Victor Domingo: «La ‘tasa Google’ ha puesto a España al pie de los caballos en el mundo digital y global»

Después de todo el revuelo que generó el cierre de Google News en España el pasado 16 de diciembre, motivado por la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ésta entró en vigor casi sin hacer ruido el pasado 1 de enero. Lo hizo casi en su totalidad, pues algunos puntos, como el incremento del importe de las multas para luchar contra la piratería, estarán vigentes a partir de mañana.

La normativa, según ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, no supone nada más que el inicio de una reforma “más profunda” que se desarrollará el Gobierno antes de que finalice la actual legislatura. A pesar de que el compromiso del ejecutivo es llevar a cabo modificaciones “de mayor calado”, según Wert, gran parte de la ciudadanía ha reaccionado de forma contraria a las primeras reformas ante lo que se considera una ley que traerá graves consecuencias para el desarrollo de la cultura y de Internet en España.

Pero… ¿cómo nos afecta la nueva Ley de Propiedad Intelectual? El texto incide sobre varios aspectos. Uno de ellos es la puesta en marcha de la denominada “tasa Google”, que supone que los agregadores de noticias en Internet deban compensar económicamente a los editores por la supuesta explotación de sus contenidos. Mientras algunos de ellos reclaman su derecho a decidir si cobran o no este canon, colectivos como la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) exigen la aplicación para defender la autoría de los contenidos que publican.

Google News cerró definitivamente en España 14 días antes de la entrada en vigor de la reforma y durante esas dos semanas otras páginas web como Niagarank o InfoAliment también han dejado de existir por la aplicación del también llamado canon AEDE. Otras, como Meneame, se plantean el cierre.

“Al cerrar Google News, la ley queda rabiosamente herida porque se ha perdido el objeto de la misma. Pero sus consecuencias son imprevisibles porque otras páginas han cerrado también y muchas otras se están planteando hacerlo o restringir sus servicios, lo que provoca una inseguridad jurídica generalizada sobre cómo se pueden utilizar los enlaces en Internet. En definitiva, la reforma es uno de los despropósitos que han puesto la Marca España a los pies de los caballos en todo el mundo digital y global”, señala Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), a Cuarto Poder.

Pero la aplicación de la “tasa Google” es sólo una de las consecuencias de la reforma –insistimos, inicial- de la normativa, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados sin consenso entre los distintos partidos, sólo con los votos de los miembros del Partido Popular. “La Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Gobierno del PP está hecha a costa del desarrollo de la Sociedad de la Información y al margen de esta. En vez de intentar adaptar la realidad al progreso, como debe hacer siempre el derecho, sigue el empeño de adaptar el progreso a un concepto puramente lucrativo de determinada industria de la cultura. Porque en definitiva lo que establece es la universalización del pago del canon digital, la limitación del concepto de copia privada y la criminalización del enlace”, apunta Domingo.

Respecto a la copia privada la Ley exige la autorización del autor para explotar una obra, algo que es lógico, pero señala que para realizar una copia privada se debe estar ante el soporte original. Esto resulta inviable en la era de Internet. “Una cosa sería exigir que se haga la copia a partir de una copia licenciada, es decir, que cuente con la autorización del autor para ser difundida en el mercado, pero ¿del soporte original? ¿acaso iTunes cuenta con los soportes originales”, puntualiza el presidente de la AI.

Incluso la Comisión Europea ha mostrado su desacuerdo con el canon por copia privada que establece la nueva normativa, que lo universaliza y lo cobra a través de una partida directamente de los Presupuestos Generales del Estado, lo que presupone que se realiza en todo momento la copia privada del soporte original, en lugar de aplicar el canon a las copias que el autor ofrece en el momento de su venta. “Se sigue cobrando por todo, hagas copia o no, seas persona física o jurídica, pagar lo pagas”, sentencia Domingo.

La nueva legislación también satisface la petición que realizó el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y a partir de ahora limita a 10 el número de veces que una obra se puede reproducir de forma libre para uso académico o científico y se establece una “remuneración equitativa” por obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente, con fines educativos, y que terminarán pagando los centros educativos.

“Es decir, los alumnos. Su importe será negociado por las entidades de gestión, así como la forma de pago y demás condiciones. ¿Si eres amigo de un político se estudiará tu obra y te forrarás a cuenta de este desaguisado?”, señala Víctor Domingo.