1.500 profesores denuncian en Turquía que la masacre de civiles kurdos es deliberada
Cerca de 1.500 profesores universitarios, fundamentalmente de Turquía, han salido al paso del silencio existente sobre las operaciones militares del Ejército y la Policía turca en varias ciudades kurdas con un llamamiento internacional para detener lo que consideran una “masacre deliberadamente planificada” por el Gobierno de Ankara contra la población civil.
El dramático llamamiento apareció hace una semana con 500 firmas que en la actualidad se han triplicado, incluyendo ahora 400 profesores pertenecientes a universidades de otros países. “Nosotros no vamos a formar parte de esta masacre permaneciendo en silencio y exigimos el cese inmediato de la violencia perpetrada por el Estado”, dicen los firmantes respondiendo a una iniciativa de la asociación Profesores por la Paz.
En su comunicado, afirman que la actuación del Ejército en las ciudades de Diyarbakir, Cizre, Silopi, Nusaybin, Silvan “y muchas otras ciudades y barrios de las provincias kurdas” supone “una violación de las leyes turcas y de los tratados internacionales de los que Turquía forma parte”, e insisten en que se trata de una masacre “deliberada y planificada” por el Gobierno.
A este llamamiento se ha sumado la Coalición contra la Impunidad, integrada en las principales organizaciones de Derechos Humanos de Turquía y las asociaciones de abogados de Batman, Sirnak y Diyarbakir, que acusan al Ejército de actuar con total impunidad y de utilizar contra la población civil armamento pesado y francotiradores.
Según estas asociaciones, al menos habrían muerto en la campaña de 'limpieza de terroristas' que se lleva a cabo desde el pasado verano 150 civiles, más de la mitad mujeres, niños y ancianos, es decir segmentos de población que, en principio, no estarían implicados directamente en los combates.
Entre las numerosas denuncias, figuran las de Osman Tekin, discapacitado físico de 50 años, muerto por un disparo en Cizre, y el caso de Hasan Yagmur, discapacitado psíquico, de 42 años en Nusaybin. También se han presentado denuncias por no haber permitido retirar los cuerpos de los fallecidos para realizar las correspondientes autopsias y las familias pudieran darles sepultura. Igualmente, confirman que al menos 1.300.000 personas se habrían visto afectadas por los sucesivos toques de queda y que varios cientos de miles habrían tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en otras zonas de Turquía.
La Asociación turca de Derechos Humanos, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, el Centro por la Verdad, la Memoria y la Justicia y el Encuentro Helsinki-Turquía, además de las citadas agrupaciones de abogados, exigen al Gobierno el fin de la impunidad, el castigo a quienes hayan violado los derechos elementales, que se informe de lo que está ocurriendo a la comunidad internacional y que se retomen las negociaciones para encontrar una salida al conflicto kurdo.
La Coalición contra la Impunidad coincide con los Profesores por la Paz en que, durante los periodos de toque de queda, se impide el suministro a la población de los servicios y alimentos básicos, lo que está haciendo aparecer el fantasma del hambre. Igualmente se denuncia que las personas heridas no son atendidas con la rapidez suficiente para salvar sus vidas.
Esto es lo que habría ocurrido con Seve Demir, Pakize Nayir y Fatma Uyar, tres jóvenes activistas kurdas que el 4 de enero intentaban escapar de la zona de combates en la ciudad de Silopi cuando fueron alcanzadas por disparos de los militares que se enfrentaban a las autodefensas vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). De acuerdo con los testimonios existentes, una vez heridas consiguieron llamar por teléfono para que les recogieran en ambulancia, advirtiendo que estaban perdiendo mucha sangre. Sin embargo, la ambulancia no fue autorizada a entrar en esa zona y cuando los cuerpos fueron finalmente llevados a la morgue, no se les podía identificar porque literalmente habían sido acribilladas a balazos.
Este hecho y el de los 12 jóvenes muertos el pasado domingo en la localidad de Edremit, cerca de la ciudad de Van, han aumentado la sospecha de que se están produciendo ejecuciones sumarias en vez de intentar apresar vivos a los supuestos guerrilleros. Según las denuncias realizadas por el Partido de la Democracia del Pueblo (HDP), varios de estos jóvenes tendrían un disparo en la cabeza, lo que indicaría que su muerte no habría ocurrido durante los combates sino tras el asalto a la casa donde se encontraban, tres de ellos cuando intentaban huir del lugar, quedando tendidos sus cuerpos en la nieve.
También considera que la muerte de estos jóvenes se trató, en realidad, de una ejecución sumaria, el grupo 'Madres por la Paz de Van', que se ha dirigido al primer ministro, Tayip Erdogán, a su mujer, Emine Erdogán, y al primer ministro, Ahmet Davutoglu, pidiéndoles que detengan esta cadena de muertes de soldados, policías y guerrilleros, además de realizar un llamamiento a las madres turcas y kurdas para romper el silencio ante esta barbarie. Pero Davatoglu ya les ha respondido, asegurando que las operaciones continuarán hasta acabar con todos los focos de resistencia.
