Francia estudia gravar a las tecnológicas por beneficiarse de los datos de los usuarios

El Gobierno francés parece que ha encontrado el medio para que las grandes empresas de internet, todas estadounidenses, paguen más impuestos allí donde consiguen sus beneficios. Ante la ingeniería fiscal que practican estas compañías, que se llevan las ganancias a países con una fiscalidad más favorable, incluso consiguiendo declaraciones negativas a pesar de facturar miles de millones de euros, Francia estudia imponer una tasa sobre la principal fuente de sus ingresos: los datos personales de los ciudadanos.

En los últimos meses, los principales Gobiernos de Europa, azuzados por la crisis económica, han puesto los ojos en las empresas tecnológicas. Durante años, compañías como Google, Facebook, eBay, Amazon o Apple han venido aprovechando la legislación internacional para practicar lo que llaman optimización fiscal. Tras el eufemismo se esconden varios mecanismos para pagar lo menos posible en el Estado donde operan, desviando incluso dinero a paraísos fiscales. Pero el más importante y completamente legal es el establecimiento de la sede en un país con un sistema impositivo más ventajoso. En el ámbito europeo, Irlanda es la preferida de las tecnológicas. Allí es donde pagan el impuesto de sociedades. Esto hace, por ejemplo, que la filial de Google en España haya declarado pérdidas en los dos últimos ejercicios, a pesar de haber ingresado 38,3 millones de euros en 2011.

Sin embargo, el Gobierno del socialista François Hollande se ha propuesto que las cosas cambien. En julio pasado encargó un informe sobre la fiscalidad de la economía digital. Sus conclusiones (PDF, en francés) acaban de hacerse públicas y no van a gustar en Silicon Valley. Los autores, un consejero de Estado y un inspector de la Hacienda gala, sostienen que "la economía digital es portadora de progreso pero está sometiendo a un duro calvario a las economías de los grandes Estados industrializados". Esto se debe en parte a que, como constatan, uno de los rasgos comunes a todas las empresas globales de la economía digital es "el reducido nivel de cargas sobre sus beneficios". De seguir sin hacer nada, el progresivo avance de lo digital por todos los sectores de la economía dejará a los Estados sin recursos claves para su recuperación.

Para frenar lo que los autores definen como "espiral mortífera", proponen recuperar el poder de gravar los beneficios de las empresas digitales allí donde los obtienen. Para ello, habría que reformular el marco internacional del impuesto de sociedades. Aunque el Gobierno francés se ha comprometido a llevar la idea a las reuniones de la OCDE, G20 y donde haga falta, un vuelco de la fiscalidad como este tomará su tiempo.

Por eso, apuntan otra medida doméstica y que es la propuesta más original del informe: "crear una fiscalidad ligada a la explotación de los datos del seguimiento regular y sistemático de la actividad de los usuarios del territorio". Sin lo que saben de los internautas o sin el contenido que éstos elaboran, Google, eBay Facebook y, en menor medida aquellas empresas que fabrican algo tangible, como Apple o Amazon, no serían nada. Son los datos de sus usuarios los que les hacen ganar dinero. Son ellos los que ponen el valor añadido.

El informe alumbra una idea muchas veces olvidada. "Los datos, en particular los datos personales, están en el corazón de todos los modelos de negocio de la economía digital", dice el informe. Google se ha impuesto en el mercado de los buscadores apoyado en sus propios usuarios. Amazon está acabando con las librerías gracias a que exprime las opiniones de sus clientes y el histórico de compras para sugerir nuevos libros y Facebook hace dinero con los contenidos que ponen en su página mil millones de personas. Es lo que los autores del informe llaman "trabajo gratuito".

Por eso, plantean la necesidad de imponer una tasa a las tecnológicas fundamentada en que sin los usuarios, en este caso franceses, aportando a la cadena de valor, estas grandes compañías no lo serían tanto. El informe reconoce la dificultad de aplicar este impuesto. No todos los datos tienen el mismo valor económico y tampoco la cantidad de ellos es indicador de los beneficios que se pueden obtener con su explotación. Pero proponen una especie de tarifa unitaria por usuario rastreado, estimando el valor de aquel trabajo voluntario.

La propuesta se completaría con algo casi igual de ambicioso. A largo plazo, la transferencia de beneficios fuera del país debería estar sujeta a un cálculo previo del porcentaje que los datos y actividad de los usuarios (en forma de contenidos)  han supuesto en esas ganancias. Las empresas tecnológicas extranjeras tendrían que tributar en Francia por esa cuota de los beneficios que han obtenido gracias a ciudadanos franceses.

Aunque un impuesto sobre la recogida y uso de los datos podría provocar una comercialización aún más extrema de ellos, como escribe el abogado especializado Jorge Campanillas, el informe ofrece una solución para nacionalizar y recuperar parte de lo que las empresas globales de internet consiguen con nuestra información.