mismo ha ocurrido con cientos de concejales.

Se da la circunstancia de que el HDP apoya en el Kurdistán de Turquía candidaturas paritarias, propugnando que todos sus ayuntamientos estén gobernados por un hombre y una mujer conjuntamente, una experiencia única en el mundo y que en esta parte de Oriente Medio adquiere un valor mucho más relevante debido a que la mayoría de la población kurda practica la religión musulmana.

Solo contabilizando el medio centenar de ayuntamientos que han sido señalizados en el mapa adjunto, se puede decir que cuatro millones y medio de personas han visto, desde el año 2016, cómo su voto ha terminado en el cubo de la basura, ya que el alcalde impuesto por el Gobierno del AKP era contrario al partido que había ganado las elecciones.

Lo más significativo del caso es que el 31 de marzo y pese a esa oleada de destituciones y nombramientos de gestoras, en muchos de estos municipios la población ha vuelto a respaldar las candidaturas presentadas por el HDP, lo cual quiere decir que con las medidas tomadas ahora en Diyarbakir, Van, Mardin y anunciadas para Kars, comienza a ponerse en marcha el rodillo del AKP para anular en el Kurdistán los resultados electorales del 31 de marzo.

Una vez nombrada la gestora gubernamental, los nuevos alcaldes, por lo general del partido islamista, comienzan a borrar las huellas dejadas por sus antecesores, eliminando de la vía pública aquellas señales o nombres de connotaciones kurdas. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con la fachada del Ayuntamiento de Diyarbakir, donde, tras la remodelación ordenada por el nuevo gestor, desapareció la palabra Amed, que es el nombre kurdo de esta histórica ciudad, al mismo tiempo que se colocaba junto al escudo municipal una bandera de Turquía que antes no estaba.

Otros cambios tienen un mayor calado político. En Catak, localidad de 24.000 habitantes próxima a Van, el nombre del parque Tahir Elç fue sustituido por el de “shahid" (mártir) Ali Ogun. Tahir Elç era el decano del Colegio de Abogados de Diyarbakir y fue asesinado el 28 de noviembre de 2015 cuando, en plena conferencia de prensa, denunciaba las operaciones militares en el casco antiguo de esta ciudad; por su parte, Ali Ogun, era un “vigilante de aldea”, cuerpo paramilitar que colabora con el Ejército, y que fue asesinado por guerrilleros kurdos.

En Kiziltepe, próxima a Mardin y con 220.000 habitantes, la gestora nombrada en diciembre de 2016 ordenó retirar la estatua erigida en homenaje a Ugur Kaymaz, un niño de 12 años acribillado por la Policía a tiros –su cuerpo tenía 13 impactos de bala-, junto a su padre, cuando ambos fueron confundidos con un comando del PKK mientras cargaban el camión con el que su progenitor se ganaba la vida.