AI denuncia que el acuerdo UE-Turquía es "una violación histórica de los DDHH"

“Los refugiados necesitan protección, no rechazo”, sentencia el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU tras el acuerdo firmado por la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo que institucionaliza las expulsiones de migrantes que hayan alcanzado Grecia irregularmente desde el país otomano. La UE convierte así la crisis de los refugiados en un peligroso intercambio de cromos.  Amnistía Internacional califica el pacto como una “histórica violación de derechos humanos”.

El objetivo del acuerdo UE-Turquía para expulsar a los refugiados que lleguen irregularmente a Grecia es acabar con la ruta del Egeo que desde 2015 ha utilizado casi un millón de personas para llegar a Europa. Sin embargo, sin alternativas legales y seguras, el flujo migratorio no cesará. Se buscarán nuevas rutas; el negocio de los traficantes seguirá creciendo y las vidas de los refugiados estarán en peligro de nuevo. Por eso Izquierda Unida califica el acuerdo de “criminal” y se plantea tomar acciones legales contra Mariano Rajoy y el resto del Consejo Europeo a quienes consideran cómplices de las muertes que este nuevo pacto supondrá.

Las devoluciones, un problema logístico y legal

El director de la Amnistía Internacional para Europa y Asia, John Dalhuisen, insiste en que la devolución sistemática de migrantes irregulares no es compatible de ningún modo con el derecho internacional, algo que ya apuntó ACNUR. Con su política, la Unión pone en juego el derecho a la protección internacional y sienta un peligroso precedente. El Alto Comisionado para los Refugiados insiste en que todo demandante de asilo tiene derecho a un examen individual y riguroso de su petición en Grecia, así como a reclamar en caso de rechazo. Algo que parece en peligro de aplicarse la política de expulsiones que la UE planea. A pesar de que el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y el del Consejo, Donald Tusk, han insistido en su legalidad, esta práctica violaría la legislación internacional, las convenciones de derechos humanos y parece a todas luces inviable teniendo en cuenta los problemas logísticos a los que Grecia se enfrenta desde hace meses.

Pero hay más. Para que las devoluciones a Turquía pudiesen ser consideradas si no moralmente aceptables al menos legales, éste debería ser un país seguro. Turquía ha estado directamente implicada en la guerra en Siria y es de este país devastado del que procede la mayor parte de los demandantes de asilo que alcanzan Europa. Muchos de ellos son además kurdos. Un pueblo al que Recep Tagyp Erdogan, presidente turco, persigue sistemáticamente por sus aspiraciones nacionalistas. Turquía no cumple además con la Convención de Ginebra y para convertirse en un país seguro deberá modificar su legislación. Algo de lo que incluso los firmantes del acuerdo parecen dudar pero no importarles. ACNUR insiste en que toda persona susceptible de protección internacional debe ver reconocidos además sus derechos laborales y sociales, algo en lo que el sistema turco presenta también notables carencias. Por si todo esto fuera poco, las violaciones de derechos humanos y libertades civiles en Turquía son constantes. Así y todo, la UE ha aceptado avanzar en el proceso de adhesión -aunque con menos concesiones de las esperadas por Ankara-, para asegurar el acuerdo con Erdogan. “Turquía no es un país seguro y cualquier proceso de devolución será defectuoso, ilegal e inmoral”, insiste Amnistía. Siempre y cuando el flujo cese, Bruselas mirará a otro lado, tal y como hizo durante años con Marruecos y Libia.

El acuerdo contempla además un sistema de reasentamiento desde Turquía, pero este programa solo tiene en cuenta a los demandantes de asilo sirios. De este modo, el pacto discrimina a los ciudadanos susceptibles de protección internacional de cualquier otra nacionalidad que también huyen de la persecución, la guerra y el terrorismo en Irak, Afganistán, Somalia o Eritrea. ACNUR insiste en que el sistema de reasentamiento de refugiados sirios desde Turquía no puede afectar al realojamiento de demandantes de asilo de otras nacionalidades que también necesitan protección. En cualquier caso, solo en territorio griego alrededor de 40000 personas se encuentran bloqueadas por el cierre de las fronteras. Si el sistema de reasentamiento que la UE planificó entre mayo y septiembre para su propio territorio no ha funcionado en absoluto, ¿por qué iba a hacerlo éste desde un país no comunitario? Varias organizaciones defienden que esta política no es más que la externalización de las fronteras por parte de la Unión. Así lo ha denunciado Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, que entiende que la Unión “está otorgando a Turquía el papel que desde hace años le ha concedido a Marruecos: ser el guardia de fronteras de la UE, mirando a otro lado cuando se violan los derechos humanos”.

La crisis humanitaria que viene

Las organizaciones advierten también del peligro de concentrar a todos los demandantes de asilo en Turquía. Un país que lleva meses sufriendo la presión migratoria de Oriente Medio y en el que se reparten en centenares de campos más de tres millones de personas. El acuerdo con Turquía incluye también un desembolso de 600 millones de euros en los próximos años, que el gobierno de Erdogan deberá justificar con una planificación de los programas en los que serán invertidos. Aurelie Ponthieu, asesora de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras, denuncia esta medida pues considera que "la asistencia humanitaria debe basarse en las necesidades y no en las agendas políticas”. La UE está pagando a Turquía para que impida que el flujo de refugiados hacia Europa continúe. El precio real de esta medida lo pagarán los propios refugiados con su vida. La primera ministra polaca lo advirtió en noviembre, la UE había decidido que la crisis de los refugiados no se resolvería en sus fronteras. Médicos Sin Fronteras concluye que "un plan cuyo objetivo es impedir que se siga buscando asilo sólo producirá más sufrimiento".

(*) Beatriz Ríos es periodista.