La destrucción de los discos duros, una chapuza técnica, legal y política del PP

Hace años, en una visita a los laboratorios de Recovery Labs, una empresa especializada en investigaciones informáticas forenses, uno de sus técnicos (perdón, no recuerdo su nombre) aseguraba que "la mejor forma de borrar un disco era fundiéndolo". Se desconoce si el Partido Popular llevó los discos de los ordenadores portátiles que usó Luis Bárcenas a una incineradora o los arrojó debajo de una apisonadora. Pero, se le pregunte a quién se le pregunte, su destrucción es técnica, legal y políticamente una chapuza.

Existen cuatro sistemas principales para inutilizar la información almacenada en un disco duro magnético como los que llevan los ordenadores. Una es el simple formateo del disco, donde los datos no desaparecen pero son de difícil recuperación para un usuario medio. Pero si lo que se busca en un borrado seguro existen otras tres opciones. Una de ellas es la desmagnetización del disco mediante la exposición del mismo a un potente campo magnético. Otra es la sobreescritura sobre los datos anteriores. Su nivel de seguridad aumenta con cada pasada. Por último, está la opción más drástica, la destrucción física del dispositivo mediante aplastamiento, fusión, desintegración o incineración, lo que obliga a contar con el concurso de una empresa especializada.

"La destrucción física es la opción más segura pero tienes que hacerlo bien", dice el ex inspector jefe del grupo de cibercrimen del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Carlos Ruiloba. "Pero lo habitual en las empresas es realizar un simple formateo", añade el ahora responsable de la empresa de informática forense y pertitajes informáticos, SIT1. "Para sobreescribir un disco de 500 gigas con siete pasadas necesitas varios días, el formateo lo haces en 10 minutos", explica.

En la documentación entregada por el PP al juez Ruz junto a lo que quedaba de los ordenadores, se recoge el procedimiento de borrado seguro seguido por los populares con los equipos que usa su personal. En general, se obliga a la sobreescritura del soporte. Pero, si se trata de un alto cargo del partido o la información almacenada en el disco, circunstancias que se daban en el que fuera tesorero del PP, la directriz exige primero la sobreescritura hasta en 35 ocasiones, después  el desmontaje, rayado y destrucción física de las distintas capas del disco.

"Nuestra práctica y consejo es conservar los discos de forma segura", sostiene Ruiloba. Y da muchos argumentos. "Primero, si contienen información confidencial, la tienes que salvaguardar con una copia de seguridad. Nadie destruye algo que puede ser un activo de la empresa", añade. Para él, lo más importante es, sin embargo, colaborar con la justicia si hay un pleito de por medio. "Si un trabajador o ex trabajador tuyo está inmerso en un caso judicial, lo mínimo que debían de haber hecho es consultar al juez si podían destruirlos", opina.

Aunque un juez determinara que los dos ordenadores, un Apple y un Toshiba, eran del PP y no de Bárcenas, el Partido Popular no podía ignorar que frente a su sede en la calle Génova de Madrid, a apenas 30 metros, está la Audiencia Nacional donde el juez Ruz investiga a su ex empleado Luis Bárcenas.

"Este borrado de datos es muy susceptible de encajar en las figuras de encubrimiento u obstrucción a la Justicia", mantiene el abogado especializado en delitos informáticos, Carlos Sánchez Almeida, de Bufet Almeida. La clave, para él, es que, con destrucción o no, debía existir una copia de seguridad de la información. La chapuza se tornaría en esperpento si se pudiera determinar que buena parte de los datos que almacenaban los disco era información personal de Bárcenas. "Si fuera así el PP habría cometido un delito de daños informáticos recogido en el artículo 264 del Código Penal", añade el abogado catalán.

La chapuza se repite cuando, en su escrito explicando la destrucción de los discos duros, el PP hace referencia a la guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información del organismo estatal Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la legislación sobre protección de datos en la que, dicen, se han basado para diseñar su procedimiento de borrado seguro. El problema aquí es que las medidas que exige la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que la desarrolla no amparan la actuación del PP.

El borrado del disco de un ordenador para que lo pudiera seguir usando otro empleado del PP no tiene nada que ver con la legislación sobre privacidad. La Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y su reglamento sirven para lo que dicen, proteger los datos de carácter personal, en este caso los de Luis Bárcenas, no la información del partido.

"Por el principio de calidad de los datos, recogido en la Ley y su reglamento, el PP está obligado a conservar una copia durante cinco años a disposición de los jueces y tribunales", explica el abogado especializado en  protección de datos, David González, de NT Abogados. Y si no son datos personales y sí del PP, presumiblemente su contabilidad, tampoco pueden borrarla sin más. "En una empresa con política de seguridad, la norma es el borrado pero siempre y cuando esa información tenga una copia de respaldo", añade el abogado.

A la chapuza técnica y legal se une la política. Con esta acción, el PP se ha disparado en el pie y ya hay abogados de las acusaciones particulares que piden a Ruz que investigue la destrucción de los discos duros. Y todo ello sin olvidar que el propio Bárcenas tiene el disco duro original del Apple y conserva un pendrive del Toshiba. Porque sepa usted, señor vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, que aunque este portátil sea viejo y no tenga puerto USB, sí tenía tarjeta PCMCIA y en eBay, por ejemplo, se puede comprar un conversor PCMCIA to USB por unos euros. Así que Bárcenas no tenía porqué mentir cuando decía al juez que en ese pendrive USB tenía los datos del disco duro que ahora ha destruido el PP.