Acusan al Gobierno de Turquía por las violaciones de menores en las cárceles

Un nuevo escándalo relacionado con la flagrante violación de los derechos humanos en Turquía ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno islamista de Erdogán. El principal grupo de la oposición, el histórico Partido Republicano del Pueblo (CHP), de orientación laica y socialdemócrata, ha acusado al Ministerio de Justicia de permanecer de brazos cruzados ante las denuncias de reiteradas violaciones y abusos sexuales de menores que, en aplicación de la Ley Antiterrorista, son tratados como adultos en prisión y mezclados en algunas cárceles con delincuentes comunes.

Según se ha conocido ahora, en el mes de junio del pasado año varios menores puestos en libertad en la cárcel de Pozanti, en Adana, relataron a la oficina que la Asociación de Derechos Humanos (IHD) tiene en la cercana Mersín lo que estaba ocurriendo en ese presidio.  Según su testimonio, los menores no solamente eran maltratados por los guardianes del centro, sino que también eran torturados, sometidos a abusos sexuales y violados por presos adultos con los que compartían celdas y galerías.

La citada delegación de la IHD remitió las denuncias a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento turco que, a su vez, envió una nota informando al ministro de Justicia, Sadullah Ergin. Al ver que el Ministerio no respondía a la requisitoria, se volvió a mandar una nueva notificación, con resultado igualmente negativo.

Ahora, siete meses después, cuando el escándalo ha saltado a la páginas de los principales periódicos, el Gobierno se ha visto obligado a enviar un equipo de investigadores que el 29 de febrero se cruzó en Pozanti con los parlamentarios enviados por el CHP. Tras constatar la existencia de denuncias semejantes, el Gobierno ha tenido que trasladar unos doscientos menores a otros centros penitenciarios, especialmente a la Prisión Juvenil de Sincan, en las proximidades de Ankara.

El verdadero problema estriba en que, debido a la modificación de la Ley Antiterrorista que realizó el Gobierno de Erdogán el año 2006, los menores comprendidos entre los 13 y los 18 años pueden ser procesados igual que los adultos en delitos relacionados con el terrorismo. A partir de entonces, cientos de niños y adolescentes han sido detenidos, juzgados y condenados a penas de prisión sobre todo por lanzar piedras contra la policía en manifestaciones convocadas por organizaciones kurdas que el Gobierno considera terroristas.

Esta situación ha sido denunciada por diversas organizaciones internacionales dedicadas específicamente a defender los derechos de los niños, incluidas las de la Unión Europea y la ONU, y se han puesto en marcha campañas denunciando estos cambios legislativos contrarios a la Declaración Internacional de Derechos de la Infancia, como la que exigía la libertad de Berivan Sayaca, una niña de 15 años encarcelada bajo la acusación de terrorismo por participar en una manifestación.

Una vez que el escándalo se ha hecho público, han comenzado a publicarse testimonios escalofriantes de adolescentes que, bajo el anonimato de sus iniciales, relatan el calvario por el que han pasado durante meses. Así, por ejemplo, H.K, que también tenía 15 años, ha contado que los presos comunes les obligaban a desnudarse y que después les forzaban haciéndoles cosas que “no se pueden explicar con palabas”. A la violencia sexual, se unía otra de carácter racista por ser kurdos: “Nos llamaban terroristas, nos golpeaban brutalmente y nos apretaban el cuello con una soga hasta que besáramos la bandera de Turquía”, explica este testimonio.

A.K, de 17 años, que también pasó por Pozanti, confirma esos abusos, añadiendo que la dirección del centro hacía oídos sordos a sus quejas. N.Y, que estuvo en la misma cárcel cuatro meses y medio cuando tenía 13 años, y S.A, de 17 años, repiten experiencias semejantes. T.T, que ahora tiene 20, dice que lo mismo le ocurrió en la cárcel de Kurkculer, a la que fue llevado tras ser detenido en una manifestación para, después, ser derivado a Pozanti, donde fue recluido en una galería de presos comunes. Cosas semejantes -según cuenta T.T.- ocurrían en otras galerías, en concreto en la A-5, B-1 y C-2. En ambas prisiones fue violentado, recibiendo, además, una comida podrida que, según sus palabras, ni los animales podrían digerir.

De acuerdo con la propia investigación realizada por el CHP, en la cárcel de Pozanti, de los 218 reclusos menores, 25 han denunciado el uso de la violencia contra ellos, abusos sexuales y violaciones. Responsables de la Asociación de Derechos Humanos consideran que la solución no es trasladarlos a otros centros y mucho menos tan alejados como los de Ankara, ya que estos menores quedan prácticamente aislados de sus familia puesto que viven a cientos de kilómetros de la capital de Turquía. Según Sami Yazici, de la oficina de IHD de Mersín, hay que ir al fondo del problema, “se supone que estos niños deben estar en la escuela y no en la cárcel”, además de reiterar que situaciones semejantes se producirán en otras prisiones. Para Vali Agbaba, del CHP, lo que ha ocurrido en Pozanti solamente es “la punta del iceberg”.