Cámara oculta, periodismo barato

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado "ilegítimo" el uso de cámaras ocultas en la denuncia periodística ha reabierto una brecha en la profesión entre los que defienden su uso como herramienta imprescindible para la investigación y quienes ven en esta práctica un grave déficit ético que las hace poco recomendables para la prensa o sólo aprovechables en casos extremos. El TC cree que su uso no justifica en ningún caso la intromisión en la intimidad del investigado ni la vulneración del derecho a su propia imagen, ni siquiera en los casos en que la historia pueda contar con cierta relevancia informativa.

No es un debate nuevo ni exclusivo de España. Hace casi una década, tras la aparición de varias sentencias sobre el uso de cámaras ocultas en medios estadounidenses, Bob Steele, profesor del Instituto Poynter, organismo dedicado a la investigación y la enseñanza del periodismo, elaboró una completa lista de condiciones que deben cumplir el engaño y la cámara oculta para ser considerados legítimos en una investigación periodística:

• Cuando la información obtenida sea de gran trascendencia. Debe ser de un interés público vital, como revelar un gran "fallo del sistema" en las alturas o prevenir un grave daño a los individuos.
• Cuando todas las alternativas para obtener esa información hayan sido agotadas.
• Cuando los periodistas implicados estén dispuestos a revelar la naturaleza del engaño y sus razones.
• Cuando los individuos implicados y sus empresas informativas busquen la excelencia a través del trabajo sobresaliente y se comprometan a emplear el tiempo y la financiación necesarios para llegar hasta el final de la historia.
• Cuando el daño evitado por la información revelada a través del engaño sobrepase cualquier otro daño provocado por el hecho de engañar.
• Cuando los periodistas involucrados hayan mantenido una reunión seria, colaborativa y deliberativa sobre los problemas éticos y legales.

Criterios que no justifican el engaño:

• Ganar un premio.
• Batir a la competencia.
• Conseguir la historia con menos tiempo y recursos.
• Hacerlo porque "otros lo hacen".
• La materia objeto de la historia es en sí misma carente de ética.

Resulta difícil contener la sonrisa al leer las condiciones de uno y otro grupo y reconocer en ellas -sobre todo, para mal- muchos programas de cámara oculta que han desfilado por las parrillas televisivas. La lista de Steele es más prolija y práctica que los cuatro solemnes principios de la doctrina manejados por el TC (veracidad, objetividad, interés general y propósito esencialmente informativo) y sirve para identificar con más facilidad el verdadero criterio que se esconde tras la mayoría de estos programas: conseguir una historia con menos tiempo y menos recursos. Punto.

Usar cámara oculta es servirse del atajo, del camino fácil, y obviar el trabajo minucioso, constante y a largo plazo de un profesional de la prensa. Este invento audiovisual pasó a formar parte desde su nacimiento del grupo de tecnologías que podrían haberse usado para llegar más lejos pero fueron utilizadas, simplemente, para sustituir lo que había y ahorrar costes. De hecho, la misma existencia de una sección de investigación en un medio supone también un importante ahorro y el fracaso de una práctica -investigar- que debería ejercerse en todas las secciones y no estar recluida en dos mesas y cuatro periodistas. Unos periodistas que, para colmo, son los segundos, tras los corresponsales, en la lista de prescindibles de la prensa en su situación actual de crisis profunda. Porque investigar es caro, como el buen periodismo, y hoy ni se estila lo caro ni el buen periodismo.

De no haber sido prohibidas por el TC, lo más probable es que estas investigaciones de cámara oculta hubieran servido, como hasta ahora, para acorralar a cuatro desgraciados a quienes muy bien se podría haber pillado de otro modo, y no para desvelar los tejemanejes de altos despachos donde se cuecen decisiones de mucha más relevancia en nuestras vidas. Pero aplicar un decálogo similar al de Steele habría ayudado a la profesión a reconocer y atajar las intenciones pseudoperiodísticas y evitar así intromisiones de otras instancias superiores, tal vez más preocupadas en dar un castigo ejemplar ante tanto desmán televisivo que en facilitar el trabajo del cuarto poder. La decisión del TC parece, al  mismo tiempo, causa y consecuencia del estado de esta profesión, en horas bajas y a la que todo el mundo parece querer aleccionar y poner límites.

Por cierto, ¿invalidaría el Tribunal Constitucional una investigación con cámara oculta que destapara un hipotético caso de corrupción en el Tribunal Constitucional?