Irán inicia el año ejecutando un preso cada ocho horas

“Borrachera de ejecuciones”; así califica la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán a las dos primeras semanas de este año, en las que la República Islámica habría ejecutado a 47 presos por diferentes delitos. Según el significativo promedio realizado por esta organización, esta cifra equivale a más de tres presos por día y, por lo tanto, a una ejecución cada ocho horas.

De esta forma, Irán se consolida en su macabro liderazgo como el país con más ejecuciones “per cápita” del mundo y el segundo, solo después de China, en cifras absolutas. Esta campaña, aprovecha el cómputo realizado para hacer un llamamiento al Parlamento y a la Judicatura iraníes para que declare de forma inmediata una moratoria en la aplicación de la pena de muerte y para que permitan una supervisión independiente de los procesos seguidos en las penas capitales aun por ejecutar, dadas las evidencias de las irregularidades jurídicas cometidas en los mismos.

Citando de forma genérica noticias difundidas por los medios de comunicación, los responsables de la citada campaña informan que Irán inauguró el año con siete ejecuciones en la ciudad de Kermanshah el día 1; el cinco de enero fueron nada menos que 16 las personas ahorcadas en Ahwaz, después hubo otra en Asfaryan el día 8, otras ocho en Qom el 9, siete en Teherán el 12, cinco en Khorramabad el 13 y dos en Borujerd el 14 de enero.

El último preso llevado al patíbulo fue Hosein Khazri, ahorcado en la ciudad de Urmie el pasado sábado, día 15 de enero. Khazri, un joven de 30 años, fue condenado a la pena capital por ser “mohareb”, es decir “enemigo de Dios”, y por poner en peligro la seguridad del Estado islámico, aunque en realidad, los delitos que se le atribuyen están vinculados al PJAK, un activo grupo armado kurdo.

De acuerdo con el comunicado emitido, Khazri, antes de su ejecución, envió una carta a diferentes organizaciones internacionales negando los delitos que se le imputaban y acusando, a su vez, a miembros del Ministerio de Inteligencia y de los Guardianes de la Revolución de haberle torturado en la cárcel. También argumenta la Campaña por los Derechos Humanos en Irán que el aumento de ejecuciones está “orquestada” por los servicios de inteligencia y que, en el caso del problema kurdo, la pena de muerte se está utilizando como un instrumento más de represión política, habida cuenta de las constantes irregularidades, como ausencia del abogado defensor o falta de pruebas, constatadas.

A continuación, cita otros 15 presos kurdos que se encuentran en el corredor de la muerte: Zeinab Jalilian, Shirko Moarefi, Rostam Arkia, Mostafa Salimi, Anvar Rostami, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agushi, Ahmad Puladjani, Sayed Sami Huseini, Sayed Yamal Moahmedi, Hasán Talei, Iraj Mohamadi, Mohamad Amin Abdolahi, Gader Mohamazadeh y Habibolah Latifi.

De forma especial, el llamamiento de esta organización no gubernamental se refiere a la situación de Habibolah Latifi, cuya ejecución, prevista para el pasado 26 de diciembre, fue suspendida en el último momento. Latifi, un estudiante de la Universidad de Ilam, fue detenido el 23 de octubre de 2007 en Sanandaj, cuyo Tribunal Revolucionario le condenó a ser ahorcado por participar en un atentado contra el Fiscal General de esta región y en el ataque a una comisaría, cargos que Latifi rechaza porque en el momento en que ocurrieron no vivía en Sanandaj.

El PJAK (Partido por una Vida Libre en el Kurdistán) es una guerrilla que reclama el derecho al autogobierno no solo de los nueve millones de kurdos que viven en Irán sino también de los azeríes, baluches, turcómanos y árabes en el marco de un Irán democrático que garantice la libertad de asociación y de opinión. Tras conocerse la noticia de la ejecución de Hosein Khazri, el PJAK ha prometido dar “una dura respuesta” que hará al régimen iraní lamentarse de haberle ejecutado.