La revolución de Hong Kong busca nuevas fórmulas para reinventarse

El juego más descargado entre los jóvenes de Hong Kong que participan en la ocupación pro democrática se llama, como no podía ser de otra forma, Paraguas Amarillo. Se trata de una aplicación gratuita para móviles, desarrollada en sólo cinco días y con decenas de miles de descargas, con la que los chavales matan el tiempo libre que les deja la protesta jugando precisamente a eso: a la protesta. El escenario es una calle en la que los manifestantes defienden su territorio ocupado de policías, criminales de las triadas e incluso del primer ministro hongkonés, Leung Chun-ying, caracterizado como un lobo. Las armas para hacerlo: paraguas, incienso, dinero y frutas que pueden ser arrojadas para disuadir a los contrarios. “Si eres de Hong Kong y amas la democracia, juégalo”, dice uno de los usuarios que han valorado el producto con cinco estrellas.

La aplicación -no disponible en el resto del territorio chino- describe bien el espíritu combativo pero juvenil y pacífico que envuelve unas protestas históricas que ya han cumplido el primer mes y que no tienen visos de disolverse. El objetivo del movimiento, emprendido por los sindicatos de estudiantes y arropado por la organización Occupy Central, es exigir a China, país que controla la ex colonia británica, el sufragio universal en las elecciones de 2017. El detonante fue la decisión, a finales de agosto, por parte de las autoridades de Pekín de imponer un comité de notables con capacidad para vetar los candidatos a los comicios.

Pero, tras cuatro semanas de movilizaciones, la protesta se intuye estos días más desorganizada y desesperanzada. La ausencia de liderazgo y la magnitud del reto político ha llevado a los organizadores a desconvocar el referéndum online anunciado con el cual pretendían dejar en manos de los manifestantes el futuro del movimiento: el motivo fue la falta de consenso sobre qué consultar exactamente. La única ronda de conversaciones mantenida con el Gobierno hasta ahora, el pasado 9 de octubre, sólo arrojó una promesa por parte del Ejecutivo: presentar a China un documento que dé fe del malestar social, pero en ningún caso desafiar la decisión de Pekín.

El cofundador de Occupy Central, el profesor de Derecho Benny Tai, se dirigió tras semanas de silencio a los manifestantes en la marcha que conmemoró, en la noche del martes, el primer mes de protestas. “Primero debemos pensar cómo ganarnos el apoyo de la gente fuera de los lugares de protesta. Segundo, debemos pensar cómo consolidar lo que ya hemos logrado y cómo impulsar el movimiento democrático en Hong Kong”. No es una decisión fácil: con las autoridades locales empeñadas en secundar a Pekín, los manifestantes se quedan sin herramientas con las que imponer un cambio pacífico y democrático. Algunos han propuesto la disolución del actual Consejo Legislativo como punto de partida para un cambio futuro, pero dado que sólo la mitad de los cargos son electos -el resto son nominados- es muy posible que un cambio de composición no cambie las cosas.

El miércoles, el secretario general de la Federación de Estudiantes -una de las organizaciones convocantes de las marchas- Alex Chow lanzaba un órdago a las autoridades pidiendo que se les organice una reunión directamente con el primer ministro chino Li Keqiang donde exponerle sus demandas. La justificación de Chow es que, en la ronda de diálogo mantenida con la número dos del Ejecutivo hongkonés Carrie Lam, ésta señaló que no está en manos del Gobierno local cambiar el sistema electoral de la ex colonia. Por el momento, la voluntad negociadora de Pekín, que ha delegado la gestión de la crisis en el Ejecutivo de Leung, es simplemente ausente: es más, ha despojado de su cargo en el consejo consultivo político del Partido Comunista Chino a James Tien Pei-chun, el único representante del Partido Liberal -el mismo en el que milita el primer ministro- que ha osado pedir la dimisión de Leung.

La manifestación del martes fue de nuevo multitudinaria y los paraguas, símbolo del movimiento pacífico, volvieron a ser poner color a unas movilizaciones cuyas consecuencias –la parálisis de algunos distritos y el daño económico derivado de ello- molestan a una parte de la población. Para muchos, esa es la verdadera estrategia implantada en esta crisis por Pekín: dejar que sea la sociedad hongkonesa la que se rebele contra los manifestantes y los aisle socialmente.

El hecho de que las sentadas no se hayan disuelto pese a las órdenes de los tribunales, que las han declarado ilegítimas en dos distritos a petición de organizaciones de transporte afectadas por los cortes de carretera, pone a los manifestantes al borde de la legalidad. A ello se suman las acusaciones contra el movimiento pacífico prodemocrático, al que el Gobierno de Pekín intenta deslegitimar tachándolo de estar a sueldo de potencias occidentales como Estados Unidos.

La última consiste en cuestionar el origen de los fondos que manejan los responsables de Occupy Center: en concreto, cheques por valor total de 1,3 millones de dólares locales (unos 130.000 euros) recibidos por el reverendo Chu Yiu-ming, uno de los fundadores, y entregados al propio Benny Tai, quien los habría entregado a la universidad donde trabaja para cubrir los gastos ocasionados por las actividades de Occupy Central, incluida la convocatoria del referéndum democrático no vinculante que recabó un millón de apoyos el pasado verano. Tai asegura que el benefactor es un ciudadano “miembro del público”, “preocupado por la democracia” y cuyo nombre no puede ser revelado, a petición del interesado. Varios e-mails filtrados a la prensa revelan que al menos tres cheques fueron entregados a Tai, quien a su vez los cedió al programa de Opinión Pública de la Universidad de Hong Kong como donación anónima. El propio Chu admite haber donado 15.000 euros recolectados en una cena de cumpleaños que celebró con la idea de apoyar al movimiento, cifra que figura en los e-mails filtrados que pretenden ensombrecer la imagen de Occupy Central.

Nada que ver, por otro lado, con las sólidas acusaciones de corrupción que involucran al primer ministro del territorio, Leung Chun-ying, en la percepción de 5 millones de euros en comisiones ilegales recibidas de una firma australiana. En lugar de desmentirlo o pedir disculpas, el jefe del Ejecutivo afirma no haber hecho “nada malo, moral o legalmente”, aceptando la mordida de la empresa UGL.