Sólo un tercio de los países occidentales considera internet como un derecho
"Internet debe seguir siendo libre y el acceso debe ser considerado un derecho humano", dijo la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatović, la semana pasada. Aunque la OSCE es una organización venida a menos, o quizás por ello, aún es capaz de denunciar alguno de los atropellos que protagonizan sus 56 países miembros. En su último informe revela que la gran mayoría de los estados que la forman no consideran el acceso a internet como un derecho tan humano como el de la libertad de expresión. En unos tiempos donde la red se ha convertido en la puerta al conocimiento, el estudio muestra que los gobiernos son una de sus mayores amenazas.
En sus 233 páginas, el informe Libertad de Expresión en la Red (PDF) analiza el marco legal y la praxis de este derecho en internet, en particular lo que están haciendo los estados miembros de la OSCE. Sus conclusiones son muy negativas. De los cuatro aspectos analizados, el acceso, la regulación del contenido que circula por las redes, su bloqueo o filtrado y el régimen de responsabilidad, se puede concluir que los estados, quizá por su propia naturaleza, apuestan más por los deberes que por los derechos, más por el control que por el libre flujo de la información. Como dice en la introducción: "Cada vez que ha aparecido una nueva plataforma de comunicación, su innovación y su uso han sido recibidos con escepticismo, miedo o prohibición por parte de los poderes establecidos y autoridades que temían a un medio desconocido y su capacidad para derrocarles". Y eso está volviendo a pasar, ahora con internet.
Ese miedo puede explicar que muy pocos estados hayan legislado para considerar el acceso a internet como un derecho. Aunque que más del 60% de los ciudadanos de la zona OSCE son usuarios de Internet, sólo el 30% de los Estados participantes afirmaron que reconocen el acceso a internet como un derecho humano básico o implícito en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Es más, el 12% de los Gobiernos reconocen que restringen el acceso, en la mayoría de los casos argumentando razones de seguridad del Estado.
Otras de las razones aducidas para coartar este derecho son los loables objetivos de combatir la pederastia, la protección de la salud pública o la difusión de mensajes racistas o promotores del odio. También los hay que aplican restricciones para defender la propiedad intelectual. Sin embargo, el informe alerta de que por esas puertas abiertas puede colarse una especie de autoritarismo en la red. Con la excusa de combatir el delito, los Estados tendrían la tentación de coartar las libertades. Sólo Finlandia y Estonia han promulgado leyes que, específicamente, consideran el acceso a internet como un derecho fundamental a preservar.
El informe se detiene en una de las medidas para regular el contenido que podrían provocar más daños de los que pretenden evitar. Se trata de las distintas formulaciones de la ley de los tres avisos o respuesta graduada que algunos países han implantado o están en camino de hacerlo. Este procedimiento, estrenado por el Gobierno francés, pretende disuadir a los internautas de compartir archivos sujetos a derechos de autor mediante la amenaza de la desconexión de su ADSL. Francia publicó esta semana su primer informe desde que, en octubre pasado, entrara en funcionamiento el mecanismo. Desde entonces, las entidades de gestión de derechos de autor han rastreado un millón de direcciones IP (las que identifican a un ordenador en la red) que han participado en este intercambio de archivos. El Reino Unido y más recientemente EEUU han diseñado sistemas similares.
Pues para los autores del informe este mecanismo es rechazable tanto por sus consecuencias prácticas como desde un punto de vista ético. Por un lado, la importancia que ha adquirido internet en las tareas cotidianas de la vida hace que una sanción de desconexión coarte el desenvolvimeinto de la persona. Además, esta interferencia en el libre flujo de la información es, para los autores, una medida desproporcionada. "El acceso a Internet debe ser reconocido como un derecho humano y por lo tanto los mecanismos de respuesta graduada que puedan restringir el acceso de los usuarios de internet deben ser evitados por los Estados miembros de la OSCE", dice el informe.
Otro de los aspectos que trata la obra es el complejo concepto de la neutralidad de la red. Simplificando, se puede decir que su máxima sostiene que todos los datos deben ser tratados iguales. En los últimos años, las grandes operadoras, con la excusa de que deben gestionar un bien escaso como es la capacidad de sus redes, han empezado a dar prioridad o mejor conexión a determinados servicios o clientes. Así, las conexiones P2P de intercambio de archivos (que dicen que saturan sus redes) o la telefonía IP con programas como Skype (que le comen parte del negocio) se han visto en muchas ocasiones ralentizadas o directamente bloqueadas en detrimento de otros datos de los que las operadoras sí obtenían un beneficio. Internet, que nació por definición de los científicos e ingenieros que la crearon, libre e igual va camino de fracturarse en clases.
Para evitar ese riesgo, la única manera que ven los autores del trabajo de la OSCE es que los Estados levanten un muro de leyes contra el poder de las operadoras. Sin embargo, sólo Finlandia ha legislado en favor de la neutralidad de la red y, más recientemente Holanda.
Lo extraño de este informe es que sus duras conclusiones y hasta acusaciones se basan en una batería de preguntas que enviaron a todos los Gobiernos y que respondieron 46. Esta autoinculpación solo puede explicarse por la escasa relevancia que los Estados dan a una organización que nació para tender puentes a ambos lados del Telón de Acero, en plena Guerra Fría, y que ha quedado para hacer informes tan duros como irrelevantes, al menos para los poderosos.
