David Cameron, primer ministro del Reino Unido, está dispuesto a declararle la guerra a los servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp después de los atentados terroristas que sufrió Francia durante la semana pasada. El líder conservador no quiere que en su país puedan funcionar sistemas de comunicación que cifren los mensajes de los usuarios y que no permitan el acceso de las autoridades a las conversaciones en caso de que fuera considerado necesario para la seguridad nacional, como sí puede hacerse en la actualidad con los correos electrónicos o las llamadas telefónicas.
Cameron se ha mostrado inflexible: “No podemos permitir una situación así” y ha señalado que llevará la medida como bandera en su programa electoral de cara a las elecciones del mes de mayo.
Si gana las elecciones, el partido conservador impulsará una medida que, en palabras de Cameron, “garantizará que los terroristas no dispongan de un lugar seguro para comunicarse entre ellos”. Pero, además, la nueva legislación daría más poder a los servicios secretos británicos para poder espiar las conversaciones de carácter privado para prevenir casos de terrorismo. “El primer deber de cualquier Gobierno es proteger al país y a los ciudadanos”, ha señalado Cameron.
La medida afectaría a Telegram, Snapchat o iMessage, sistemas de mensajería instantánea que se caracterizan por el cifrado de sus comunicaciones pero, de llegar a aprobarse, también supondría el cierre de WhatsApp.
La aplicación, propiedad de Facebook, cambió sus sistemas de seguridad el pasado mes de noviembre precisamente para incorporar el cifrado de los mensajes, una medida reclamada históricamente por muchos de los 700 millones de usuarios que posee el servicio.
El cambio en la privacidad de la aplicación fue ampliamente aplaudido por los usuarios, muchos de los cuales habían migrado a otros servicios como Line o Telegram en protesta por la inseguridad que percibían en sus conversaciones, que podían ser interceptadas de manera fácil. Sin embargo, es precisamente este movimiento el que incomoda al gobierno británico, ya que impide el acceso a las charlas privadas incluso en situaciones en las que actualmente el Secretario de Estado lo requiera.
Según ha reconocido Cameron, los atentados yihadistas ocurridos en París hace unos días “han demostrado la escalada de la amenaza terrorista y la necesidad de que las agencias de inteligencia tengas más competencias en materia de seguridad para mantener a nuestra gente a salvo”.
El hecho de que en el país la actual legislación que regula las comunicaciones privadas expire en 2016 obliga al próximo gobierno entrante a aprobar una nueva normativa. La postura de los conservadores ha quedado clara con las declaraciones de Cameron, pero no es la primera vez que Reino Unido se plantea bloquear las comunicaciones cifradas. Durante las revueltas que se produjeron en el país durante el verano de 2011 el propio James Cameron ya planteó la posibilidad de cerrar el chat de BlackBerry, al que se consideró vehículo principal utilizado por los jóvenes para movilizarse y llevar a cabo las violentas propuestas que asolaron Londres y las principales ciudades del país.
En aquel entonces BlackBerry Messenger era el sistema de mensajería instantáneo más utilizado y el único que cifraba las comunicaciones. Sin embargo, también se llegó a plantear el bloqueo de redes sociales como Facebook o Twitter en caso de que fuera necesario para garantizar la seguridad nacional. Finalmente, ninguna de las medidas planteadas fue llevada a cabo.
¿Cuál es la postura del ejecutivo español?
La posibilidad de acceder a las comunicaciones privadas que mantienen los ciudadanos es un tema que ha suscitado polémica desde que Edward Snowden revelase que tanto el gobierno de Estados Unidos y el del Reino Unido contaban con programas organizados de espionaje.
El presidente norteamericano, Barack Obama, ha autorizado en ocasiones a sus servicios secretos para que aprovechasen “agujeros” en la red y pudieran tener acceso a mensajes cifrados con el objeto de proteger la seguridad nacional.
¿Cuál es la postura del ejecutivo español al respecto? El gobierno que preside Mariano Rajoy no se ha pronunciado. El último movimiento que realizó – o más bien, que no realizó- tuvo lugar este verano cuando se negó a solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos que elaborase un informe sobre la privacidad que WhatsApp ofrecía a los usuarios españoles, en respuesta a una petición planteada en el Congreso por UPyD.
En aquel entonces los mensajes de WhatsApp todavía no eran cifrados, pero el gobierno señaló que los servicios que presta la aplicación ya están suficientemente regulados en materia de privacidad al estar sujetos a la legislación española y comunitaria. Ahora la situación parece haberse dado la vuelta y ya no se cuestiona la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos sino la seguridad nacional. Sin embargo, el Gobierno mantiene la misma respuesta.
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