El «espíritu del 12 de Febrero» también naufraga en una Siria cubierta de sangre
Como han reiterado dirigentes de la oposición siria y algunos mandatarios internacionales, cualquier reforma que surja desde el actual Gobierno de Bachar al Asad nace muerta. En un país sumido en un baño de sangre por la represión, sus actuales dirigentes han perdido la legitimidad y cualquiera de sus propuestas resulta inviable. Pero lo que más ha sorprendido del anuncio realizado por Damasco coincidiendo con la leve condena de la ONU ha sido el uso generalizado del término “multipartidismo” por parte de los medios de comunicación, una palabra que, a simple vista, podría ser sinónimo o confundirse con el de democracia.
Pero, si se mira con lupa la ley aprobada por Bachar el pasado 24 de julio y anunciada el 4 de agosto, esta reforma tiene cierta semejanza con el llamado “espíritu del 12 de Febrero” del presidente Arias Navarro en los estertores del franquismo. Como entonces, hasta los partidarios de una reforma del régimen consideraron que aquel decreto no tenía más valor que un papel mojado. Obviamente, la gran diferencia entre ambas situaciones está en que, aun registrándose un repunte de la represión en esos años finales del franquismo, las calles de las ciudades españoles no se convertían un día sí y otro también en un baño de sangre.
Como en el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación promulgado en España el 23 de diciembre de 1974, los nuevos partidos que se creen en Siria deben respetar el marco jurídico establecido. En el último año de la dictadura franquista se trataba de los “Principios del Movimiento Nacional”. En lo que todo indica será el último año de la dictadura baasista, la actual Constitución, cuyo artículo octavo reserva al Partido Socialista del Renacimiento Árabe (Baas) el liderazgo de la sociedad y del Estado, igual que lo era el Movimiento Nacional en España.
Como en el “espíritu del 12 de Febrero”, la capacidad de admitir o rechazar los partidos se deja en manos de un nuevo organismo creado y nombrado por el régimen, en vez de pasar esa competencia a un órgano de jueces independientes. También existe una gran semejanza en la exigencia siria de que los nuevos partidos estén implantados, al menos, en la mitad de las provincias y tengan un mínimo de afiliados: 1.000 en el caso de Siria; 25.000 en la España de 1974.
La ley anunciada por Bachar, además, especifica que el número de afiliados de una provincia no podrá ser inferior al 5 por ciento de todos los miembros de la organización. La condición de que los militantes tengan más de 25 años deja, por otro lado, fuera de la participación política a buena parte de la juventud siria, verdadera protagonista de las actuales revueltas.
Pero en la ley siria todavía hay otra condición que recuerda a las de Arias Navarro y que la hace inviable aunque en Siria no hubiera un solo muerto: los nuevos partidos deben responder al “carácter nacional (árabe)” del país, exigiendo de forma explícita que no tengan vocación regional ni que respondan a una identificación étnica o religiosa.
Esta condición tiene una gran trascendencia en la actual situación de Siria, ya que cierra las puertas a las dos fuerzas políticas más significativas: los islamistas que sean capaces de recoger la herencia de la en otros tiempos poderosa Hermandad Musulmana, y los partidos kurdos, los mejor organizados hasta las actuales revueltas.
El caso de estos partidos kurdos es muy clarificador. Existen una docena de ellos, bien estructurados desde hace años, incluso en los duros periodos de total clandestinidad. Algunos han demostrado en varias ocasiones su fuerte implantación entre los dos millones de personas que componen esta comunidad en Siria. Estos partidos, aunque se han unido a las revueltas, mantienen su propia estrategia y actualmente buscan formar un plataforma unitaria.
Sin embargo, de acuerdo con la actual ley, no tienen ningún futuro debido a que sus objetivos regionalistas y autonomistas ponen, precisamente, en cuestión el carácter árabe del país. De la misma forma, casi ninguno de ellos puede cumplir la exigencia de tener implantación al menos en la mitad de las provincias con los porcentajes mínimos de militancia establecidos en la ley, ya que la población kurda se distribuye fundamentalmente a lo largo de la franja fronteriza con Turquía.
Como en el “espíritu del 12 de Febrero”, la propuesta de Bachar al Asad está al margen de la realidad y, por lo tanto, está llamada a pasar sin pena ni gloria hasta que una nueva Constitución elimine el papel hegemónico reservado al Baas y establezca de forma meridiana y cristalina la separación de poderes dentro del Estado. Aún resulta más esquizofrénica la exigencia a las nuevas formaciones políticas, que no deben tener grupos armados, de que respeten “la Declaración Universal de los Derechos Humanos” cuando los potenciales afiliados de esos partidos caen como moscas bajo los disparos, no solo de soldados y policías, sino también de bandas de paramilitares del Baas.
